El 30 de junio de 2014, militares del 102 Batallón de Infantería que patrullaban en San Pedro Limón, mataron a 22 personas en una bodega. Y no hay avance en las investigaciones.
Ciudad de México, 1 de julio de 2019. Al cumplirse cinco años de la masacre perpetrada en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reprochó la impunidad que impera en el caso.
Mediante un comunicado, la organización civil consideró que se manda un mal mensaje justo el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha oficialmente a la Guardia Nacional.
“El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública en el momento en que ha entrado en operación la Guardia Nacional”, señaló el Centro Prodh.
“Si los hechos no son esclarecidos y los responsables a todos los niveles sancionados se estará entendiendo que la privación de la vida en el contexto de la intervención militar en la seguridad pública no tiene consecuencias, lo que sin duda puede repercutir en nuevas y graves violaciones a derechos humanos”.
El 30 de junio de 2014, militares del 102 Batallón de Infantería que patrullaban en San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya, mataron a 22 personas en una bodega.
Aunque el Ejército indicó que se trató de un enfrentamiento con la delincuencia organizada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 que al menos entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente una vez que ya se habían rendido.
Además, se demostró que los soldados alteraron la escena crimen para encubrir a los responsables y torturaron a sobrevivientes para que no revelaran lo sucedido.
El Centro Prodh, que representa a Clara Gómez González, una sobreviviente y quien perdió en los hechos a su hija, recordó que acreditó que días antes de la masacre los mandos circularon una orden que instruía “abatir civiles en horas de oscuridad”.
En su comunicado, el centro especializado en defensa de derechos humanos recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a 7 militares por la muerte de 8 civiles, pero no presentó pruebas contundentes y quedaron libres.
“A la fecha no hay un avance que se dirija al esclarecimiento de la verdad ni existe resolución alguna que sancione por homicidio a los funcionarios militares implicados en el caso”, recriminó el Centro Prodh.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma
Foto: Especial / Agencia Reforma
