Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este martes 25 de noviembre, presentaremos el informe “Mujeres de la Montaña. Renacer entre los filos del olvido”, para mostrar realidades que indignan y deshumanizan a las mujeres indígenas por la violencia machista, la indolencia de las autoridades y la impunidad que impera en la Montaña. El atraco institucional contra las mujeres es sistémico; es una práctica transversal que hunde sus raíces en el aparto estatal y que expande sus redes entre los ministerios públicos, jueces, representantes legales y abogados particulares. Todos hacen negocio con el dolor y el sufrimiento de las mujeres.
El informe contiene cuatro apartados: en el primero presentamos un análisis estadístico de las condiciones sociales que colocan a las mujeres en el índice más bajo del desarrollo humano. En el segundo capítulo hacemos un breve recuento de los instrumentos jurídicos locales, nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, en general, y de las mujeres indígenas y afromexicanas, en lo particular. Es importante difundir estos marcos legales para ponerlos al alcance de las mujeres que enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia. En la tercera parte, presentamos algunas microhistorias que narran casos de mujeres que son víctimas de feminicidios, desapariciones y de matrimonios forzados. Esta violencia extrema es consecuencia de la inacción de las instituciones del Estado, en primer lugar porque están ausentes en las comunidades donde se recrudece la violencia, en segundo término porque las mujeres viven en condiciones deplorables, sin acceso a la salud, al agua, a la vivienda digna, a la educación y la justicia. A las mujeres indígenas de la Montaña se le violan todos sus derechos. Por eso es muy importante visibilizar esta violencia y emplazar a las autoridades para que protejan sus derechos y dejen de tratarlas como objetos y como seres inferiores.
De manera general, el informe da cuenta de las condiciones de violencia mediante el análisis de datos de 2020 a 2025, que incluyen los niveles de pobreza que prevalece en los distintos municipios de la Montaña, el nulo acceso a la educación por parte de las mujeres, la ausencia de las instituciones gubernamentales en la región y el índice de tres delitos graves: feminicidios, desapariciones y matrimonios forzados, cometidos en su contra. El análisis estadístico de la región arroja resultados alarmantes: aunque las mujeres indígenas representan la mayoría de la población de la Montaña, son ellas las que se ven desproporcionadamente afectadas por la pobreza y la falta de acceso a la educación. Además, hay una terrible criminalidad por el incremento de los feminicidios, la desaparición de mujeres y la proliferación de matrimonios forzados entre las niñas, son casos que se agravan por la incapacidad del Estado que no se interesa en documentarlos, tampoco quiere visibilizar una realidad que lo interpela y más bien se torna en cómplice de los perpetradores.
Con respecto al marco normativo se analizan varios instrumentos locales, nacionales e internacionales. En cuanto a los primeros dos, el informe estudia la Constitución del Estado de Guerrero y la Constitución general, así como una serie de leyes y códigos —tanto guerrerenses como nacionales— que buscan prohibir la violencia contra la mujer y garantizarles ciertos derechos. Así mismo, se lleva a cabo una recolección de distintos instrumentos jurídicos internacionales que no solo establecen derechos humanos mínimos para las mujeres y prohíben la violencia en su contra, sino que también obligan a los Estados a tomar las medidas necesarias para que esto se haga realidad.
Sin embargo, en esta sección podemos observar que a pesar de que existe un gran número de leyes locales, nacionales e internacionales, la protección jurídica de las mujeres es inoperante, no se ve reflejada en el día a día. A las mujeres más indefensas se les condena a padecer el flagelo de las violencias, de los maltratos, burlas y tratos racistas. Esto se debe, principalmente, a la falta de capacitación del personal, a la carencia de recursos humanos, materiales y financieros en los aparatos de justicia estatal. En la Montaña los obstáculos se multiplican por la dispersión de las comunidades, la lejanía de las instancias de justicia, su pésima infraestructura, falta de equipo y recursos financieros, carencia de peritos y nulo seguimiento a los casos denunciados, así como la falta de asesoría jurídica de calidad y con una perspectiva de género e interculturalidad.
El análisis de las quince microhistorias que presentamos en el informe nos devela realidades que indignan por el cruento sufrimiento de las mujeres que se profundiza con la insensibilidad y la indolencia de las autoridades. En las vivencias de las mujeres se condensan las luchas de las mujeres para liberarse de las cadenas que las subyugan y las colocan al borde de la muerte. Desde que nacen las niñas padecen un trato diferenciado, desigual y de total sometimiento a los hombres. Crecen con múltiples carencias, la desnutrición es parte del calvario de una pobreza que va de generación en generación. A pesar de estas deficiencias nutricionales son sometidas a trabajos extenuantes tanto en el campo como en el hogar. Un patrón común es el control que ejercen sus parejas sobre ellas predominando en esta relación la violencia. Los hombres usan la fuerza y no la razón para demostrar su poder. El maltrato forma parte de las prácticas acendradas que aplican los hombres a las mujeres. Se sienten con el derecho de controlar a sus parejas, provocando celos, conductas de sometimiento, ataques verbales, emocionales, físicos y, en casos extremos escalan hasta culminar en feminicidios, desapariciones o matrimonios forzados.
