Lima, Perú, 31 de diciembre 2017. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordena revocar el indulto al ex presidente Alberto Fujimori el Perú no acatará, anticipó la jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, en una entrevista que publica hoy domingo el diario limeño “Correo”.
“Somos obedientes de nuestros compromisos internacionales pero tenemos una Constitución que es expresa en la capacidad del presidente de otorgar indultos o no. Tenemos que hacer caso primero a nuestra Constitución, obviamente”, afirmó Aráoz.
La Corte IDH anunció esta semana que evaluará el caso en febrero, durante su sesión anual, debido a que ese tribunal examinó en su momento las masacres conocidas como “Barrios Altos” y “La Cantuta”, en las que murieron 25 personas y por las que Fujimori fue condenado en 2007 a 25 de cárcel como autor mediato.
Según los abogados de los deudos, Carlos Rivera y Gloria Cano, la Corte IDH, cuyos fallos son vinculantes para el Perú, podría incluso ordenar que Fujimori regrese a la cárcel, aunque esa opinión no es compartida por varios constitucionalistas.
Tratados internacionales hablan de que no haya beneficios para crímenes de lesa humanidad, pero el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski recurrió a la figura de “indulto humanitario”, en el que la base es la mala salud del reo.
Para expertos, aunque haya desconfianza sobre el estado de salud de Fujimori, las razones “humanitarias” se enmarcan dentro de las amplias facultades que le da la Constitución a un jefe de Estado para conceder indultos.
Incluso, muchas de las marchas de protesta de los últimos días no tienen como bandera la eliminación del indulto, sino la expresión de repudio y la búsqueda de que Kuczynski renuncie por “traidor”.
Fujimori, de 79 años, quien según los informes médicos que lo beneficiaron tiene enfermedades no terminales pero degenerativas, fue indultado pocas horas antes de la Navidad, cuando le faltaban cumplir 15 años de cárcel por los 25 asesinatos y dos secuestros agravados perpetrados en su Gobierno (1990-2000).
Según un sondeo de la firma Ipsos, un 63 por ciento de peruanos cree que el indulto es fruto de una negociación para que un sector de parlamentarios fujimoristas salvara a Kuczynski de ser destituido la semana pasada por el Congreso, que lo acusaba de “incapacidad moral” por ocultar relaciones laborales con la cuestionada constructora brasileña Odebrecht.
Texto: DPA / Foto: EFE
