Mujeres y niñas de la Montaña resisten agresiones de hombres e instituciones: Tlachinollan. Viven en círculos de pobreza las mujeres más vulnerables a la violencia, advierte feminista
Chilpancingo y Tlapa, Guerrero, 10 de marzo de 2025. En el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Salud estatal reportó que el año pasado brindó mil 730 “atenciones de egresos” por aborto seguro, y 2 mil 844 más en 2023, que en dicho periodo encontró 327 casos de violencia sexual y a 13 les dio seguimiento para la Interrupción Voluntaria del Embarazo por Violación.
Consultada vía telefónica sobre estas cifras, la directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, consideró que son muy pocas las interrupciones voluntarias del embarazo por violación conforme a la NOM-046 y al Código Penal reportadas en dos años, y sugirió que tanto esta dependencia como la Secretaría de Educación Guerrero deberían articularse para utilizar sus estructuras, que agrupan a todas las localidades de la entidad, para hacer llegar a más mujeres y con mayor claridad los derechos sexuales y reproductivos a los que pueden acceder.
Cumple con garantizar los derechos sexuales y reproductivos: Salud
En un boletín de prensa, la dependencia estatal aseguró que cumple con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con diversas acciones. Detalló que en atención a casos relacionados con violencia de género en esos dos años se realizaron 40 mil 943 detecciones a mujeres mayores de 15 años en pareja, de las cuales 6 mil 449 resultaron positivas en situación de violencia de género, a quienes se les brindaron 18 mil 593 atenciones de primera vez y subsecuentes.
También expuso que otorgó 22 mil 246 consultas de atención pregestacional de primera vez y 12 mil 237 subsecuente, 32 mil 791 consultas de atención prenatal de primera vez y 104 mil subsecuente, y que 8 mil 302 consultas fueron de atención prenatal de primera vez a adolescentes y 23 mil 36 subsecuentes a este grupo poblacional.
Añadió que el año pasado proporcionó 238 mil 631 métodos anticonceptivos para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, se realizaron 35 mil 414 tamizajes con pruebas rápidas para VIH/sífilis a embarazadas, 37 mil 900 papanicolaous, 44 mil 742 pruebas de VPH, 45 mil 149 exploraciones clínicas de mama y 22 mil 964 mastografías.
Destacó que cuenta con ocho unidades de salud que implementan el modelo de atención a la salud con mecanismos incluyentes, en las cuales se aplican acciones afirmativas dirigidas a eliminar las brechas de atención en salud.
Sobre las cifras difundidas por la dependencia, vía telefónica, la también integrante de la Red Nacional de Formadoras y Defensoras de los Derechos Políticos-Electorales de las Mujeres y de la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses por una Vida Libre de Violencia señaló que sean tan bajas las cifras en interrupciones voluntarias del embarazo por violación que atiende la Secretaría de Salud y que habría que hacer un comparativo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cuanto a las víctimas de violencia sexual, que podría ser que no esté llegando la información de los derechos que tienen las mujeres o que van y no se les otorgan.
Sobre el aborto legal y si aún hay obstáculos para que las mujeres puedan acceder, la peticionaria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Violencia Feminicida, explicó que es un proceso que sigue Salud, que por eso Guerrero mantiene la Alerta por Agravio Comparado, y falta que se haga realidad que se garantice el derecho en todos los hospitales y los centros de salud canalicen la atención en todas las regiones.
“Si se están dando casos de interrupción del embarazo es porque algo no está funcionando bien, si nosotras vemos que se da mayor información y, tienen las jóvenes, las adolescentes, desde temprana edad, tienen bien claro cuáles son los derechos y cómo también prevenir los embarazos, porque pues no es algo grato para nadie, ni para ellas ni para las familias, estos embarazos a temprana edad o embarazos no deseados que culminan en la interrupción del embarazo”, dijo.
