La organización Red Solidaria Década contra la Impunidad exige a Claudia Sheinbaum que cumpla su compromiso de frenar la violencia a las mujeres, ya que en este caso hay cuatro en riesgo
Chilpancingo, Guerrero, 24 de octubre ded 2024. El Estado mexicano dejó sin protección a la familia del luchador social desaparecido y asesinado en el 2013, Arturo Hernández Cardona, señaló la organización Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado que emitió este miércoles, el organismo informó que debido a ello, su viuda y dos de sus hijas viven fuera del estado, y una más fuera del país, “como medida de protección ante la persecución y amenazas de que son víctimas”.
Hernández Cardona, dirigente de la organización social Unidad Popular (UP), fue privado de la libertad el 30 de mayo de 2013 cerca de Iguala junto a siete de sus compañeros, y el 3 de junio de ese mismo año su cuerpo con huellas de tortura fue encontrado a orillas de la carretera Chilpancingo-Iguala, junto al de sus acompañantes Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.
Por el secuestro en agravio del dirigente social y sus compañeros, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez fue condenado el 12 de mayo del 2023 a 92 años y seis meses de prisión, además le fue impuesta una multa equivalente a 920 mil 700 pesos. En la sentencia no se incluyó el delito de homicidio.
“A la fecha, y a pesar de que la familia de Arturo ha tenido que vivir fuera del estado, como una medida de protección a la persecución y amenazas de que son víctimas, el gobierno mexicano se ha negado a extender dichas medidas a todas las integrantes de esta familia”, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
Desde enero quitaron medidas de seguridad a Soledad Hernández
Informó que desde el principio de este año sin previo aviso le fueron retiradas las medidas de seguridad a María Soledad Hernández Mena, la hija mayor del activista, la única que tenía protección parcial.
El organismo responsabilizó al gobierno mexicano de la integridad física y sicológica de María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena, hijas de Arturo, así como de su viuda, Carolina Mena Marchán.
El 29 de mayo de 2013, Hernández Cardona y otros activistas de la UP presentaron por escrito una denuncia de hechos ante el Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo en la sede regional de la FGE de Iguala, en contra del entonces presidente municipal (PRD) José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, donde manifestaron tener el temor fundado de que el alcalde pudiese ordenar matarlos.
Al día siguiente, el 30 de mayo de 2013, integrantes de la UP realizaron una marcha en el tramo federal de la carretera México-Acapulco, en donde personal de la Policía Federal presuntamente se apersonó en el lugar.
Ese mismo día, después de la manifestación, Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza Villa, Rafael Bandera Román, integrantes de la UP, fueron desaparecidos, en tanto que otro, Jimmy Castrejón, logró escapar.
Según se supo después, los siete activistas fueron detenidos por policías municipales en complicidad de civiles armados tras concluir la protesta en la caseta de peaje de Iguala, y tres días después, el 3 de junio, se hizo el hallazgo del cuerpo de Hernández Cardona y dos de sus compañeros.
Ese mismo día, Héctor Arroyo Delgado, Nicolás Mendoza Villa, Efraín Amates Luna y Gregorio Dante Cervantes, habrían logrado escapar de sus captores.
El exalcalde Abarca Velázquez fue señalado por uno de los sobrevivientes de haber asesinado personalmente a Hernández Cardona, este caso es uno de los delitos por el que el ex presidente de Iguala sigue preso desde 2014 en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
En el comunicado que firman las integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo informaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el 1 de diciembre del 2014 las medidas cautelares 185-13 en favor de la “concubina” que entonces vivía con el activista, así como de la hija mayor de Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena y del testigo de la ejecución Nicolás Mendoza Villa y su familia.
Sin embargo, agregó que dejó en desprotección a la viuda, Carolina Mena Marchan y a dos de sus hijas Carolina y Reina Hernández Mena.
Las activistas de la Red denunciaron que el Gobierno mexicano se ha negado a extender las medidas a todas las integrantes de la familia.
Aseguraron que, por el contrario, a principios de este año, sin previo aviso, le retiró las medidas a María Soledad, por lo que ahora las tres hijas y la viuda del activista victimado se encuentran en total desprotección.
De acuerdo a las activistas, las cuatro no confían en las autoridades judiciales, para denunciar el acoso que reciben, e incluso, Reina, la hija menor de Arturo, ha salido del país “para mantener a salvo su integridad física y psicológica”.
“El gobierno insiste en no sólo no ampliarles las medidas, sino en retirárselas por completo”, denunciaron Magdalena López y Ericka Zamora.
Agregaron que el 14 de agosto, el Gobierno mexicano pidió a la CIDH el retiro de las medidas con el argumento de que la familia está incluida en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi) y el Registro Federal de Víctimas (Refevi), y que pueden recibir el apoyo que brinda la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), “a pesar de saber que muchas víctimas han presentado quejas, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la negligencia de los funcionarios de CEAV”.
Indicaron que el Gobierno basa su petición en el hecho de que la ex concubina del activista Arturo le avisó a la representación del Estado que saldría del país el 18 de octubre de 2021 y no ha notificado su retorno, sumado a que la familia del activista Arturo no ha realizado denuncias formales por el acoso y amenazas.
Las representantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad refirieron que el temor de las hijas y la viuda de Hernández Cardona se sustentan, también, en el hecho de que fue asesinado el hermano del testigo de la ejecución de Arturo, además del contexto de violencia que se vive en la entidad.
Las activistas advirtieron que el retiro de las medidas cautelares “parciales incumplidas” para María Soledad y la negación de extender dichas medidas a las otras dos hijas y la viuda de Arturo, “pone en total riesgo a esta familia”.
Por ello, pidieron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que cumpla su compromiso de frenar la violencia a las mujeres y les dé protección, “le recordamos que la familia del activista Hernández Cardona está compuesta de 4 mujeres; su esposa y sus tres hijas”.
Exigieron, también, que el Gobierno mexicano otorgue la ampliación de las medidas cautelares en favor de toda la familia de Arturo.
En tanto que a la CIDH, le pidieron que emita el Informe de Fondo del caso de Arturo.
Finalmente responsabilizaron al Gobierno mexicano de la integridad física y psicológica de María Soledad, Carolina y Reina Hernández Mena y de la viuda de Hernández Cardona, Carolina Mena Marchan.
Texto: Zacarías Cervantes/ Foto: El Sur
