La CRAC-PC investiga la venta de la niña para un matrimonio forzado y abusos cometidos contra ella en Joya Real, municipio de Cochoapa el Grande, informa el coordinador Victorino García. Los dos jefes de familia que acordaron la boda por 120 mil pesos también serán sometidos a juicio comunitario, determinó la institución indígena
Chilpancingo, Guerrero, 23 de octubre de 2021. Los cuatro integrantes del Comité de la Policía Comunitaria de Dos Ríos fueron detenidos y sometidos a un proceso de reeducación por desobediencia, por no aplicar las órdenes de aprehensión al papá y al suegro de la niña Angélica, para investigar la denuncia de un matrimonio forzado de sus hijos con un pago de por medio y abusos a la menor de edad en la comunidad Joya Real, municipio Cochoapa El Grande.
En consulta telefónica, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Victorino García, explicó que esperan localizar a la familia de la niña para que haga una declaración y determinar el grado de responsabilidad de las autoridades que la tuvieron retenida mientras el suegro reclamaba la devolución del pago por la boda, que según declaraciones fue 120 mil pesos pero la cantidad reclamada era mucho mayor.
Victoriano García explicó que la comisión conformada con integrantes de las cinco casas de justicia del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), retomaron el caso de las violaciones a los derechos de la niña Angélica.
Recordó que la semana pasada, la comisión acudió a Dos Ríos, cuando la niña ya se encontraba con su familia después de la intervención de autoridades del gobierno del estado, con la presencia de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).
En esa primera investigación, se estableció que papá y suegro tenían responsabilidades por haber llegado a un acuerdo monetario por la boda de dos niños, donde la menor fue violentada, y ordenaron expedir las órdenes de aprehensión para llevarlos a un juicio comunitario donde se iba a establecer el periodo de reeducación.
Sin embargo, los coordinadores del comité no atendieron la instrucción. El miércoles fueron citados a declarar en la la agencia del Ministerio Público de Tlapa sobre los hechos del 10 de octubre, en la comandancia de Dos Ríos, cuando trascendió lo ocurrido a Angélica. Coincidió con la detención del suegro por los delitos de violación y trata de personas, de la Fiscalía General del Estado.
En la Policía Comunitaria, García aclaró que sigue el proceso de investigación, ahora hacia los coordinadores del Comité, así como del papá de Angélica para que responda al procedimiento, precisó “desconocemos directamente su postura”.
Añadió que les preocupan los señalamientos contra la CRAC-PC por violaciones a los derechos de la niña Angélica, y van a esclarecer lo sucedido para sancionar las responsabilidades.
Adelantó que hoy que el presidente Andrés Manuel López hará una gira por la Montaña y esperan poder saludarlo a su paso por Espino Blanco, para entregarle una petición de apoyo a la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos que promovieron desde la legislatura pasada en el Congreso de Guerrero, y para que no haya criminalización de la CRAC-PC.
Venta de niñas para matrimonios forzados por pobreza y falta de educación: diputados
Diputados locales de Morena coincidieron en que la venta de niñas para matrimonios forzados en municipios indígenas está relacionada con la pobreza, falta de educación y de conocimiento de las leyes, pero principalmente a la falta de acción de las instituciones del estado encargadas de procurar e impartir justicia.
En breves declaraciones en el Congreso local, el coordinador de los diputados de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Alfredo Sánchez Esquivel afirmó que la venta de mujeres y niñas es una muestra de la ineficiencia de los órganos encargados de procurar justicia.
Se refirió directamente a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y del Poder Judicial, porque recordó que la legislación en la materia es clara.
Consultada por teléfono la diputada de Morena por el distrito 27 con cabecera en Tlapa, María Flores Maldonado quien lamentó que ya sea una costumbre el acordar matrimonios desde que las niñas nacen.
Dijo que, como diputadas, las integrantes de la 63 legislatura deben estar atentas a estos casos para que no se permita que “este delito” se siga cometiendo “no podemos ver a las mujeres como mercancía, y en segundo lugar se trata de niñas”.
Respecto a que en estos municipios se escudan en que es esas prácticas se dan por usos y costumbres, la diputada sentenció que “nadie puede estar por encima de la ley ni de los derechos humanos, y los derechos de las mujeres y niñas”.
Por su parte el diputado morenisra Macedonio Mendoza dijo como integrantes de los pueblos indígenas “condenamos, porque no podemos aceptarlo bajo el argumento de usos y costumbres”.
Dijo que la cultura y costumbres son amplias en los pueblos originarios, pero que eso no incluye “atentar contra los derechos de las niñas” en ese sentido pidió a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia “proceder contra los responsables conforme a la ley”.
Macedonio Mendoza Basurto señaló que ese tipo de actos suceden también porque se ha abandonado a la región que ha vivido en la marginación, sin acceso a educación de calidad y tampoco de salud, ni empleos por lo que se convirtieron en comunidades y municipios migrantes.
Y consideró que además de la aplicación de la ley, en esos municipios hace falta una atención integral para acabar con la marginación, no incrementar penalidades.
Mendoza Basurto dijo que los municipios en los que se cometen este tipo de delitos tienen las mismas características, son marginados y no tienen acceso a información respecto a las legislaciones, y a los derechos que tienen mujeres y niñas, los cuales están obligados a cumplir.
Mendoza Basurto dijo que ha estado en comunicación con el presidente municipal de Cochoapa el Grande, con la Comisión de Derechos Humanos para que sean observadores y se garantice que se cumpla el debido proceso.
Texto: Lourdes Chávez / Rosalba Ramírez
