Mantienen pese a todos los ataques su espíritu original de cuidar a los habitantes de sus comunidades, subrayan en el foro anticorrupción
Karla Galarce Sosa
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) advirtieron que la serie de ataques a ese organismo por los gobiernos estatales desde su conformación hace 23 años, no han mermado el espíritu original para la cual fue conformada: cuidar a los habitantes de sus comunidades.
El coordinador del consejo regional y vocero, Sabás Aburto Espinobarro advirtió que luego de que la Legislatura estatal pasada modificó el artículo 14 de la Constitución de Guerrero y que desaparece la figura de policía comunitaria, recurrirán a leyes internacionales si los amparos promovidos con el apoyo de abogados del Centro de Derecho Humanos Tlachinollan no son aprobados.
Informó que brindan seguridad en 200 comunidades de diversos municipios de la Montaña y que tres más del vecino estado de Puebla buscan agruparse en la CRAC-PC.
En su participación en el segundo foro anticorrpción convocado por las organizaciones CREA, Guerrero es Primero, En-Vero y otras, el coordinador regional de la CRAC-PC en San Luis Acatlán, Arcadio Cortés Ángel expuso que tendrán presencia en las comunidades que les pidan su apoyo.
Sabas Aburto Espinobarros, mencionó el libro El origen de la policía comunitaria que aborda los primeros años, y contiene los retos principales.
“La única opción que se ve a corto y mediano plazo es que la gente se organice. Falta decisión, problemas e inseguridad tenemos casi en todas partes pero nos falta tomar la decisión en muchas comunidades del territorio indígena, de ahí que nos haga falta avanzar. Esa es una gran tarea que nosotros tenemos pendiente”, advirtió.
Como obstáculos para avanzar mencionó el hostigamiento de los gobiernos estatales pasados y el actual. En el de René Juárez, “nos quisieron absorber como policía auxiliar, nos dijeron que nos iban a dar una paga, unos se deslumbraron pero otros no aceptamos. Él nos dio un ultimátum o nos desarmarían. En el periodo de Ángel Aguirre Rivero quiso controlar a los coordinadores con 500 mil mensuales y luego con 1 millón de pesos mensuales. Hubo gente débil y caen, le dieron información y señalaron a quiénes dirigen y están contra el gobierno”.
En el actual gobierno dijo que el 7 de enero de 2018 irrumpieron los policías estatales, los militares y provocaron un enfrentamiento con la comunidad La Concepción que dejó a varios comunitarios detenidos que permanecen presos, y otros fueron asesinados.
Del actual gobierno estatal dijo que el 7 de agosto, los diputados de la legislatura pasada aprobaron las iniciativas del gobernador Héctor Astudillo de eliminarlos del artículo 14 constitucional, que reconocía la figura de la policía comunitaria y rural.
“En el último mes de esa legislatura, nos desaparecieron de la Ley 701, que nos reconocía para brindar seguridad, impartir justicia y reeducar a los detenidos. A raíz de esas leyes regresivas, con el apoyo de Tlachinollan y del nuevo Ayuntamiento de Malinaltepec, promovimos dos controversias constitucionales”, expuso.
Añadió que también promovieron controversias constitucionales los diputados actuales de Morena, y cuya resolución “está en trámite”, de la que no saben qué resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en caso de no favorecerlos, promoverán amparos internacionales pues “no hay otra manera de brindar seguridad en las comunidades”.
Explicó que a diferencia de la UPOEG “que se autonombra como policías y que hay gente infiltrada e incluso se dicen policías comunitarias pero no forman parte de la CRAC-PC, son otros grupos, los hay limpios, pero hay quienes buscan otras cosas. Hay grupos contaminados pero no son de nosotros. Uno de los grandes retos es que seamos identificados, porque entre nuestras comunidades eso no pasa, pero no nos hemos ocupado de eso ante los medios. Ahí hay un vacío, no estamos constantemente en los medios para informar”.
Expuso diferencias entre la UPOEG y la CRAC-PC, “ellos son como una copia de la CRAC-PC porque Bruno (Plácido) estuvo (con nosotros), pero él perdió dos veces la elección para ser comisario, se sintió mal, no reconocido, no valorado. Luego apareció en Ayutla, ellos llevan un color parecido en el uniforme por eso hay molestia de otros compañeros. Es una historia lo de Bruno y otras personas que se fueron también”.
Nosotros, continuó, no llevamos a los detenidos a la Fiscalía, al Ministerio Público, nosotros no actuamos así.
De los retos para la CRAC dijo que está el defender el sistema comunitario de ataques externos y de problemas internos, lograr eficacia y eficiencia en la justicia y la reeducación.
Admitió que carecen de médicos para atender a las víctimas como mujeres violadas, actualizar constantemente el reglamento interno y otras.
Cortés Ángel explicó que las comunidades de la Costa Chica eran víctimas de robos y los campesinos perdían sus mercancías, y las mujeres, esposas e hijas eran violadas y ultrajadas.
Contó que hace 23 años carecían de mecanismos para denunciar los delitos ante las autoridades de las cuales fueron víctimas, y eran cometidos por sus propios vecinos e incluso pobladores de las comunidades.
“En nuestra región ustedes pueden pasearse y no se van a topar con ningún problema. Fuimos leyendo las leyes, el convenio 169 de la OIT que nos permite formar nuestra policía comunitaria. No vamos a trabajar para el gobierno (…) los pueblos estamos comprometidos en tener 15 días para reeducar a los detenidos, los servicios son comunitarios, no les falta comida, pero les estamos enseñando a trabajar, cómo ganarse el dinero para que no vuelvan a cometer ningún delito”, expuso el comandante de San Luis Acatlán.
Ambos invitaron a los asistentes a no discriminarlos y hacer la misma labor en las ciudades. e indicaron que en Acapulco y Chilpancingo se vive inseguridad.
Sostuvieron que el Estado se ha mantenido en su contra e hicieron referencia a que la actual senadora Nestora Salgado y Arturo Campos seguirían presos de no ser por el amparo de las leyes que protegen a las policías comunitarios.
“Nos interesa el cobijo legal, no podemos decir que no nos importa. Otro reto es la capacitación porque la formación de la gente es el elemento más importante para la CRAC”, concluyó Sabás Aburto.
Como asistente al foro, el ex trabajador de la UAG, Carlos Zubillaga Ríos propuso que las comunidades se establezcan en “un cuarto poder”, para que “desde los pueblos y las ciudades haya un cuarto nivel de gobierno para que los campesinos, los artesanos, no estén desprotegidos”.
Una integrante de Comunidad CREA contó de su trabajo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec y de la importancia que tiene la CRAC, “nos importa mucho la defensa de las tierras”.
Comentó que en sus caravanas cuya mayor parte de integrantes son mujeres, se sienten seguras a diferencia de lo que ocurre en la ciudad, en las comunidades hay amabilidad y se mantienen seguros los pueblos”.
Del enfrenamiento del 7 de enero dijo que hay acusados de delitos que no cometieron.
“Eso es grave porque no hemos ido a esas zonas desde entonces, ha generado un retroceso porque llevábamos un avance con el trabajo en niños, adultos y tratamos de crear conciencia, de que si la gente no sale adelante junta no podrán solos. Para nosotros es grave. Nos gustaría volver a regresar”, comentó la joven quien se presentó como originaria del estado de Morelos y que desarrolla trabajo comunitario en poblados de Guerrero, cercanos al puerto de Acapulco.
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