Reconoció que hay un avance desde que se hicieron las reformas para que todos los hospitales garanticen este derecho, y que también es importante conocer cuántos embarazos hay en adolescentes porque también pueden estar relacionados con la violencia sexual, con hombres mayores de 30 años o mayor de edad que también pueden ser un indicador porque no se puede hablar de una relación consentida con una menor de edad.
Por otra parte, acentuó que la Secretaría de Salud tiene varias responsabilidades, que en 2023 hubo un caso de un feminicidio en el que la mujer golpeada llegó a un hospital general sin signos vitales y le cerraron la puerta, “se quedó sin registro”, cuando su deber es recibir, atender los protocolos, abrir un expediente y notificar al Ministerio Público como parte de la evidencia “porque si no, lo invisibilizan”.
Señaló que, además, se ha ampliado la responsabilidad a los Servicios Especializados en Atención a la Violencia Familiar y Sexual (Sepavis), pero tienen menor capacidad para atender los casos por la demanda, y que la Secretaría habla de que se hacen acciones afirmativas como las señaléticas en Braille y lengua originaria, pero hace falta que los traductores estén accesibles para atender la población indígena y tener un buen canal de comunicación, al igual que en la Fiscalía.
Hace casi tres años, luego de protestas de feministas en el país y el estado, el 17 de mayo de 2022 en Guerrero el Congreso local aprobó despenalizar el aborto.
Mujeres y niñas de la Montaña resisten agresiones de hombres e instituciones, señala Tlachinollan
En el Día Internacional de la Mujer las mujeres y niñas indígenas de la Montaña de Guerrero resisten los maltratos y agresiones sistemáticas no sólo de los hombres, sino de las instituciones que deben protegerlas, denunció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
La institución defensora de derechos humanos en un boletín que tituló En las garras de las instituciones señaló que hay un gran abismo entre las mujeres y niñas indígenas que luchan contra la pobreza y la violencia con los gobiernos racistas que imponen su visión etnocéntrica, que profundiza la desigualdad y la exclusión social.
Manifestó que las instituciones del Estado como la fiscalía regional, el Ministerio Público especializado en Delitos Sexuales, los ayuntamientos municipales y las comisarías no protegen los derechos de las mujeres al revictimizarlas.
Expone que lo paradójico de estas actuaciones deleznables de los funcionarios es que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, salga en su defensa.
Detalla que día y noche las mujeres tienen que soportar la violencia machista, desde los espacios como las Comisarías donde les imponen castigo a sus conductas insumisas y solapan a los agresores cuando se quejan por demandar pensión a sus parejas.
Las obligan a regresar con sus maridos, sin importarles que sus vidas estén en peligro
Menciona que en las presidencias municipales las síndicas y síndicos no creen en sus testimonios y las obligan a regresar con sus maridos, sin importarles que sus vidas estén en peligro y se convierten en sus defensores a cambio de dinero y las obligan a firmar actas con amenazas de demandas, que además han pagado en 500 pesos, y con esas acciones quedan en las garras de la violencia institucionalizada.
Destacó que en la Fiscalía regional desde hace cuatro años nadie se encarga de la Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio en la ciudad de Tlapa, y el personal existente carece de formación en derechos humanos y perspectiva de género, lo que afecta y se incurre en dilación de la justicia, primero al enfrentarse, a tener que viajar por horas para que puedan interponer una denuncia al Ministerio Público.
A eso se suma que les piden que traigan a sus peritos intérpretes y asesores jurídicos porque tienen mucho trabajo, y las mujeres pagan cuotas elevadas con el fin de acceder a la justicia o perder el caso.
Al momento de hacer las investigaciones, ponen reticencias para tipificar el delito de feminicidio y lo califican como homicidio simple, sin tomar en cuenta el contexto ni los antecedentes de violencia; donde se hacen evidentes las irregularidades con la dilación para llegar al lugar de los hechos, al contaminar la escena del crimen, no se aseguran los indicios o se pierde evidencia y la carga de la prueba la dejan a los familiares de las víctimas, agrega.
Señala que la Fiscalía regional, si los familiares presentan pruebas de la responsabilidad del acusado, de manera abrupta detienen las investigaciones y ponen obstáculos para ejecutar las órdenes.
