Cuestionan feministas el papel de las autoridades de salud para garantizar la seguridad de las pacientes en sus instalaciones, luego de que una mujer embarazada fue abusada sexualmente en la Unidad de Partería Alameda de Chilpancingo.
Chilpancingo, Guerrero, 10 de septiembre de 2019. Las feministas Marina Reyna y Viridiana Gutiérrez coinciden en que la agresión en la Unidad de Partería Alameda de Chilpancingo debe de ser un detonante para que las autoridades estatales y particularmente de Salud, establezcan acciones emergentes
La promovente de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado sobre la aplicación de la norma 046 de violencia sexual y reproductiva, Viridiana Gutiérrez Sotelo denunció que las demandas por violación en el estado representan un promedio de un delito cada día, de enero a junio.
Consultada sobre la denuncia de violación a una mujer embarazada en la Unidad de Partería Alameda de Chilpancingo, expresó su indignación porque este delito que generalmente sucede en el ámbito privado y que poco se denuncia, ocurrió también en una clínica que es un referente nacional de la salud materna.
Por separado, la peticionaria de la Alerta de Género por violencia feminicida declarada en 2017, Marina Reyna Aguilar cuestionó qué se puede esperar en las unidades de salud en comunidades marginadas, si una violación sexual ocurre en una clínica de la capital del estado.
Ambas cuestionaron el papel de las autoridades de salud para garantizar la seguridad de las pacientes en sus instalaciones, no sólo por el personal de empresas externas sino de otros actores que no tienen un salario en el sistema estatal, como los prestadores de servicio social, y quienes no son evaluados en su ingreso.
Opinaron que esta lamentable agresión, debe ser un detonante para que las autoridades estatales y particularmente de Salud, implementen acciones emergentes.
Vía telefónica, Gutiérrez Sotelo señaló que la agresión sexual en instalaciones públicas el viernes por la noche evidencia que las acciones de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género no son efectivas.
Luego se refirió a las denuncias por violación registradas por el Secretariado de Seguridad Pública, que en 2017 informó de 246 casos de violación simple y equiparada. Insistió en que “los subregistros son más espantosos de lo que leemos en las cifras oficiales”.
En 2018 las denuncias fueron 250, y de enero a julio de 2019, la mitad del año, ya suman 202 por violación en la entidad, que representan una cada día en promedio.
Mencionó que este tipo delito generalmente se oculta hasta que hay un embarazo de por medio, pero ahora se revela una violación en una institución del Estado.
Pese a que la Secretaría de Salud Guerrero emitió un comunicado condenando el hecho y señalando la detención del presunto responsable, que no es parte del personal de salud sino de una empresa externa, cuestionó que no existan limitaciones entre los funcionarios de Salud con un trabajador del sector privado, que ocupó las instalaciones para cometer el delito.
“No hay claridad en la seguridad dentro de la institución, parece que cualquier empleado puede llevar a una paciente a una sala de auscultación o revisión de mujeres, cuando tendría que ser personal acreditado el responsable de cada tarea. Son momentos muy íntimos que no se pueden hacer en cualquier pasillo, sino en lugares resguardados”.
Denunció que si no hay distinción entre el personal de Secretaría de Salud y el de una empresa que presta servicios de laboratorio, se confirma que la capacitación, sensibilización, profesionalización que se planteó en la declaratoria de Alerta de violencia feminicida en 2017, y que refrendó el Grupo de Trabajo de la solicitud de la segunda alerta por agravio comparado este año, no están funcionando.
Lamentó el silencio del gobernador Héctor Astudillo Flores ante la violación, y que la secretaria de la Mujer, Maira Martínez Pineda no haya explicado su intervención en la Unidad de Partería la noche de los hechos, que trascendió por la difusión de la denuncia en un portal de noticias de internet.
Demandó que las autoridades informen de un plan de seguimiento a la víctima, y acciones inmediatas para garantizar que no vuelva o ocurrir otra agresión en instalaciones públicas.
“Las mujeres vamos a tener miedo en nuestras casas, ahora también en instituciones donde se destina el recurso para atender y prevenir las violencias, ahora estamos indefensas, no podemos estar en ningún lugar seguras”, recriminó.
Reprochó que el gobernador exige justicia para un regidor desaparecido y encontrado muerto en el municipio Hueycantenago, “y no tenga dos líneas para todas las víctimas de violencia feminicida en Guerrero”.
Reiteró que el ataques en la Unidad de Partería tendría que detonar un proceso de alerta para saber qué ha fallado, y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres tendría que sesionar permanentemente, para el seguimiento del delito y la reparación del daño de la víctima.
Volvió a poner en la mesa la disposición de organizaciones para colaborar con el gobernador en la elaboración de una nueva estrategia, “porque ya lo intentaron con otras instancias sin respuestas”.
Señaló que la violencia sexual deja secuelas graves en las víctimas, sin una política de atención a la salud mental de la población en general y de las mujeres, no será posible revertir esta situación.
En consulta telefónica, Reyna Aguilar también reprobó el hecho, que ocurre en el marco de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género, y otra solicitud de alerta en proceso.
Demandó poner mayor atención en los servicios que se están prestando en las unidades de salud, y que las autoridades de los tres órganos de gobierno se apliquen en las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la solicitud de la segunda alerta de violencia de género.
“No puede ser que en sus instalaciones estén sucediendo estas cosas, es muy grave, creo que el secretario de Salud debe poner mayor atención para hacer acciones emergentes”.
Advirtió que la violación en donde ocurrió, en la capital del estado, donde se supone que las pacientes tienen más garantías, “¿qué podemos esperar de otros centros en la entidad. Esto requiere… debe ser un detonante para que el sector Salud y el Gobierno del estado haga acciones de emergencia”.
Confió en que la Fiscalía General del Estado resuelva con agilidad el caso de la unidad de Partería, por la gravedad del asunto.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur-Archivo
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