Ciudad de México.- La ministra Loretta Ortiz afirmó que hubiera sido “suicida” que la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubiese resuelto las dos acciones de inconstitucionalidad contra la prisión preventiva de oficio, las cuales quedarán pendientes para el nuevo Pleno de ministros.
Al término de la última sesión de la Primera Sala, su presidenta descartó en definitiva que el presente Pleno de ministros vaya a discutir este asunto y dijo que era “ilusorio” uno de los dos proyectos de sentencia, el de la ministra Margarita Ríos Farjat, porque hubiera liberado a miles de reos.
“No se decidió, decidimos en pleno no resolverla en esta conformación porque había muchas diferencias de criterios, o sea, era suicida. Enfrentar ahorita someter a la prisión preventiva oficiosa cuando no había los consensos entre los integrantes de la Corte. Porque había varios que no estaban de acuerdo”, dijo en una rueda de prensa en su oficina.
Los proyectos de sentencia que quedaron pendientes son los de los ministros Jorge Pardo Rebolledo y Margarita Ríos Farjat.
El primero proponía que sólo se aplicara la prisión preventiva justificada, es decir, que quedara a consideración del juez la reclusión del procesado; la segunda planteÛ, invalidar algunos aspectos de la reforma de 2021, que agregó nuevos delitos al catálogo de los previstos con prisión automática.
Ortiz recordó que por ahora está vigente una jurisprudencia de la Corte que establece que, cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, como es el derecho a la libertad, debe atenderse a lo que dicta la constitución y no a los tratados internacionales.
Y, si bien, está de acuerdo en que el Estado mexicano cumpla con la sentencia de 2023 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le condenó a inaplicar la prisión preventiva de oficio, afirmó que esa es tarea del Congreso de la UniÛn y no de la Suprema Corte.
“Eso es en cuanto al tema de Pardo, que traía en su asunto y el de Margarita Ríos Farjat, el problema que tiene es el siguiente, es muy ‘ilusorio’ que podamos hacer lo que propone y lo voy a decir con toda franqueza”, expresó.
“Al momento de entrar en vigor, más salvo cuando es en beneficio de la persona entonces ¿qué sería? Todos los que entraron con prisión preventiva oficiosa, si se admite esta acción de inconstitucionalidad, saldrían, pero sin tener control de anda”.
“Yo no estoy diciendo que tenga que no cambiar esto, pero… nosotros no podemos legislar. No tenemos la facultad de legislar. Yo puedo decir que es inconstitucional. Pero yo no puedo legislar”.
La ministra expuso que antes de que la Corte resuelva los asuntos de prisión preventiva oficiosa, el Constituyente debe acatar la sentencia de la CIDH, depurar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa y fijar las reglas para aplicar la prisión justificada.
Sobre el Órgano de Administración Judicial, dijo que sólo están en negociaciones con los ministros electos, pero no reveló los nombres de sus posibles titulares y tampoco cuándo serán designados.
Agencia Reforma
