A una ministerial embarazada se le permitió salir el domingo. Cuatro son de la Ciudad de México, iban por un implicado en la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez. Los detuvieron entre mil vecinos con apoyo de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Texto y fotos: Jacob Morales Antonio
Pochotillo, Tecoanapa. Más de mil vecinos de la comunidad de Pochotillo, Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, retuvieron a 20 agentes ministeriales durante 28 horas porque allanaron cuatro casas para detener a un policía de la Ciudad de México, implicado en la desaparición del estudiante Marco Antonio Sánchez Flores.
Cuatro de los agentes son de la Ciudad de México que llegaron al mediodía del domingo a la comunidad ubicada a 45 minutos de la cabecera municipal, en busca del señor Ubiel Mora Gallardo, quien según datos recopilados entre los propios pobladores y agentes ministeriales del estado tiene una orden de presentación por el secuestro del estudiante que desapareció el pasado 23 de enero en la Ciudad de México y quien fue localizado este domingo.
De los 20 retenidos a una policía ministerial embarazada de unos 6 meses de gestación se le permitió salir de la comunidad el mismo domingo, mientras otras dos quedaron entre los retenidos entre los que está el sub secretario de operaciones de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, Álvaro Sánchez Valdez. Los retenidos fueron liberado a las a las 5:35 de la tarde, no presentaban golpes.
Por la mañana en conferencia de prensa en el restaurante 100% Natural de la Condesa de Acapulco el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó la retención de los agentes ministeriales e indicó que personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos había acudido a la comunidad para ver la situación de los agentes.
Según lo narrado por lo pobladores los agentes llegaron a la casa de la familia del policía de la Cdmx para intentar detenerlo pero Mora Gallardo no se encontraba ahí, y su familia fue amedrentada y robada por los agentes ministeriales.
La afectada Aida Mora Gallardo narró que los agentes entraron a su casa el domingo a mediodía, les quitaron dos celulares y dos tabletas que fueron regresadas este lunes, a excepción de una tableta que fue pagada a la familia por 7 mil pesos porque no fue localizada. También los despojaron de 2 mil pesos que los agentes de la Cdmx devolvieron.
Indicó que llegaron buscando a un Ubiel, quien no vive ahí, y “jalonearon a mi mamá de 75 años–Antonia Gallardo Mayo”. La señora mostró su casa donde permanecía la ropa tirada y los roperos abiertos.
Denunció que los agentes ministeriales se querían llevar a su mamá, a quien le ofrecieron 500 pesos para que cerrara su pequeña tienda. Ayer la señora estaba postrada en la cama luego de que se le subió su presión arterial y quedara afectada por la operación. Por la atención médica de la señora de 75 años los agentes cubrieron la cantidad de 5 mil pesos.
El vecino Ernesto Ramírez Mayo dijo que los agentes llegaron sin ningún tipo de protocolo, “de forma brusca, intimidando casi a la mayor parte de la población, metiéndose a las casas porque supuestamente tenían una orden de presentación”.
Indicó que los ministeriales incurrieron en un error al no presentarse con las autoridades municipales y comunitarias, además de meterse a las casas lo que provocó que “la gente se enardeciera, y se organizara, y en este caso los detuviera”, con el respaldo de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
Los agentes detenidos permanecieron en la Comisaría Municipal donde los pobladores les dieron de desayunar y comer. A las armas les quitaron los cartuchos, y otras pertenencias que fueron resguardados por las autoridades municipales.
Desde el domingo la única autoridad que se presentó en la noche fue el coordinador de la Policía Ministerial de Costa Chica, Miguel Barragán. Ayer al mediodía llegó fiscal regional, Manuel Valente Contreras, el coordinador de la Policía del Estado, Rafael Beltrán Noverola, y el visitador de la Comisión de los Derechos Humanos de Guerrero, Samir Rendón Rosas para dialogar con los pobladores y liberar a los agentes.
Unos 3 mil vecinos se organizaron y aportaron tortillas y verduras para cocinar y dar de comer a los retenidos. El DIF municipal envió una caja de huevos, jitomate, arroz, aceite y otros insumos.
Afuera de la Comisaría fueron instaladas tres fogatas, ahí las mujeres cocinaron la mañana de ayer huevo en salsa roja, y en la tarde hubo huevo duro y arroz que repartieron para comer.
Afuera de la comunidad, en el retén de los policías de la UPOEG, permanecieron cuatro patrullas de la Policía del Estado de las fuerzas especiales, así como otras dos patrullas de la Policía Ministerial.
Desde las 12 del día fueron redactados los acuerdos que fueron leídos en voz alta a la comunidad, y firmados alrededor de las 3 de la tarde, para las 5 los agentes ministeriales salieron de la comunidad una vez que firmaron los documentos y su firma fue corroborada con sus credenciales.
El comisario, Petronilo Mayo Aparicio también firmó el documento como autoridad, así como los representantes de la Policía Ministerial, de la Policía del Estado y de la Codehum que acudieron.
Entre los acuerdos está una disculpa de los agentes a las familias afectadas, habitantes del pueblo y autoridades comunitarias, “el comandante y su grupo de policías ministeriales aceptan el abuso cometido, allanamiento de morada y se hicieron responsables de los daños materiales físicos y morales que ocasionaron”.
Se les solicitó a los policías ministeriales de la Ciudad de México y del Estado no tomar acciones en contra del pueblo, porque lo que quieren es paz. Se comprometieron a que en cualquier otra acción tienen que coordinarse con la policía de la UPOEG.
Otras exigencias que plantearon los pobladores es el envió de un médico de planta para la comunidad, así como el arreglo del jardín de niños, la primaria, la telesecundaria y una preparatoria popular.
Inadmisible acción, dice el vocero
El portavoz del Grupo Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia consideró “desafortunada” la acción de los pobladores y señaló que era “inadmisible que haya ciudadanos que pretendan impedir la correcta aplicación de la ley”.
Según el documento, la Fiscalía General del Estado, la Policía del Estado y Comisión Estatal de los Derechos Humanos lograron la liberación de 15 policías ministeriales y cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que habían sido retenidos por habitantes de El Pochotillo, municipio de Tecoanapa, desde la tarde del domingo pasado.
Agrega que habían acudido para ejecutar una orden de presentación girada por autoridades judiciales de la Ciudad de México, en contra de un habitante de El Pochotillo; los habitantes impidieron que se cumplimentara dicho mandato judicial y retuvieron a los elementos.
“En días pasados la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México solicitó el apoyo a la Policía Ministerial de la Fiscalía de Guerrero, por lo que 16 agentes de la PM los acompañaron a esa comunidad de la Costa Chica para que fuera cumplimentado dicho mandato judicial”, se indicó.
