Eugenio Fernández Vázquez
Razones Verdes
Uno de los problemas más graves del gobierno mexicano es el desmantelamiento de su capacidad para actuar sobre el terreno, que va acompañado con la erosión de sus capacidades técnicas. En el sector ambiental, el sexenio que por fin termina ha visto una sistemática sustitución de cuadros técnicos por personajes sin más mérito que su cercanía política o personal con quienes detentaron el poder en estos seis años, y los recortes presupuestales mermaron terriblemente la capacidad de acción de quienes sí se quedaron en el gobierno. El gobierno que salga de las urnas que se llenarán este domingo tendrá su reto más trascendental en la reconstrucción del Estado después del pillaje al que fue sometido durante este tiempo.
En muchos casos, la reclusión del gobierno federal detrás de las ventanillas se hizo así por diseño. Por ejemplo, desde su fundación, en los albores del gobierno de Vicente Fox, la Comisión Nacional Forestal se pensó como una entidad destinada a repartir dinero entre técnicos y productores. Alberto Cárdenas y quienes trabajaban con él pensaron que así se generarían incentivos para que se formaran nuevas empresas forestales y mejoraran las existentes. El resultado fue muy distinto.
Conafor es hoy una entidad que ha servido más para formar clientelas, repartir prebendas y abrir las arcas a los corruptos, que para impulsar el manejo forestal sustentable. Ha multiplicado su presupuesto y su personal sin que eso implique ni una mayor producción forestal, ni más y mejores empleos, ni un freno a la deforestación. Al contrario, el sector forestal ha pasado dos décadas de crisis, y apenas el año pasado recuperó el tamaño que tenía en 1998. La deforestación, mientras tanto, avanza imparable. Sin ir más lejos, en 2016 el país perdió 250 mil hectáreas de selvas y bosques.
En otros casos, la salida del campo, la concentración tras el escritorio y la erosión de capacidades técnicas fueron consecuencia del saqueo y de los recortes presupuestales. Un caso especialmente doloroso es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), una de las pocas dependencias públicas que habían logrado formar un cuerpo técnico sólido y capaz, y que hoy está reducida a una fracción de lo que el país necesita.
En Conanp se han juntado tres factores que complican su funcionamiento y que han de corregirse. Por un lado, nunca se le ha asignado el presupuesto que requiere para hacer su trabajo. Corta de equipo y de personal, ha tenido que concentrar sus esfuerzos en algunas áreas protegidas, mientras otras quedan semiabandonadas. Un segundo problema es que esto ha obligado a Conanp a depender, para su personal, de las agencias de cooperación internacionales y de organizaciones no gubernamentales, de forma que gran parte del personal de la Comisión en realidad responde a estas entidades, y no tanto al comisionado. Un tercer problema es que las pocas plazas que sí están en la estructura de la Conanp fueron ocupadas no por personal técnicamente capacitado, sino por amigos y cómplices del grupo que ocupó Semarnat durante este sexenio.
Estos son apenas dos muestras de cómo se ha desmantelado la capacidad del Estado mexicano para controlar el territorio nacional y para diseñar y aplicar políticas públicas. El gobierno que llegue tendrá que remediarlo, pero hacerlo no será fácil. De entrada, durante el primer año tendrá que gobernar con un presupuesto de egresos de la Federación diseñado por otros. Una posible salida, que además le ayudará a llenar los vacíos que deje la renuncia del personal ligado a la administración de Peña Nieto –se trata de miles de burócratas que hay sustituir con rapidez– es la implementación real y honesta del servicio civil de carrera.
Hacerlo le permitirá llenar los huecos que dejen quienes renuncien en los próximos meses, con personal de mayor calidad y con mayor compromiso. Sobre todo, este sistema de selección, evaluación, premios y castigos, si está bien diseñado e implementado, permitirá cumplir una de las tareas más urgentes que se presentan: el combate a la corrupción.
