El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad presenta hoy públicamente su informe final que concluye que la violencia de Estado entre 1965 y 1990 fue “sistemática y generalizada”, en los años de la llamada guerra sucia, y el gobierno mexicano debe reparar los daños de las víctimas y continuar con la búsqueda de los desaparecidos y con la investigación ministerial.
Como medida de no repetición, plantea el mecanismo, es necesario “abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública en el país”, el Ejército y la Marina no deben encargarse de la seguridad ciudadana dados sus antecedentes; además recomienda una estrategia nacional ciudadana para su retiro gradual en tareas de seguridad. Apunta a Guerrero como uno de los estados con más víctimas de detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada transitoria, desaparición forzada, masacre, tortura sexual, exilio, violencia sexual y violencia reproductiva.
El MEH es uno de los cinco mecanismos que conforman la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (Covehj), creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con un decreto emitido el 6 de octubre de 2021; los otros mecanismosson la reparación, la búsqueda, la memoria y la justicia,
El informe final Fue el Estado (1965-1990) está dividido en seis volúmenes, que suman sin contar el sexto de anexos, 3 mil 469 páginas de información, el primer volumen sintetiza la investigación del MEH y el segundo expone los hechos de violaciones graves a derechos humanos junto con sus consecuencias y afectaciones.
El volumen tercero explica las causas de la violencia de Estado en aquellos años; el cuarto responde a la pregunta quiénes fueron los responsables; y el quinto plantea factores de persistencia que tras 1990 continuaron permitiendo violaciones graves a derechos humanos.
Además de la responsabilidad del Estado en las violaciones graves a los derechos humanos, otra de las 20 conclusiones generales incluidas en el primer volumen de 326 páginas es que “en un primer momento el Estado combatió a las organizaciones político-militares y demás disidencias bajo el paradigma del enemigo interno. Al término de la guerra fría, el Estado justificó su acción contrainsurgente bajo nuevos marcos, como el del combate al narcotráfico”.
El MEH afirma que “a pesar de los procesos de profesionalización en los cuerpos de seguridad, tras 1990 las fuerzas armadas continuaron teniendo una centralidad, reservando para sí un amplio margen de acción que les ha permitido continuar cometiendo violaciones graves a derechos humanos y mantener impunidad respecto a las violaciones del pasado”.
Señala que la principal dificultad que afrontó en el desarrollo de sus investigaciones fue “la negación, el ocultamiento o la destrucción de documentación de interés histórico principalmente en los acervos”, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), “contribuyendo así a perpetuar la impunidad”.
Los conjuntos de víctimas identificadas en la investigación son comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia; poblaciones que se opusieron a políticas públicas de desarrollo; habitantes de zonas donde se combatió el narcotráfico; y personas marginalizadas y criminalizadas.
Asimismo, integrantes de las Fuerzas Armadas y policiales; disidencias político-partidistas; movimientos urbano-populares; disidencias sexo genéricas; disidencias religiosas; periodistas; y personas refugiadas guatemaltecas. Guerrero suma 734 víctimas, el cuarto estado con mayor cantidad, por arriba están la Ciudad de México con mil 119, Chiapas con 961 y Oaxaca con 850, el total del país es de 8 mil 593.
Puesto que el 26.86 por ciento de las víctimas sufrieron más de una violación a sus derechos humanos, el total de las violaciones asciende a 11 mil 743. Contabilizadas de forma separada, las víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero suman 30 mil 107. Fueron 279 personas entrevistadas en Guerrero pese a que fue una de las entidades en las que se dificultó llegar a localidades porla “violencia extrema”.
El MEH señala que “quizá la primera dificultad de fondo” del trabajo fue el vínculo con la Secretaría de Gobernación (Segob), lo que imposibilitó ejercer directamente los recursos materiales, determinar las condiciones de contrato de nuestro personal y “hasta ciertas presiones que recibimos por los contenidos del informe y de nuestros pronunciamientos públicos”. Aleida García Aguirre renunció como comisionada, según dijo en su carta citada en el informe, por “la subordinación de facto a la que somete en presupuesto, burocracia y decisiones de la sociedad civil frente a la institucional”.
El informe señala que la comisionada Eugenia Allier Montaño, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no reconoció su índice y presentó su propio documento. Por eso, los responsables de este informe son los comisionados Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, David Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, y Carlos Pérez Ricart, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Las recomendaciones del MEH para la memoria y la no repetición son el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y la disculpa pública con instauración de un Día Nacional en Conmemoración de las Víctimas de la Violencia Estatal de 1965 a 1990.
Los gobiernosfederal y estatales deben impulsar una campaña de difusión de los argumentos y los hallazgos del informe, además de crear sitios de memoria en los lugares donde se cometieron violaciones graves a los derechos humanos. Recomienda cambiar el nombre de los espacios públicos y vialidades que hacen alusión a perpetradores, incorporar en los planes de estudio las violaciones de los derechos humanos del pasado, y crear comisiones de la verdad para casos posteriores a 1990.
Propone reformar la Ley General de Víctimas que implique la desaparición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la creación de un nuevo organismo que haga una reparación de daño “integral” con un diagnóstico, como ya lo había propuesto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “de las necesidades relacionadas con el acceso a los derechos a la salud, alimentación y educación de las víctimas reconocidas residentes en el estado de Guerrero. Esta recomendación debe extenderse a las otras comunidades afectadas en el resto del país”.
El MEH recomienda la creación de una estrategia de búsqueda de parte de la CNB y continuar la investigación ministerial de parte de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado (FEIDSPP) de la Fiscalía General de la República (FGR). Además, “dados sus antecedentes y su índole especializada”, las Fuerzas Armadas, como el Ejército mexicano y la Marina, no deben encargarse del mantenimiento del orden público interno ni de la seguridad ciudadana, las cuales deben estar reservadas “primariamente” a los cuerpos policiales civiles, es decir, éstos no deben ser dirigidos por militares en activo ni por exmilitares”.
Recomienda una estrategia nacional de seguridad pública y ciudadana para “fomentar el diálogo entre civiles y militares con la intención de lograr un entendimiento nuevo respecto del control civil efectivo” de las FuerzasArmadas en tareas de seguridad pública.
La estrategia debe incluir una ruta y un calendario transexenales para el “retiro gradual” de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad con un marco normativo “claro y preciso” de sus acciones, la permanencia de la Guardia Nacional como cuerpo civil adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y un fondo de apoyo para los estados y municipios de fortalecimiento de la seguridad pública.
El paso de un enfoque de seguridad nacional en el tema de drogas a uno de salud pública y económica, y la conformación de un Mecanismo de Seguimiento de las Recomendaciones, son otras de las 142 que hace el MEH.
