Xalpatláhuac, Guerrero, a 24 de julio de 2025.- No son delincuentes sino gente honrada que le sirve a su comunidad, aseguró el Consejo Local sobre los cinco policías de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), contra quienes se sigue un proceso federal por posesión ilegal de armas.
A cinco meses de su detención, después de haber trasladado de emergencia al hospital de Tlapa a un accidentado en condición grave, sus esposas, padres, hijos y hermanos y gran parte de la población esperan que la jueza que juzga el caso considere en favor de los implicados el servicio que prestan y que han prestado a la comunidad en diversos roles, y que no crea que se trata de criminales de vocación.
Algunos, como el maestro Alejandro Vitinio Ortiz, no creen que el caso “se resuelva pronto y de fondo”, sino hasta después de septiembre, cuando llegue “la nueva justicia, y aquí nuestro hermano mixteco (Hugo Aguilar) y nuevo presidente de la (Suprema Corte de) Justicia”, tendrá la oportunidad de “convertir en hechos sus palabras”, pues a decir del profesor, cualquier juez que comprenda la “dinámica indígena”, tendría que liberar a los comunitarios.
La noche del 17 de febrero del presente año a solicitud de la síndica municipal, Cecilia Tapia, el grupo de la policía comunitaria trasladó de emergencia a un accidentado al hospital general de Tlapa, distante a 15 kilómetros, y dada la premura, no se desprendió de las armas con que resguarda al pueblo, incluidas dos de grueso calibre y de uso exclusivo del Ejército. A su regreso fueron detenidos por la Guardia Nacional y consignados a la Fiscalía General de la República (FGR).
Cuatro de ellos llevan su proceso en prisión y uno más lo hace en libertad dada su avanzada edad y su estado de salud.
Su representación legal ha cambiado en tres ocasiones, y están a la espera de que la jueza considere atenuantes de su presunto delito, especialmente en atención al espíritu de la última reforma de derechos indígenas y a protocolos de justicia previamente establecidos por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
“Un basurero de muertos… de cuerpos humanos”
Xalpatláhuac era una pesadilla, según diversas voces de familiares de los implicados y ciudadanos, como un taxista y dos comerciantes entrevistados al azar.
“cholos”, “mariguanos”, “vándalos”, “pleiteros”, “pandilleros”… son algunas etiquetas con las que describen el estado de conflicto que vivía esta comunidad antes de que en 2015, decidiera crear su propia policía y adherirse a la CRAC-PC.
“De noche andaban los mariguanos en bandas de 20 o 30 chamacos y se peleaban con piedras primero y luego con cuchillos y pistolas, y ya no se podía andar libre por la calle”, dijo Cirilo Pablo Pinzón, consejero local de seguridad, uno de los cuatro principales que integran esta instancia de enlace entre la comunidad y la estructura de mando y responsabilidad de la CRAC-PC.
Pero además, en esos años, a las orillas de la demarcación municipal seguido les iban a tirar cuerpos inertes con huellas de violencia, al grado que la consejera de seguridad Domitila García Guevara no duda en calificar aquel escenario como “basurero de muertos… de gente humana que nos venían a tirar”, por lo que afirma que a partir de que “empezaron a dar servicio estos inocentes” de la policía comunitaria, tanto el vandalismo como el “tiradero de cuerpos” desaparecieron, y empezó a imponerse el orden, por lo que agrega categórica que “mis policías no son de la delincuencia organizada, son personas honradas, honestas y trabajadoras”.
Ante ese desorden causado por los “modos pandilleros que aprendieron en Nueva York”, la comunidad decidió formar su policía y “resguardar los terrenos comunitarios”, por lo que la asamblea acordó cooperar para comprar armas, pues “no se puede cuidar el pueblo con manos vacías o cruzadas”, y pensaron que, cuando menos “una o dos deberían ser del calibre que usan los criminales de quienes nos protegeríamos”, y por ello se adquirió el armamento que hoy es causa del proceso judicial, dijeron los consejeros en entrevista colectiva con El Sur.
La presidenta Sheinbaum y las esposas
Quienes más sienten la ausencia de los policías presos son sus esposas. Por amor primero, pero también por necesidad de cultivar la tierra. Tienen poca información del proceso porque casi nadie se molesta en comunicarles, y menos aún en apoyarlas de alguna otra forma.
