La presentación hecha por la gobernadora Evelyn Salgado en Tlapa ante el problema de los matrimonios forzados de niñas, fue mediática y para salir del paso, pues no se tomó en cuenta a las autoridades comunales o a las activistas de la Montaña, señala Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 29 de noviembre de 2021. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, pidió que se replantee la estrategia integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; y que se incluya a las autoridades comunitarias y una instancia que atienda especialmente el problema de la venta de niñas.
Opinó que para que la estrategia funcione, debe hacerse un trabajo de hormiga y de raíz, un trabajo comunitario y colectivo, con una mirada distinta, “no puede ser nada más armar un planteamiento en el escritorio. Tiene que ser dialogando con las personas, conociendo la realidad, identificando los problemas, diagnosticando las comunidades y vislumbrando respuestas”.
Añadió que para eso se requiere personal capacitado, recursos financieros, gente que conozca las lenguas y culturas, así como una institución o varias que estén dispuestas a trabajar en las comunidades, porque insistió en que estos trabajos no funcionan en las cabeceras municipales.
El antropólogo opinó que la estrategia contra la violencia hacia las mujeres y niñas, que puso en marcha la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 10 de noviembre, en Tlapa, fue mediática y para salir del paso con el caso de Angélica, de Joya Real, en Cochoapa. Destacó que no se incluyó ni la opinión ni la presencia de las autoridades comunitarias y se trató de una imposición desde la cúpula del poder.
Añadió que desde esa visión no se va resolver el problema, porque éste es más de fondo y la prueba de ello es que volvió a ocurrir la semana pasada, con el caso de Anayely, que fue rescatada en la misma comunidad.
Reprochó que el día que fue presentada la estrategia, Tlachinollan recibió la invitación formal y creyó que iban a participar con opiniones, “como se hacía en el formato de la presentación de planes del anterior gobierno, cuando abrían el micrófono para que participaran las autoridades comunitarias, organizaciones de la región o mujeres víctimas, pero no se dio eso esta vez”.
Criticó que esta vez fue un programa muy cerrado, en el que hablaron sólo las personas que estaban programadas, como la secretaria de la Mujer, la representante de Inmujeres, ONU Mujeres y la subsecretaria de derechos humanos federal. Agregó que la única presidenta que habló a nombre de los presidentes municipales fue la de Tlachoachistlahuaca, Yareth Saraí Pineda Arce, pero ya como autoridad municipal.
“Nos quedamos sorprendidos de que, ni siquiera simbólicamente, en el presídium hubo alguna de las mujeres indígenas de Cochoapa o Metlatónoc, donde hay quienes están dando la batalla, para que se atiendan sus reclamos de violencia que han denunciado”, dijo Barrera Hernández.
Admitió que ese día asistió al evento un amplio contingente de personas, pero que la mayoría fueron funcionarios de presidencias municipales, de dependencias del gobierno del estado, “pero las mujeres indígenas estuvieron relegadas. No estuvieron presentes, no se les invitó, mucho menos participaron dando su palabra. Fue muy desalentador ver esto”.
Abel Barrera dijo que también se sorprendió porque pensó que al final iban a dejar el micrófono para la participación de las autoridades comunitarias, “pero todo terminó ahí y consideramos que, en verdad, fue una gran falla, porque fue una presentación muy general de la estrategia. Hablaron de acciones estatales, sin ninguna ruta de cómo se va a intervenir o de acciones municipales concretas”.
Además, añadió que incluyeron en la estrategia a las mismas dependencias que de por ya sí existen, como la Fiscalía General del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres, “que al final de cuentas sabemos que aunque existan, no están funcionando”.
Barrera Hernández insistió en que se necesita un nuevo diseño institucional, para focalizar el problema y darle prioridad en la atención.
Criticó que así como está planteada la estrategia y decir que todos le van a entrar, “es como un llamado a misa, donde nadie se siente convocado y, en ese sentido, se tiene que replantear y que se tome en cuenta a las autoridades comunitarias”, porque dijo que en la estrategia que se presentó no se incluyó ni siquiera a un comisario municipal.
“El nivel comunitario, que es donde está el problema, quedó invisibilizado. No se invitaron a organizaciones de mujeres o a lo mejor estuvieron ahí, pero igual que nosotros, nada más fueron invitadas para darle realce a la reunión o para ser testigos mudos del evento, pero no hubo participación de alguna organización de mujeres que tienen un trabajo importante”.
Reprochó que, igualmente, fue excluida la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), “que, bien o mal tiene presencia en varias comunidades, y ha intervenido en estos casos, pero no supimos que las hayan invitado”.
