Chilpancingo, Guerrero, 16 de octubre de 2021.- Integrantes de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se deslindaron del caso de Dos Ríos municipio de Cochoapa el Grande, y dijeron que van a reeducar al papá y al suegro de Angélica, una niña na’ savi de 15 años, para que sean ejemplo y ya no haya venta de niñas.
El fin de semana se informó de un nuevo caso de matrimonio forzado en Cochoapa el Grande que evidenció graves violaciones a los derechos humanos, cuando la Policía Comunitaria de Dos Ríos detuvo a una adolescente y a sus tres hermanas menores como medida de presión, para que sus padres devuelvan la cantidad que recibieron de sus suegros después de que ella huyó de la casa de éstos porque su suegro intentó violarla.
En conferencia de prensa ayer afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, tras asistir a la verbena popular por la toma de protesta de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los coordinadores dieron su versión:
El consejero regional de la Casa de Justica de Caxitepec Las Juntas, Eufemio Cesáreo Sánchez dijo que se está criminalizando a la CRAC-PC por la venta de niñas en Dos Ríos.
“Queremos decir que es una guerra sucia del gobierno del ex gobernador Héctor Astudillo Flores, porque él incluso presentó una iniciativa para echar abajo los beneficios que ha logrado la CRAC-PC durante sus 26 años de existencia, hasta ya teníamos reconocidos nuestros derechos”, dijo.
Sostuvo que la CRAC-PC reprueba la venta de las niñas porque es inhumano. Contó que la niña na’ savi tenía 11 años cuando la vendieron sus padres, “están acusando que el comandante regional de la Casa de Justicia de Dos Ríos golpeó a la señora (la mamá de la adolescente, cuando fue a llevarle comida a su hija a la comandancia de la Policía Comunitaria) y abortó”.
Cesáreo Sánchez enfatizó que niegan dicho señalamiento porque la Policía Comunitaria nunca “viola los derechos humanos, mucho menos a sus propios hermanos, nunca”.
Precisó que no les consta que la señora abortó, porque los hechos no sucedieron en la Casa de Justicia e incluso aseguró que las fotos que circulan “están editadas”.
El consejero enfatizó que “a la señora” (la adolescente) nunca se le agredió ni se le retuvo 11 días, ni a las niñas menores de edad, ellas estaban con la abuelita quien sí fue retenida por otros motivos, no por la venta, “la abuelita estaba retenida por violencia porque golpeó a otra señora, ahí tenemos las evidencias”.
Los coordinadores mostraron fotografías y se observó que Angélica tenía golpes en diferentes partes del cuerpo, y aseguraron que la joven vivía violencia intrafamiliar, era golpeada por su esposo, “no queremos que sigan criminalizando a la CRAC-PC, nosotros no hacemos eso”.
Dijo que es una realidad que ahí está, -la venta de las niñas-, pese a que las autoridades estatales han tenido reuniones con otras secretarías, “según para erradicar las ventas de la niña llevarían pláticas y talleres, pero también queremos que lleven proyectos productivos para que la gente deje de vender a las menores porque hay pobreza y marginación”.
El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Victorino García informó que Angélica “nunca estuvo retenida, estuvo vigilada, estuvo dos días pero fue por la violencia intrafamiliar que sufría, lo cual creemos que le ocasionó el aborto, pero se está en un proceso de investigación”.
Sostuvo que los padres de la menor y del esposo son culpables de ese acto, y están actuando como coordinadores, por lo que los dos serán reeducados, porque hicieron un acto ilícito que perjudica a la niñez.
Victorino García manifestó que están impulsando una iniciativa de reforma como pueblos originarios y afromexicanos, para que sean reconocidos por la ley.
Justificó que la venta de niñas es un hábito que se les implementó, “personas extranjeras trajeron ese hábito y se está retomando. Lo trajeron los españoles, como la religión”.
Los coordinadores manifestaron que esperan que la nueva legislatura retome la iniciativa que mandaron y también la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y los pueblos originarios sean reconocidos.
Texto: María Avilez Rodríguez / Foto: Jessica Torres Barrera