Las autoridades forman parte de este engranaje delictivo: son omisas cuando reciben denuncias de violencia y no se atienden con presteza, se empeñan en hacer sufrir más a las víctimas. Los feminicidios pueden evitarse si a tiempo se toman medidas de seguridad y se actúa con severidad contra los agresores. Esto mismo puede hacerse si se protege a las mujeres y se les saca del laberinto de la violencia que padecen y que en varios casos terminan en desapariciones. Los matrimonios forzados son recurrentes en comunidades apartadas y olvidadas. En estas regiones las niñas son presa fácil de los arreglos económicos que acuerdan los padres para establecer alianzas matrimoniales contra la voluntad de las niñas que se les destina a padecer la violencia por toda la vida.
Las mujeres indígenas son tratadas como seres inferiores, que no tienen derecho a sr respetadas y tomadas en cuenta. Se da carta abierta de golpearlas desde el momento en que sus padres reciben un pago por sus hijas. El sentido de propiedad se naturaliza y se ejerce con la violencia. Es grave lo que ha sucedido por décadas sin que las autoridades hagan algo para evitar los matrimonios forzados. Es impensable que se instalen en las comunidades y que implementen acciones integrales para revertir los rezagos sociales y reivindicar los derechos de las mujeres, asumiendo su defensa en los ámbitos comunitarios. En resumen, estas historias interpelan a los tres niveles de gobierno que siguen relegando esta grave situación de las mujeres y niñas de la Montaña. No hay coordinación para implementar acciones al interior de las comunidades donde están arraigados los matrimonios forzados. Sus intervenciones son a control remoto y por lo mismo, irrelevantes. Desconocen el contexto y no se atienden las causas de estas prácticas. Solo se busca penalizar estas prácticas y se les enmarca dentro de una realidad urbana, al grado que consideran los matrimonios forzados como parte de la trata de personas, criminalizando a los padres con delitos graves, cuando el Estado les ha negado los derechos básicos dentro de sus comunidades. La violencia y la muerte se ensaña contra las niñas y mujeres indígenas porque las autoridades de los tres niveles están ausentes y cuando las mujeres llegan hasta sus oficinas las ignoran, las maltratan, las obligan a regresar con sus maridos, les cobran por levantar actas que van contra ellas mismas y las condenan a ser víctimas de feminicidios o desapariciones.
En la Montaña el racismo y la violencia que marcan el derrotero de las niñas y mujeres se ha naturalizado entre las comunidades, pero sobre todo en los ayuntamientos municipales, porque ahí los funcionarios se aprovechan de estas tragedias para obtener ganancias. Venden la justicia a los hombres violentos, los encubren y fallan a su favor para demostrar la superioridad del hombre y la impunidad de la que gozan. Los ministerios públicos son parte de este entramado delincuencial porque se colocan del lado de quienes les ofrecen dinero. Sin ningún miramiento actúan contra las mujeres que se atreven a denunciar, más bien, incrementan sus riesgos al filtrar la información a los demandados, que se arman de valor y atentan contra la vida de sus parejas, al pagar con dinero los delitos que cometieron.
Se emiten recomendaciones a las autoridades para que atiendan la desigualdad estructural y la discriminación interseccional como causas de la violencia de género. Es indispensable que aborden esta problemática con un enfoque territorial e intercultural, para que tengan resultados tangibles al interior de las comunidades que son los espacios donde se tiene que trabajar a fondo para atender y revenir estos delitos. Es prioritario fortalecer a las instituciones de justicia y de seguridad pública, se debe garantizar su presencia efectiva en la Montaña y capacitar a los funcionarios públicos en la cultura de los derechos humanos, la perspectiva de género y la atención a la víctima.
Es urgente aplicar las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como reforzar los programas de prevención y atención a mujeres víctimas de violencia. Vemos necesario que en las instancias de justicia se incorpore a jóvenes indígenas para incorporar la visión intercultural y hacer realidad el pluralismo jurídico. La persecución efectiva de los crímenes contra mujeres es el gran desafío que tiene el sistema estatal de justicia, porque la impunidad representa los cardos y los cactus que impiden el renacer de las mujeres indígenas en los filos de la Montaña.
