Octavio Klimek Alcaraz
Este 26 de noviembre del presente, se realizó la decimotercera reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de Cámara de Diputados.
Destaca por su importancia el dictamen conjunto respecto a las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS).
Se puede considerar como una reforma de alto impacto. La actual ley tiene 163 artículos, de estos se reforman 49 y un artículo se deroga. Es decir el 31 por ciento de los artículos originales. Además, se adicionan seis nuevos artículos.
La iniciativa está enfocada en la necesidad de reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, toda vez que tiene incongruencias en diversos artículos e incluso contradicciones que afectan el funcionamiento y la unidad de gestión del sector forestal.
La iniciativa es una propuesta que trabajó el Consejo Nacional Forestal (Conaf), desde su 48º sesión ordinaria del 15 de abril de 2019. Para ello, se realizaron talleres en los estados y se recabó la opinión de los consejos estatales forestales. El pasado 5 de febrero de 2020, la iniciativa fue presentada por integrantes del Consejo Nacional Forestal en reunión de trabajo con legisladores de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Los legisladores de dicha comisión hicieron suya la iniciativa y suscribieron la propuesta de iniciativa del Conaf. Por ello, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 3 de marzo de 2020 fue presentada dicha iniciativa por la diputada Martha Olivia García Vidaña del grupo parlamentario de Morena, a nombre de los integrantes de la citada comisión.
Debe indicarse, que la reforma a la LGDFS es producto de un trabajo intenso, de amplia cooperación, que se trabajó durante todo este año, entre los legisladores, la sociedad civil y la Semarnat, así como sus organismos desconcentrados principalmente la Comisión Nacional Forestal, Conafor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INECC.
La iniciativa presenta un grupo de propuestas que se caracterizan por:
Mejorar el marco conceptual del sector forestal y adecuarlo al marco de referencia internacional.
Clarificar o redefinir competencias, buscando atender mejor a los usuarios de la ley. En especial en la gestión, inspección y vigilancia forestal.
Eliminar en lo posible los errores en la ley vigente.
Es importante resaltar la creación específica del Sistema Nacional de Gestión Forestal, que es el instrumento de la secretaría que permite la evaluación, controlar, sistematizar y dar seguimiento de los actos administrativos previstos en la ley.
Destaca un artículo que indica que cuando pretendan llevarse a cabo actividades previstas en esta ley, a realizarse total o parcialmente en áreas naturales protegidas de competencia de la federación, la Conafor o la secretaría, según correspondan, solicitarán previo a la resolución, la opinión técnica correspondiente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la cual deberá ser tomada en cuenta.
En otro artículo se indica que cuando una autorización u otros actos previstos en la ley puedan afectar los derechos colectivos de alguna comunidad indígena o afromexicana, la secretaría en coordinación con otras instancias competentes deberá verificar que por parte de los interesados se han establecido los procedimientos para consultas de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada en los términos de esta ley y su reglamento, a fin de llegar a un acuerdo y obtener el consentimiento mutuamente acordado de las comunidades. Se mandata que la secretaría, en coordinación con la comisión verifique que los aprovechamientos de recursos forestales se realicen garantizando los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el marco de los mecanismos de aplicación y cumplimiento de los derechos y salvaguardas contenidos en esta ley.
Vienen en la reforma temas novedosos, como el que se logra un registro de los acahuales. Los acahuales son esos terrenos cubiertos de vegetación secundaria, y que periódicamente en los sistemas de producción tradicional son desmontados para actividades agropecuarias. Si funciona correctamente el registro, permitirá que mediante un aviso puedan ser aprovechados los acahuales por sus poseedores.
Otro tema por demás importante en tiempos de cambio climático es que se adiciona de manera inédita un artículo sobre el tema de reducción de emisiones en el sector forestal. Se resalta que los recursos obtenidos del pago por resultados derivados de la reducción de emisiones, se otorgarán conforme al programa de distribución de beneficios que, de manera participativa e incluyente, se elabore conforme a los objetivos, salvaguardas y criterios de la política forestal previstos en la ley.
No omito el comentar nuestra esperanza de que la reforma sea votada en el pleno de la Cámara de Diputados antes de que concluya este periodo legislativo el próximo 15 de diciembre. Posteriormente pasaría al Senado de la República en su función de cámara revisora. Por lo que podría a más tardar en el mes de abril del próximo año ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente las tierras forestales y sus comunidades merecen una buena Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
