El Congreso Nacional Indígena se manifiesta en la Secretaría de Gobernación en la Cdmx y señala que se violaron varios derechos de Jesús Plácido. Sigue incomunicado en el penal del Altiplano, denuncia su abogado
Chilpancingo, Guerrero, 21 de julio de 2026. Campesinos de varios núcleos agrarios del municipio de San Luis Acatlán, región de la Costa Chica, bloquearon ayer seis horas la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, en el puente de Marquelia, en demanda de la libertad del dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y hasta las 10 de la noche tenían retenidos a dos funcionarios del Gobierno estatal.
En tanto que en la Ciudad de México integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), al que pertenece el Cipog-EZ, protestaron en un mitin afuera de la Secretaría de Gobernación, en donde el abogado, Javier Rodríguez, denunció que al detenido le violaron su derecho a la comunicación, el debido proceso, y en la primera audiencia se le violó el principio de inmediación, es decir, no le imputaron el delito enfrente del juez, sino mediante una videollamada.
En el bloqueo de Marquelia participó la madre del dirigente del Cipog-EZ, Enedina Galindo, quien insistió que su hijo es inocente y denunció al Gobierno del estado de fabricarle el delito de homicidio por denunciar la violencia, exigir seguridad en los pueblos indígenas y demandar obras sociales.
El Principal de Buenavista, de donde es originario Plácido Galindo, Pedro Martínez Plácido declaró por teléfono que también exigen las renuncias de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y del subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, porque son los que le “fabricaron” el delito de homicidio.
Plácido Galindo fue detenido el viernes pasado por el delito de homicidio en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, originario de Xicotlán, municipio de Chilapa, ocurrido el 30 de octubre del 2021. Las autoridades estatales y federales también lo vinculan con los grupos delictivos de Los Tlacos y Los Rojos, señalamiento que han rechazado sus familiares y dirigentes de la organización.
De acuerdo con fuentes policiacas, el promotor del Cipog-EZ fue puesto a disposición de un Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Chilpancingo, sin embargo, fue trasladado e ingresado en el penal de máxima seguridad número 1 del Altiplano, Estado de México.
Responsabilizan a la gobernadora y al subsecretario Rodríguez Cisneros
En el bloqueo a la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, participaron unos 500 integrantes de ejidos de San Luis Acatlán, encabezados por el de Buenavista, informó Martínez Plácido.
A las 10 de la mañana, el también ex Comisariado Ejidal de Buenavista advirtió que mantendrían el bloqueo hasta lograr la libertad del dirigente indígena, “si es preciso queremos que lo liberen hoy mismo, pero venimos preparados para estar el tiempo que necesario”, indicó.
Dijo que responsabilizan a la gobernadora Salgado Pineda y al subsecretario Rodríguez Cisneros de la integridad física de Plácido Galindo, quien padece de diabetes. Asimismo, los responsabilizan de lo que les pueda pasar a quienes participaron en el bloqueo.
“Ellos son los que fabricaron este problema, sin tener pruebas en la mano acusaron al compañero, y Francisco Rodríguez Cisneros lo citó a una reunión el viernes en Acapulco, ayer (el domingo) publicó una nota en la que desconoce lo que hizo, pero hay mensajes que mandó, por eso estamos pidiendo su renuncia, porque la verdad son Gobierno y no deben actuar de esa forma”, recriminó el dirigente comunitario.
Después del mediodía llegaron a dialogar con los manifestantes, el director de Gobernación del estado, Rafael Julián Arcos y el delegado de Gobernación en la Costa Chica, Germán Herrera.
A las tres de la tarde los manifestantes decidieron levantar el bloqueo, pero se llevaron retenidos a los dos funcionarios estatales a Buenavista, “hasta que liberen a nuestro compañero Jesús Plácido”, advirtió uno de los representantes comunitarios por teléfono.
Sin embargo, otro de los manifestantes, también por teléfono, matizó que los dos funcionarios “aceptaron seguir el diálogo en Buenavista”, a condición de que liberaran la carretera.
