En un hecho inédito, el informe anual de la CNDH fue entregado a Gobernación luego que Presidencia rechazara recibirlo públicamente del organismo.
Ciudad de México, 3 de junio de 2019. El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, reprochó que por primera vez en prácticamente 29 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el Presidente de la República no haya recibido personalmente el informe anual del organismo.
En un hecho inédito, dijo, tuvo que entregar esta mañana el informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego que la Presidencia rechazó varias solicitudes realizadas desde principios de año para coordinar un evento público como en años anteriores.
“Este es mi quinto informe y es el primero que no se da frente al Presidente de la República, en 29 años (de la CNDH) siempre se había informado públicamente, porque es la oportunidad que tiene el Ombudsperson de decirle a la máxima magistratura ejecutiva el estado en que se encuentran los derechos humanos”, precisó González Pérez.
“En esta ocasión, la respuesta final, ante reiteradas solicitudes, fue que se entregara en la Secretaría de Gobernación (…) es desalentador para la defensa de los derechos humanos”.
El Ombudsman detalló que al principio tuvo la receptividad del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que habría una ceremonia pública, pero al final la última respuesta llegó a través de la Segob.
“Si hay algún reproche yo creo que la sociedad debería conocerlo, a un principio había la receptividad para que tuviéramos el acto público, estábamos en espera de ello, por eso la paciencia, pero al final no sé a qué halla obedecido el cambio de directriz”, añadió.
Durante una conferencia de prensa convocada a última hora, González Pérez enfatizó que la defensa de los derechos humanos no promueve el incumplimiento de la ley.
“Cuando un particular realiza una conducta que afecta o vulnera a otra persona, incluidas a las autoridades, lo que está cometiendo es un delito, cuya persecución y sanción no corresponde en modo alguno a los organismos de protección y defensa de los derechos humanos, sino a la autoridad ministerial y, en última instancia, al Poder Judicial”, explicó.
“Si un ataque o agresión a un elemento policial, de las Fuerzas Armadas o de cualquier otro cuerpo de seguridad permanece impune, es porque la autoridad ministerial no ha cumplido con su obligación de investigar y perseguir el delito”.
González Pérez señaló que el informe anual 2018 recuerda que ese año fue crítico para los derechos humanos, pero también advirtió retos para este 2019.
“En estos primeros meses de gestión, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública”, afirmó.
Texto: César Martínez / Agencia Reforma / Foto: Twitter