Al momento de la detención, las esposas de Juan Simón Melgarejo y de Pedro Javier Álvarez estaban embarazadas. La esposa del primero, Magdalena Román, enfermiza de por sí tuvo su quinto hijo, sietemesino, pero falleció después de luchar por la vida durante un mes en incubadora.
Por su cuenta, Lizeth García, esposa de Pedro, tuvo a su segunda hija, una bebé rolliza y risueña, que no ha tenido el privilegio de estar en los brazos de su padre.
Magdalena no puede viajar “ni a Tlapa” y menos a Chilpancingo, por una rara enfermedad que la aqueja, mientras que Lizeth tampoco ha visitado a su esposo, porque “ahora vendo gelatinas, para seguir atendiendo a mi hija mayor”, América, la niña de siete años a la que le detectaron un cáncer desde los primeros meses de vida, y tiene que atenderse periódicamente en Ciudad de México, y por ello “tengo que elegir entre ver al marido o llevar a mi hija a sus quimioterapias”, musita, derritiéndose en lágrimas.
Ahora vive con sus abuelos, porque allá le resulta más fácil la venta de sus gelatinas. Terminó recientemente la preparatoria y la beca que obtuvo le ayudó en los meses pasados, y lamenta que no pueda vincularse inmediatamente a “Jóvenes Construyendo el Futuro”, u otra beca que la respalde, mientras pasa la ausencia que a diario alimenta sus lágrimas y sollozos.
A Mónica Morán, esposa de Leobardo Gavino Gómez, algunos miembros del consejo le han dicho, “desde el principio, que sólo hay que esperar, porque tienen que salir”, pero ya no ve que haya movimientos como en el mes de su detención, cuando llevaron su protesta a Acapulco e hicieron tomas de cruceros, “ya no hay nada”.
Tienen cuatro hijos, dos de ellos nacidos en Estados Unidos, y ninguno estuvo de acuerdo con el encargo comunal que su padre había asumido.
A Gregoria Villarreal, esposa de Teodoro Dircio Simón, le preocupa “cómo ver a la presidenta Claudia para pedirle que nos ayude, porque hay muchas señoras que nos animan para ir a buscarla”, pero lamenta que con trabajo van una vez al mes a Chilpancingo a ver a sus presos.
“Si la presidenta nos escuchara, yo digo que iba a buscar la forma de ayudarnos, porque a nosotras es a las que mero nos duele, la verdad”, dijo.
La idea de ver a la presidenta la comparten familiares cercanos, directos, sobre todo porque perciben que son ellos los que mantienen alto el interés de su liberación, mientras que en la población, “hay personas que no apoyan a la comunitaria y hay gente que sí”, como dice la propia señora Gregoria.
La hija norteamericana
Nacida en Estados Unidos, Ernestina, hija Leobardo Gavino y Mónica Morán, no confía en la justicia mexicana, “no me gusta porque hay mucha corrupción”, afirma, y dice que desde que pasó lo “de los normalistas, decidí quedarme ya en Estados Unidos para siempre”, pues aunque estaba muy chica le entró mucho miedo, y es por eso que se sacó de la cabeza el poder hacer vida en México.
Comenta que ella y sus hermanos, aunque saben que su papá estaba haciendo un bien, no querían que “anduviera en eso, por la corrupción”, insiste la joven que está de visita en el pueblo natal de sus padres, con el que no tiene mayor apego.
En las esposas y en algunos consejeros se percibe desánimo porque están resintiendo que “cuando detienen a unos, hay gente que apoya y gente que no, incluso, el grupo que de por sí no los quiere dice que está bien que allá se queden ya”, contó Gregoria.
Resulta claro que hay, cuando menos, dos grandes grupos en la comunidad que se disputan la representación política y los espacios reales de poder, empezando por la presidencia municipal, pero también la seguridad o las figuras de la tradición, como el tlayakanqui.
Y muy claro resulta además que los cinco implicados aún cuando portaban armas ilegales, éstas eran y se las había dado el pueblo, y como dice el consejo que los representa, se trata de gente honrada y de trabajo, como se ve en cada metro cuadrado de sus casas visitadas por El Sur.
Martín Equihua