A las 10 de la noche los dos funcionarios seguían retenidos y el acuerdo de los pobladores fue que “seguirán dialogando” con ellos hasta que liberen a Jesús Plácido Galindo, o vaya el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros.
Sigue incomunicado en el penal del Altiplano, informa su defensa
En tanto que integrantes del CNI realizaron un mitin a las 4 de la tarde afuera de la Secretaría de Gobernación, en la Ciudad de México, en donde convocó a las Jornadas Globales por la Libertad de Jesús Plácido Galindo y el alto a la guerra contra el Cipog-EZ”.
El abogado de Plácido Galindo, Javier Rodríguez denunció que hoy, “el enemigo número uno del Estado y de la Cuatro T es un indígena ñu saavi; un campesino labrador de su tierra y luchador social, al que le están abriendo carpetas de investigación por diferentes delitos”.
A cuatro días de la detención del dirigente indígena, el abogado denunció que todavía no ha podido tener comunicación con él como abogado, ni tampoco había tenido la oportunidad de revisar la carpeta de investigación.
Informó que el domingo fue al penal federal número 1 del Altiplano para intentar tener una reunión con Plácido como abogado, pero no le permitieron el acceso con el argumento de que estaban invertidos sus apellidos, “y buscaron sinfines de excusas para no dejarnos hablar con él”, dijo y añadió que, por lo tanto, “sigue incomunicado”.
Mediante un video que se transmitió por Facebook, denunció que desde su detención Plácido Galindo pasó mas de 30 horas sin tener derecho a una llamada telefónica con algún integrante de su familia ni con un abogado de su confianza. Contó que el Estado le puso uno de oficio, en contra de su voluntad.
Contó que desde las 2:30 de la tarde del viernes que fue detenido hasta las 7:30 del sábado, es decir 30 horas después, sólo le permitieron hacer una llamada de un minuto a su esposa y es la única comunicación y contacto que sus familiares han tenido con él.
Denunció que, al entrar al penal, los militares le arrebataron el botón de asistencia del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, “lo arrojaron al piso y lo destruyeron, con lo que, lo primero que hicieron, fue pulverizar las pocas medidas de protección que le habían dejado.
Alertó que su situación se ha complicado debido a que anteriormente le quitaron el acompañamiento de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal.
El abogado indicó que, por tanto, la vida de Placido Galindo sigue en riesgo “porque ha sido amenazado por los cárteles que trabajan en Guerrero”.
Explicó que la carpeta de investigación que le fabricaron es reciente, de este año, a pesar de que el hecho delictivo que le imputan ocurrió en el 2021, es decir, hace cinco años.
“La carpeta de investigación ni siquiera tiene código, se fabricó sin orden, el único delito por el que se le acusa en esa carpeta es el de homicidio calificado, no están los delitos de secuestro ni crimen organizado, como se informó inicialmente”, indicó.
Sin embargo, dijo que es posible que le estén fabricando más carpetas por otros delitos, porque el homicidio calificado es del fuero común y se está llevando en Guerrero, “¿entonces por qué está en un penal de máxima seguridad, de control federal? Eso nos indica que hay comunicación y están interviniendo tanto gobierno federal como el estatal, ambos de la Cuatro T”.
El abogado informó que a Plácido Galindo le violaron su derecho de comunicación y el debido proceso, en tanto que en la primera audiencia se le violó el principio de inmediación, es decir, que tenía que estar enfrente del juez, sin embargo, estuvo en la audiencia por videollamada.
El abogado Javier Rodríguez contó que la señal de Internet era imperfecta y que la audiencia se retrasó por más de seis horas, “lo que suponemos es que el compañero ni si quiera entendió la imputación que le hizo el Ministerio Público”.
Le imputan a Jesús Plácido el asesinato de un comisario y transportista de Xicotlán, Chilapa
El asesinato que se le imputa al dirigente del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo, y por el que fue detenido el viernes pasado, es el del comisario municipal nahua de Xicotlán, municipio de Chilapa, José Pablo Xanteco Bartolo, ocurrido el 30 de octubre del 2021.
