En medio de las rondas de diálogo entre colectivos de desaparecidos y Segob, Comisión Nacional de Búsqueda y CEAV, ocurrió el asesinato en Jalisco de la madre buscadora María del Carmen Morales. Desde 2010, al menos se han registrado 28 casos similares. “No es un hecho aislado”, lamenta Martín Villalobos, activista presente en dichos encuentros. Y no existe un mecanismo estandarizado a nivel nacional que permita que en los estados “se asuman las responsabilidades” para garantizar seguridad a las buscadoras. Por eso, dice, “le agarramos la palabra a la presidenta”
El Sur / Ciudad de México, 26 de abril de 2025. Decenas de colectivos de búsqueda del país se unieron al llamado de Guerreros Buscadores de Jalisco para exigir justicia, luego de que una de sus integrantes, María del Carmen Morales fuera asesinada junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en Tlajomulco, localidad ubicada a las afueras de Guadalajara. En una carta difundida ese mismo día, expresaron su “profunda indignación, dolor y solidaridad” con la familia de María del Carmen, “cuya lucha incansable por la verdad y la justicia” para Ernesto Julián, su hijo desaparecido desde febrero de este año, le costó la vida.
En su pronunciamiento, remarcaron que los dos homicidios se dan en un momento en que Guerreros Buscadores de Jalisco “ha ganado visibilidad por su participación en el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. A raíz de ello, el colectivo y sus integrantes han sido objeto de un discurso de criminalización por parte de autoridades, sectores de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples amenazas en su contra”.
María del Carmen Morales es la buscadora asesinada número 28 desde 2010, según el conteo del sitio A dónde van los desaparecidos. El nombre de la jalisciense es precedido por el de su paisana Teresa González Murillo, quien buscaba a su hermano Jaime, desaparecido en 2024, y fue baleada en su casa en Guadalajara el 27 de marzo. El 2 de abril murió en el hospital a consecuencia de las heridas.
En este contexto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ve con esperanza las mesas de diálogo que tuvieron lugar durante abril entre colectivos de búsqueda y la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Consejería Jurídica de Presidencia, con el objetivo central de construir una agenda conjunta que garantice la verdad, la justicia y una atención digna a las víctimas.
“Se ha podido llegar a acuerdos que al final del día fueron asumidos por Gobernación como un punto de partida para poder instrumentar dentro del gobierno federal las políticas que se requieren a fin de ir generando cambios” en las búsquedas y en el tema de agresiones contra buscadoras, comenta Martín Villalobos, miembro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en entrevista con El Sur.
El activista, presente en parte de los encuentros, resalta que uno de los puntos importantes tratados ahí fue el recuento de “las condiciones y las situaciones bajo las cuales las buscadoras, en general, desarrollan esta actividad tan peligrosa y tan cuestionada a veces no sólo por las autoridades, sino también por la propia sociedad”.
En seis meses, seis ataques letales
El pasado 7 de abril, menciona el comunicado publicado por colectivos de búsqueda tras el asesinato de María del Carmen Morales, integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco “fueron recibidas por Segob, ante quienes manifestaron de manera clara y directa el riesgo que enfrentan debido a su labor de búsqueda y denuncia”.
Añade: “Es fundamental subrayar que este hecho no es aislado. A lo largo del país, diversas personas buscadoras se encuentran en condiciones similares de riesgo, derivadas de su labor. Varias personas buscadoras asesinadas habían solicitado medidas de protección a las autoridades competentes, sin que estas fueran otorgadas o implementadas con la urgencia o eficacia necesarias”.
Cita como ejemplo a María Teresa González Murillo, “quien ya había recibido tres amenazas de muerte previas al ataque y solicitado ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas”.
Además del “terrible asesinato de María del Carmen Morales, se han documentado 6 casos de agresiones letales en contra de buscadoras en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De 2010 al día de hoy, se han documentado 30 casos de personas buscadoras agredidas de manera letal: 4 desapariciones y 26 asesinatos. De 2019 a la fecha, se han perpetrado 24 de los 30 casos”.
Urgen protocolos de seguridad
El jueves, día del doble asesinato en Tlajomulco, concluyeron las primeras rondas de diálogo, que fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum. “Tenemos la indicación de atender como una prioridad de Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, afirmó el 7 de abril, al inaugurar la primera mesa.
De acuerdo con Villalobos, ahí se reconoció que hay más de 120 mil desaparecidos y que las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son agredidas y asesinadas. “Es uno de los temas que abordaron los colectivos con Segob. Otro fue el que llamamos de prevención, en el que se hace el recuento de cuáles son las condiciones y las situaciones bajo las que las buscadoras, en general, desarrollan esta actividad tan peligrosa”.
No existe un mecanismo estandarizado a nivel nacional, explica, que permita que en los estados “se asuman las responsabilidades que deberían de corresponder para que las buscadoras, no solamente en el ejercicio de la búsqueda sino también en el ejercicio de la vida cotidiana, puedan tener condiciones que les garanticen seguridad”.
Ello no necesariamente implica que ellas deban tener guardaespaldas, precisa. “Se requiere una política pública integral que determine desde condiciones básicas de acompañamiento en territorio de búsqueda y procesos permanentes de vigilancia”.
Es necesario, asimismo, la generación de análisis de contexto integrales; por ejemplo, de la actividad que desarrollan las buscadoras, la región donde viven, las actividades que realizan en lo cotidiano, las formas de trabajo y de agresión por parte de la delincuencia organizada en estas regiones. Todo esto ayudaría a generar protocolos de actuación de las propias autoridades para tener más cercanía y más vigilancia.
