EDITORIAL
En buena hora el gobierno federal dispuso un plan de ayuda para la zona de Guerrero golpeada por el huracán Otis. Es la expresión material de que el Estado mexicano sale en auxilio de los damnificados y que envía un mensaje de certidumbre para la población.
Sin embargo, el plan sólo es una respuesta en la emergencia. Una revisión de sus 20 puntos muestra que una parte son acciones humanitarias urgentes, como la búsqueda de desaparecidos; otra es la entrega anticipada de subsidios sociales ya previstos o la ampliación de los mismos programas.
Una porción más es de alivios crediticios y fiscales, préstamos blandos, ayuda directa para las familias y reparaciones a la infraestructura.
La calificadora Fitch calcula que los daños rondan los 16 mil millones de dólares, casi cinco veces más el valor del plan oficial. Pero no se trata sólo de reponer lo perdido. Falta un programa de reconstrucción integral, para lo cual es indispensable tener una idea clara sobre cuál puede ser el futuro plausible de Acapulco, de su industria turística y de la franja de la Costa Grande ahora impactada.
Sin tener aún una conclusión definitiva del tamaño del desastre causado por el huracán, de inmediato brincan al menos una urgencia y tres grandes focos de atención.
Ante todo, es necesaria una campaña sanitaria inmediata, enérgica y extensa, que incluya la limpieza de escombros, basura y desechos orgánicos. La fetidez empieza a invadir el puerto, señal de la descomposición de residuos, que puede acelerar infecciones y epidemias. Al mismo tiempo urge la reposición de procedimientos vitales, como el suministro de insulina o la ejecución de diálisis para quienes arriesgan la vida por la falta de esos recursos.
En un plazo mayor hay que considerar, primero, que se requiere una forma de encender el motor del turismo, con recursos que impacten desde las grandes compañías hasta los más modestos emprendimientos. Un shock de impulso a la oferta, que reabra el empleo en gran escala.
Segundo, un programa de desarrollo sustentable. La discusión científica sobre el escalamiento de los ciclones tropicales en el Pací-fico obliga a revisar los escenarios de riesgo y a sacudir, con una rigurosa autocrítica, la política de protección civil para la región. De am-bos ejercicios se desprenderán normas, esquemas operativos adecuados al terreno y regulaciones de construcción y operación comercial.
Y tercero, pero no menos importante, la seguridad. El despliegue de la Guardia Nacional puede disuadir en algunos puntos el repunte del robo y la violencia, pero Acapulco y la zona circundante padecen mucho más que eso.
Antes del huracán, el puerto, la Costa Grande y la mayor parte de Guerrero ya se encontraban en estado de calamidad, con amplias zonas sin autoridad ni ley, donde por encima del Estado rige la vo-luntad de los cárteles que disputan rutas y territorios.
Un día antes del paso de Otis habían asesinado en Coyuca de Benítez a dos jefes policiales y a otros 11 efectivos. Sólo este año fueron ejecutados un delegado de la Fiscalía General de la República, un fiscal regional en Tierra Caliente, un ex jefe policiaco de Acapulco y dos conocidos líderes sociales, entre decenas de crímenes más.
La reconstrucción de Aca-pulco y la zona cercana requiere una mirada de largo plazo y una corrección radical de la inercia que prevalece entre las autoridades, que miran a la tragedia como un accidente que se puede arreglar reacomodando las piezas que ya están sobre la mesa, sin percatarse del fondo del conflicto y de las consecuencias de alargarlo.