Para Barrera Hernández, si las autoridades quieren que su estrategia funcione, la tienen que apuntalar y empezar de la raíz; “no se puede empezar desde la pirámide del poder, con decisiones unilaterales, meramente mediáticas, sin un sustento real de las acciones”.
Criticó que como está diseñada la estrategia no se tiene claridad de quien va intervenir, no hay protocolos, ni mecanismos de operación concretos cuando haya un caso como el de la niña Anayely, que fue rescatada la semana pasada, nuevamente en Joya Real. Insistió en que no se sabe qué se va a hacer en estos casos.
Reconoció que en el mismo Tlachinollan, organismo que ha estado cercano a estos casos, cuando recibieron la llamada anónima del caso de Anayely, no encontraron una ruta trazada para llamar con certeza a algún número telefónico, con alguna dependencia o instancia encargada de atender los casos.
Explicó que se tuvo que acudir al mismo mecanismo al que se recurre en casos urgentes, es decir, con la FGE, con el fiscal regional, con la Comisión de Derechos Humanos regional, “porque a nivel estatal no tuvimos respuesta”.
Informó que también habló con autoridades municipales, pero ninguna estuvo disponible.
Dijo que tuvo que ser Tlachinollan la que organizó la operación, a la que al final se integraron autoridades para ir a rescatar a Anayely, a fin de garantizar que se le respetara su derecho y no estuviera en la cárcel.
Informó que también pidió la intervención de la CRAC de San Luis Acatlán, para que pudieran hacer lo propio con los grupos que se encuentran en la región.
“Fue un mecanismo que tuvimos que organizar de manera improvisada, pero efectiva. No hay de otra que salir temprano a la comunidad, tuvimos que organizar una caravana de compañeros y al final nos acompañó personal de la Codehum de la región, la Fiscalía con un fiscal, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y elementos de la Policía Ministerial, quienes hablaron por su cuenta para que pudiera acompañar la Policía del Estado y la Guardia Nacional, con quienes se armó el contingente”.
Informó que fue hasta al siguiente día del rescate, cuando hubo una reunión de más de 10 horas con personal del DIF-estatal, la sindicatura municipal y el equipo de Tlachinollan, para analizar la situación de los niños rescatados.
Contó que al día siguiente fueron a esa reunión a Tlapa, la mama de la niña y los papas del niño rescatados, con quienes se analizó su caso y se conoció más ampliamente coómo estuvo la situación.
Al final, determinaron en esa reunión que los menores quedarían bajo custodia del DIF estatal para evitar que la niña fuera obligada a casarse, por el compromiso que asumieron sus padres y para evitar el riesgo al otro menor, por el señalamiento en su contra de que tuvo que ver en el impedimento de la boda.
Sin embargo, dijo que este acuerdo fue improvisado, por la falta de protocolos de actuación en estos casos.
“Ahí es donde se tiene que focalizar la intervención de esta estrategia. Se tiene que trabajar en las comunidades que ya están ubicadas, por ejemplo esta (Joya Real), donde ahí se dio el anterior caso de Angélica y volvió a suceder el otro hecho, porque no se previó una acción que evitara otra vez estos matrimonios forzados”, reprochó.
“Mientras no haya una atención desde la base comunitaria, con la participación de las mujeres, de las autoridades comunitarias, de las organizaciones civiles que acompañamos estos procesos, cualquier estrategia, por más buena fe que tenga va a fracasar. No se pueden hacer acciones virtuales y mediáticas en las cabeceras municipales, tienen que hacerse, a diferencia de otros programas, en la comunidad, ahí donde está el problema”, insistió el antropólogo.
Sin embargo, criticó que por ser una nueva administración, no dimensionaron el tamaño del problema, “creyeron que solamente anunciando que van a trabajar con las niñas y que van a evitar matrimonios forzados y anunciando que va a haber acciones estatales y acciones municipales, que se van a coordinar varias dependencias, se iba a resolver en el papel el problema”.
Opinó que no alcanzaron a valorar o a sopesar el contexto que se vive de los matrimonios forzados, “que no es algo, que, como el caso de Angélica, haya sido una excepción, sino más bien es una práctica que es reprobable por la forma como se está actuando contra las niñas y que requiere una intervención de otra índole, de otra dimensión, no quedarse circunscrito al ámbito de las instituciones municipales”.
Para el director de Tlachinollan, como fue propuesta la estrategia, evidencia que el aparato gubernamental no está preparado para atender con presteza y eficacia el problema, que debe ser con respeto a las niñas y, sobre todo, hablando con los padres y madres, así como con la gente de los pueblos.
Texto: Zacarías Cervantes
