DE NORTE A SUR
Silber Meza
Los cargos contra Rubén Rocha Moya son demasiado graves para que el gobierno de México lo proteja, y sin embargo, lo hace.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que entregará a Rocha sólo si Estados Unidos le comparte pruebas que convenzan a su gobierno. Lo dijo envuelta en un discurso de rechazo a la acusación estadunidense y con un halo de protección a la soberanía nacional.
Estados Unidos tiene todas las pruebas posibles. Cuenta con aceitados mecanismos de informantes. Tiene en sus prisiones a Ovidio y Joaquín Guzmán López, a Ismael Zambada García, alias El Mayo, y a 90 extraditados más que le ha entregado la misma administración de Sheinbaum. Si alguien tiene el mapa criminal completo, ese es nuestro vecino norteño.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido desde que llegó a su segundo mandato: México tiene que hacer más contra el crimen organizado. Y ha deslizado, por diferentes vías, que también contra la narcopolítica.
Sheinbaum dijo en su conferencia mañanera del jueves pasado que esto nunca había pasado, que no se había pedido una orden de aprehensión contra políticos de alto nivel en funciones; me queda claro que su gobierno le apostó a que Trump no se animaría a tanto. Se equivocó. Y si de errores hablamos, uno de los más grandes de la autodenominada Cuarta Transformación fue no investigar por sus propios medios a Rocha y demás narcopolíticos mexicanos. Le apostaron al olvido, a la negociación con EU en materia de seguridad y comercio, como lo hizo el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuando envió a miles de militares a detener el paso de los migrantes por nuestro territorio.
La relación crimen-gobierno-Rocha ha sido ampliamente señalada por políticos y periodistas. Se ha documentado cómo, por ejemplo, Los Chapitos intervinieron en su campaña a gobernador de Sinaloa secuestrando y amenazando operadores electorales de partidos opositores a Morena. “Me pusieron una pistola en la cabeza y me dijeron: si no gana Rocha los vamos a matar a todos”, me contó una persona secuestrada de quien no revelaré el nombre porque teme por su seguridad.
Pero la acusación no solamente va contra Rocha, y no podía ser. Además de él, están acusados de tener vínculos con el narcotráfico, en particular con la facción de Los Chapitos, nueve funcionarios más que forman parte del círculo íntimo de operación gubernamental en Sinaloa. Washington mandó un mensaje claro: esto no es obra de un solo hombre, sino de un sistema totalmente compro-metido.
En la lista que dio a conocer EU esta semana se halla Juan de Dios Gámez Mendívil, ahijado y delfín político de Rocha para sucederlo en el cargo.
“En su calidad de alcalde, Mendívil ha recibido sobornos de Los Chapitos. A cambio, Mendívil –quien, como alcalde, tiene autoridad sobre la Policía Municipal– ha permitido a Los Chapitos operar en Culiacán sin interferencia del gobierno, ha protegido las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos en su jurisdicción y ha protegido a los miembros de Los Chapitos de ser detenidos”, se lee en la acusación.
También es mencionado Enrique Inzunza Cázarez, la insustituible mano derecha de Rocha, oriundo de Badiraguato como él y actual senador, exdelfín –insostenible ya– por la gubernatura, exsecretario de Gobierno y quien controla de forma real todo el Poder Judicial de Sinaloa. La mano que mece la cuna, pues.
“Al igual que Rocha Moya –se lee en la lista–, Inzunza Cázarez se ha reunido con los líderes de Los Chapitos y otros líderes del cártel y ha acordado planes específicos para que el gobierno de Sinaloa, bajo el mando de Rocha Moya, apoye y proteja al cártel a cambio de favores por parte de éste que, a su vez, ayude a los acusados y a otros funcionarios corruptos a mantenerse en el poder”.
Se acusa a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas: el poder del dinero. En la argumentación se dice que “entregó a los líderes de Los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de Rocha Moya, para que Los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación”.
Vienen otros nombres, también importantes, en materia policiaca y de procuración de justicia vinculados con la facción de La Chapizza.
La presidenta Claudia Sheinbaum tiene dos opciones: o entrega a Rocha Moya y se enfrenta a un probable rompimiento con López Obrador, defensor incansable de Rocha, o lo protege y espera la embestida feroz del gobierno de Trump, algo que nadie tiene dimensionado y que podría consistir en críticas de palabra, sanciones económicas e incluso una incursión en territorio mexicano para capturar a Rocha Moya. Esto último sería el peor de los escenarios, lo que nadie quisiéramos porque violaría la soberanía nacional y nos metería en un conflicto de dimensiones mayúsculas que trastocaría el orden actual.
Sin embargo, por el impredecible proceder de Trump, todo es posible. Si lo hizo con Nicolás Maduro, que era presidente de Venezuela, lo puede hacer con Rocha Moya, aún gobernador de Sinaloa.