Testimonios de vecinos indican que José Pablo de 47 años de edad, era transportista y cubría la ruta de Xicotlán a Chilapa en un Nissan Tsuru de modelo antiguo.
Ese día salió entre 10 y 11 de la mañana de Xicotlán rumbo a Chilapa, contratado por dos jóvenes quienes ya casi al llegar a Chilapa, en la colonia Corral de Piedra, lo asesinaron a balazos.
De acuerdo con las fuentes, el caso, a diferencia de otros que ocurren en la zona cometidos en contra de miembros del Cipog-EZ o de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), no se hizo público, a pesar de que la víctima era el comisario municipal, y de que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias.
Sin mayores elementos que señalen al dirigente del Cipog-EZ Plácido Galindo como el responsable intelectual, en la comunidad se corrió el rumor de que fue él quien planeó el asesinato, derivado de que José Pablo no quiso, como comisario municipal, formar parte del Cipog-EZ.
“Yo creo que le hicieron daño porque no se quiso someter a la organización de esa gente como comisario municipal y no quiso firmar los acuerdos, debido a que predicaba una religión que le impedía formar parte de otras agrupaciones”, dijo el ex comisario municipal y dirigente de San Jerónimo Palantla, Constantino Calvario Merino, quien se asume como perseguido por la CRAC-PF y el Cipog-EZ, Contó que ha sobrevivido por lo menos a cinco atentados, del último sigue convaleciendo.
“Él (José Pablo) decía que no tenía problemas con nadie y no tomó las precauciones, por eso le hizo daño esa gente, siempre fue tranquilo no se metía con nadie, platicaba con todos porque no le gustaba echar pleito con nadie”, declaró Constantino.
Dijo que su “mala suerte” fue que lo eligieron comisario “y ya siendo autoridad no se quiso someter a esas organizaciones y por eso le quitaron la vida”.
Aseguró que como el asesinato de José Pablo ocurrieron otros de los que se responsabilizó al Cipog-EZ y a la CRAC-PF, como el de Antonia Orgin Casarrubias, originaria de San Jerónimo Palantla, pero que ya llevaba mas de 10 años radicando en Chilapa.
Aseguró que ese caso tampoco se hizo público “no hubo ni carpeta de investigación” porque sus familiares impidieron que actuara el personal de la FGE y ellos realizaron el levantamiento del cuerpo.
Calvario Merino denunció que él mismo ha sufrido varios atentados desde el 2013, cuando apenas comenzaba a organizarse la CRAC-PF.
El 8 de febrero del 2015 “me levantaron, me golpearon y me fracturaron la mano en la Comisaría Municipal junto con otros compañeros; el 12 de febrero de 2017 me emboscaron cerca de San Jerónimo Palantla junto con dos ciudadanos que resultaron lesionados; la camioneta recibió 12 impactos de bala”, contó.
Agregó que el 30 de diciembre de 2018 nuevamente lo emboscaron en el lugar conocido como Cruz Verde, cerca de Lamazintla, y salió ileso junto con uno de sus compañeros. Dijo que esa vez participaron en el ataque “diez encapuchados”.
El 11 de julio de 2019 sufrió otra emboscada, igual, cerca de Lamazintla, junto con 11 de sus vecinos, hombres y mujeres, y esa vez mataron a Salvadora Chávez Rendón y otra mujer, Santa Isabel, resultó lesionada de gravedad.
El 27 de septiembre 2025, Constantino resultó gravemente herido de otra emboscada junto con cinco de sus compañeros, y esa vez murió un nieto de Salvadora y él salió con lesiones graves, cerca de un retén de la Policía del Estado en la colonia de Zizintitlán de San Jerónimo Palantla.
Aseguró que, en todos los casos, entre los atacantes identificaron a gente del Cipog-EZ y de la CRAC-PF.
Zacarías Cervantes y Redacción/ Foto: Redes
