En la Estrategia Nacional de Seguridad publicada en el Diario Oficial el jueves se reconoce la “imposibilidad” de derrotar al crimen organizado por las armas y que la regulación de las drogas es insuficiente porque en estados como Guerrero el narcotráfico se ha diversificado hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.
Acapulco, Guerrero, 20 de mayo de 019. La reducción de penas, amnistía e indulto a integrantes de grupos delictivos, son algunas de las medidas que el gobierno federal plantea en su Estrategia Nacional de Seguridad para acabar con la violencia.
Propone negociar con ellos para que puedan tener negocios legales y regulares y “alcanzar la respetabilidad social”, aumentar su esperanza de vida, y la “posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos”, a cambio de colaborar con la justicia y reparar el daño. Enfatiza que debe haber el perdón previo de las víctimas a quienes les promete luchar para obtener la verdad y reivindicar la justicia.
Se justifica la estrategia por lo que se reconoce como la “imposibilidad” de derrotar al crimen organizado por las armas y que es insuficiente la sola regulación de las drogas porque en algunos estados como Guerrero el narcotráfico se ha diversificado hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.
El jueves pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contiene ocho objetivos: Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de la justicia; Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; Pleno respeto y promoción de los derechos humanos; Regeneración ética de la sociedad; Reformular el combate a las drogas; Emprender la construcción de la paz; Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios; y por último, Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz.
En el apartado de Reformular el combate a las drogas se explica que en la “guerra” contra el uso de sustancias prohibidas pasó de ser un problema de salud pública a un asunto de seguridad pública, lo que ha provocado la “violencia ya intolerable”.
El gobierno federal plantea regular el uso de algunas drogas, pero reconoce que esta medida es insuficiente para acabar con la violencia debido a que los grupos delictivos podrían cambiar de giro, “de hecho, la diversificación de actividades desde el narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza, Michoacán y Guerrero”, ilustra en la sección Emprender la cultura de la paz.
Además acepta “la imposibilidad” de derrotar a los grupos delincuenciales con policías y militares, lo que lleva a plantear modelos de justicia transicional que incluyan procesos de desarme, desmovilización, reinserción social, reducciones de penas y amnistías condicionadas al perdón de las personas y colectividades afectadas.
Explica que “perdonar no significa renunciar a la justicia, sino a la venganza privada. El Estado luchará al lado de las víctimas para, antes que nada, se busque obtener la verdad, así como para reivindicar la justicia y la reparación de cualquier daño”.
En el caso concreto de los desaparecidos, que según cifras oficiales superan los 40 mil, “se llegará hasta lo humanamente posible para esclarecer su paradero”.
Luego pone de ejemplo los procesos de pacificación en otros países con conflictos armados, “con la diferencia de que se han emprendido entre gobiernos y bandos beligerantes esto es, insurgencias y oposiciones políticas o nacionales armadas y no entre una autoridad y grupos meramente delictivos. Pero en el México actual éstos tienen niveles organizativos, poder de fuego y control territorial equiparables, en diversos casos, a los conseguidos en otras latitudes por facciones políticas en armas”, dice en el apartado Procesos de desmovilización, desarme y reinserción.
Los condicionamientos a los grupos delictivos son que exista de su parte “plena colaboración con la justicia, manifestación inequívoca de arrepentimiento y reparación del daño. El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones.”
A cambio les ofrece un aumento en la esperanza de vida (un joven sicario dura en promedio seis meses en actividades delictivas antes de ser asesinado) y “ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona”, la posibilidad de llevar una “vida tranquila y sin sobresaltos”, además de que puedan encabezar negocios legales y regulares, y “alcanzar la respetabilidad social.”
Así actuó el gobierno de Estados Unidos en los años 1930 del siglo pasado para acabar con las mafias, de acuerdo con la Estrategia, proceso del que surgió la bonanza de Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión.
El gobierno aclara que para acceder a la amnistía o el indulto, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados “en el marco de las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores”.
Este proceso de pacificación se encuadra dentro del objetivo de la Regeneración ética de la sociedad que busca revertir la crisis de valores y de convivencia generada por la política neoliberal que a su vez propició la crisis de inseguridad, de acuerdo con el documento. Es así, entre otras medidas como la Constitución moral, la austeridad y el combate a la pobreza, que el gobierno pretende “remontar el grave deterioro del tejido social”.
En la edición del miércoles pasado de El Sur se publicó que en su conferencia matutina de un día antes, López Obrador dejó entrever la posibilidad de un “acuerdo de paz” con los cárteles del narcotráfico. Fue la nota principal de su primera plana de ese día.
En el apartado Repensar la Seguridad Nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas el gobierno plantea que ante las circunstancias de descomposición e ineficiencia de las corporaciones policiacas, las Fuerzas Armadas tendrán “un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”. Justifica su participación porque dentro de ellas no se han formado “minorías corrompidas” ni “grupos económicos ilegítimos”.
El documento también incluye estrategias específicas como la que pretende combatir el robo a autotransporte y pasajeros en carreteras y que empezará aplicar en las rutas con mayor incidencia delictiva como son el tramo de la autopista Cuernavaca-Chilpancingo, entre otras.
Guerrero, donde primero habló López Obrador de la amnistía a delincuentes
El 2 de diciembre de 2017 luego de visitar Quechultenango, donde se refirió por primera vez al tema, el entonces presidente nacional de Morena, y virtual candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó en Tixtla a perdonar a los victimarios como “un paso para la paz”.
En el tercer día de gira, en la asamblea informativa de Tixtla el ahora presidente de la República se refirió a la amnistía de la que habló primero en Quechultenango –municipio en el que se formó el grupo delictivo Los Ardillos– en la que planteaba incluir a corruptos, incluso a los que forman parte de lo que llama “la mafia del poder”, pero además agregó a la lista a los líderes de grupos criminales, aunque precisó que esta decisión tendría que ser avalada por las víctimas.
“Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las familias de las víctimas y no descartar el perdón. En la izquierda siempre se dice que ni perdón ni olvido, pero yo no coincido, olvido no, pero perdón sí, sobre todo si está de por medio la paz de un pueblo”.
Dijo que esa medida podría ayudar a pacificar, para lo que pidió a las víctimas “no olvidar pero sí perdonar”.
Texto: Redacción / Ramón Gracida Gómez
Entérate más
https://suracapulco.mx/2019/05/15/habla-lopez-obrador-sobre-un-eventual-acuerdo-de-paz-de-gobierno-y-narcos/
https://suracapulco.mx/2017/12/02/en-quechultenango-los-militantes-tienen-miedo-de-participar-en-las-elecciones-amlo/