En el proceso judicial los jueces y juezas son insensibles al hacer valoraciones incorrectas y pedir testigos y documentos que acrediten la violencia en el seno del hogar.
A parte de eso no hay asesoras jurídicas que les den confianza, tampoco peritos intérpretes y no existen refugios seguros y apropiados para salir de sus domicilios y ponerse a salvo, como parte de las medidas de protección y prevención a que está obligado el Estado para evitar hechos de violencia extrema.
Destacan que, ante eso, las mujeres indígenas enfrentan una lucha desigual desde su hogar en las comunidades precarizadas hasta en los surcos del capital agroindustrial.
Pero ante estos problemas añejos que arrastran las instituciones del Estado, las mujeres indígenas no sucumben y siguen caminando con la certeza de que alcanzarán la justicia al exigir que cumplan con su responsabilidad de proteger sus derechos.
Viven en círculos de pobreza las mujeres más vulnerables a la violencia, advierte feminista
La coordinadora de la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres, Ana Grabriela Candela Garzón, señaló que las mujeres más vulnerables a la violencia extrema viven en círculos de pobreza que difícilmente les permite el acceso a mejores condiciones.
Esto es la falta de acceso a la educacion o la salud, así como a no tener autonomía económica, lo cual aumenta la brecha de desigualdad salarial, que se conoce como “feminizacion de la pobreza”.
En consulta telefónica sobre los datos de homicidio del Inegi documentados por El Sur, donde se revela que más de la mitad de las mil 909 mujeres asesinadas entre de 2014 y 2023, tenían un nivel académico bajo, una de cada tres no trabajaba o no estaba afiliada a ningún servicio de salud.
Casi 37 por ciento eran menores de 30 años: 189 tenían de 15 a 19 de edad y 512, 25 a 29 años de edad. Son un total de 701 adolescentes y jovenes asesinadas en 10 años.
La activista señaló que las mujeres precarizadas “toman lo que hay, aunado a las condiciones de violencia que existe en el estado, del crimen organizado. Algunas son hasta parejas de quienes están inmersos en estas situaciones y también terminan en el fuego cruzando, pagando adeudos o siendo moneda de cambio de estos actores”.
Aclaró que cuando las mujeres estudian, tienen acceso automático a los servicios de salud, si las adolescentes no estudiaban tampoco tenían seguridad social. “Esto las va dejando en la interseccionalidad, que las cruza una y otra vez, por ser mujeres, pobres, indígenas”.
Advirtió que el Inegi señala que hubo 115 mujeres indígenas asesinadas en 10 años. Aún no hay datos desagregados de las mujeres afromexicanas.
Añadió que en Acapulco y en Chilpancingo es en donde se registran el mayor número de asesinatos de mujeres, pero no hay datos desagregados por origen étnico racial.
“Una cosa es la zona urbada de Acapulco o las ciudades principales, donde se centra la mayor parte de los servicios, pero no todas las mujeres (en condiciones de pobreza) viven en avenidas principales. Se encuentran en zonas alejadas o en las ruralidades de los municipios”.
Aclaró que sin datos desagregados no se pueden identificar las necesidades de manera diferenciada, tampoco habrá políticas efectivas, sin tanta carga asistencialista.
Dijo que toda las mujeres son vulnerables frente a las violencias, aunque para mujeres indígenas y afromexicanas es más complejo, porque lo racial impacta, por el racismo presente en muchas situaciones.
“Si tú no construiste herramientas desde tu casa y no tienes una red de apoyo, y tu círculo social se limita a un grupo machista, es muy difícil salir del circulo de violencia, y la pobreza y la brecha salarial lo hace más complejo. Lo hemos visto cuando nos llegan casos”.
Aclaró que ya no dan seguimiento a estos asuntos, sólo los canalizan, por la complejidad de la atención que esas jóvenes necesitan.
Texto: Redacción, Carmen González Benicio y Lourdes Chávez /Foto: Archivo