“Como el caso de las personas asesinadas, lamentablemente sucede en los lugares donde viven o en las actividades que van desarrollando de manera continua. Esto, a su vez, deja claro que hay oportunidad de que el crimen organizado haga esto porque hay ausencia de estos mecanismos”, analiza Villalobos.
“La exposición de las buscadoras va más allá del mero acto de buscar o de incidir en la visibilización de las desapariciones: lamentablemente trasciende a su propia familia, a los amigos y a los lugares donde viven. Son los casos terribles que hemos visto últimamente”.
“Una madre siempre va a buscar a su hijo”
Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, desaparecido desde el 17 de enero de 2011, y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), advierte que los colectivos “no recibimos la ayuda inmediata que requerimos de las autoridades para encontrar a nuestros desaparecidos, y es cuando salimos a la calle a buscar. Estamos haciendo lo que deberían de hacer las autoridades, definitivamente. Toda la investigación”.
El gobierno sabe, enfatiza, “que nosotras como madres hacemos todo por nuestros hijos. Entonces se hacen búsquedas, el trabajo que debería de hacer el gobierno. ¿Por qué no lo hacen? Por múltiples situaciones, una es que no se tiene el personal”.
–Buscar ha traído ataques e incluso hay buscadoras asesinadas.
–Son agresiones que no se deben de dar a nadie. Y sobre todo si hablamos de las buscadoras, porque nosotras andamos haciendo algo natural: una madre siempre va a buscar a su hijo.
–¿Qué le parece que el gobierno esté teniendo pláticas con los colectivos en el contexto de las agresiones?
–Es importante que esto se dé, porque algo tienen que hacer ante la crisis de desapariciones. Tristemente, en lo personal, que tengo tanto tiempo en esto, sé lo que va a pasar: puro trabajo de escritorio, pero nada efectivo, nada que nos saque del problema que tenemos. Una búsqueda bien hecha no tendría por qué ponernos en riesgo. Recientemente, un grupo de personas se fueron a buscar sin llevarse a la Guardia Nacional. En Zacatecas. No se fueron por gusto. Es una necesidad básica que una madre vaya a buscar a sus hijos.
Diálogo inédito y esperanzador
Al comienzo de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de desaparecidos, en particular con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En junio de 2019, a siete meses de haber asumido la presidencia, durante la presentación del informe de trabajo de los tres primeros meses del Sistema Nacional de Búsqueda escuchó demandas de quienes acudieron al Salón de la Tesorería del Palacio Nacional y se comprometió a mantener esos encuentros cada tres meses “para que entre todas y todos avancemos en el propósito de encontrar a las personas desaparecidas”.
“Va a haber justicia en México”, prometió a familiares de víctimas de la violencia en el país y desaparecidos. “No nos ocultaremos. Por difícil, doloroso o incómodo que sea, trataremos este lamentable asunto. Siempre daremos la cara (…) no tenemos problemas de conciencia. Enfrentaremos cualquier problema por difícil que sea”, afirmó.
Conforme avanzó su sexenio, el fenómeno de las desapariciones rebasó a su gobierno, pero a las únicas familias que volvió a recibir –sin entregarles resultados– fue a las de Ayotzinapa. Con las organizaciones de derechos humanos y de búsqueda la relación se tornó áspera, primero, e inexistente después.
Por eso, cuando habla de los recientes encuentros entre colectivos de búsqueda y funcionarios federales de alto nivel, ocurridos ya en la presidencia de Claudia Sheinbaum, Martín Villalobos admite que en años pasados “hubo un proceso que lamentablemente generó desconfianza con el gobierno anterior”.
“Se politizaron mucho las demandas legítimas de las personas buscadoras. Se dijo que a lo mejor éramos alentados por organismos internacionales o por organizaciones oscuras, que lo que querían era desestabilizar, cuando la realidad es otra”.
En 2024, relata, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México inició un proceso de diálogo con el gobierno federal. “Desde el momento en que la presidenta Sheinbaum dijo públicamente que quería reunirse con los colectivos, nosotros le agarramos la palabra. Este año, cuando volvió a decirlo, volvimos a solicitar esa reunión, que finalmente permitió que tuviéramos ciertos acercamientos a través de Gobernación”. Al principio, reitera Villalobos, “sí hubo como este tema de desconfianza sobre qué queríamos”.
“Conocieron que el movimiento es un grupo de 97 colectivos nacionales, que trabaja con propuestas serias, con una metodología, con un respeto, no político. Que siempre trata de buscar los mejores instrumentos de diálogo poniendo en el centro a las familias y sus necesidades”.
Fue a partir del reconocimiento del movimiento como actor importante en varios sexenios “que se fueron generando y construyendo las bases que pudieron llevar a esta propuesta de mesas de negociación que nos duraron tres días.
“El gobierno federal abrió un proceso dentro del cual hubo la oportunidad de que cientos de colectivos pudieran expresar y aportar sus visiones y elementos” que han permitido a las autoridades “recoger todas esas inquietudes para poder instrumentar un programa nacional de operaciones que frene esto”.
Afirma el activista que “se ha podido llegar a acuerdos que fueron asumidos por Gobernación como un punto de partida”. Es un proceso que apenas inicia, dice con precaución. “Un proceso que será permanente porque hay mucho que discutir, abonar y reformar. Vemos con buenos ojos esta actitud. Nos genera esperanza. Es algo”.
Texto: Guillermo Rivera
