EDITORIAL
En una semana, dos reporteros de El Sur han sido agredidos en acciones claramente relacionadas con su trabajo periodístico.
La noche del sábado 9 de noviembre, hombres con uniformes como de policías estatales y portando armas largas abordaron al reportero Luis Daniel Nava, quien venía de la comunidad serrana de Chautipan, Chilpancingo, donde cubrió el sepelio de los 11 comerciantes y vecinos de esa comunidad cuyos cuerpos cercenados fueron dejados en una camioneta al sur de la capital.
Cuando el compañero se identificó como periodista, los hombres le dijeron que ya sabían a qué se dedica y le robaron su celular y su computadora portátil.
Y este viernes, mientras entrevistaba al alcalde de Chil-pancingo, Gustavo Alarcón, sobre el sustituto del encargado de despacho acusado de participar en el asesinato de su antecesor Alejandro Arcos, nuestra reportera Alina Navarrete Fernández recibió manotazos, empujones y golpes de parte de dos agresivos escoltas que tuvieron el mismo comportamiento con otros colegas.
En medio, compañeros de una plataforma digital recibieron ame-nazas de enviados de una diputada local de Morena, porque difundieron el video en el que ésta aparece paseando por Chilpancingo en un raro y lujoso automóvil eléctrico. La diputada representa el distrito que abarca los municipios Eduardo Neri, Nicolás Bravo y Heliodoro Castillo que con frecuencia aparecen en los medios como escenario de hechos de violencia vinculados al crimen organizado.
Por eso, por el contexto de las agresiones, los reporteros y reporte-ras de Chilpancingo han encendido las alarmas y se ha movilizado para solidarizarse con los agredidos, para exigir a los gobiernos garantías de seguridad para el trabajo periodístico y para denunciar con valentía a grupos interesados en que no se informe de la violencia en el estado.
El Sur ha dado amplia difusión a estas protestas no solamente por cumplir con su función de informar, sino también porque está de acuerdo con ellas. Desde este periódico, exigimos a los gobiernos estatal, federal y municipal que garanticen la libertad de prensa y la integridad de las y los periodistas.
Nosotros hemos tomado providencias para proteger la integridad de Luis Daniel Nava y de Alina Navarrete. Pero corresponde sobre todo a la autoridad propiciar un clima de respeto a los periodistas y a las libertades de expresión y de prensa.
Por eso ante los acontecimientos aquí resumidos preocupa el silencio de la gobernadora y del alcalde.
Nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. No podemos cerrar los ojos ante la violencia que se extiende en el estado, que llega a extremos de crueldad inéditos.
Y en general el gremio de Guerrero, y el de Chilpancingo en particular, ha hecho una cobertura responsable de este fenómeno y ha establecido protocolos para la misma cuidando la seguridad de los periodistas. Y en esa línea, El Sur continuará informando de la violencia en la entidad como invariablemente lo ha hecho hasta ahora: sin amarillismo ni sensacionalismos y acudiendo a fuentes acreditadas lo mismo de los gobiernos que de las víctimas, los defensores de derechos humanos o las organizaciones de la sociedad.
Llamamos a nuestros lectores a estar atentos, a solidarizarse con los periodistas y a defender su derecho a la información.
