El presidente del Colectivo Siempre Vivos dice que con el nuevo gobierno impera la impunidad, que él entregó 20 órdenes de aprehensión, pero no se ejecutaron. Indica que familiares de los nueve muertos en Zitlala le informaron que no cayeron en un enfrentamiento, sino fueron víctimas de una ejecución masiva cometida por Los Ardillos.
Chilpancingo, Guerrero, 28 de octubre de 2019. Apoyado por el organismo internacional Shelter City Justice and Peace, el presidente del colectivo Siempre Vivos, José Díaz Navarro, abandonó el país para recibir protección temporal, así como atención médica y sicológica, debido a la presión a la que se vio sometido por la violencia en Chilapa en los últimos 5 años, a donde en los últimos meses ya no podía viajar por el riesgo para su vida.
Vía telefónica desde Holanda, donde se encontraba este domingo, contó que por el peligro que lo rodeaba hasta en los restaurantes de su pueblo ya le negaban el servicio para evitarse problemas de violencia.
Se quejó de que ante esta violencia que crece, el actual gobierno federal carece de voluntad para resolver problema. y que se pasó del imperio de la corrupción en el anterior gobierno al imperio de la impunidad en el actual.
Aseguró que presentó pruebas y entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR) y al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador para que se ejecutaran de 20 a 22 órdenes de aprehensión en contra de los perpetradores de la violencia, ejecuciones y desapariciones en Chilapa, pero que la respuesta fue la omisión.
Mientras tanto, reprochó que en Chilapa la violencia va en aumento y rechazó que los 9 muertos encontrados la semana pasada en Pochahuizco, municipio de Zitlala, hayan caído en un enfrentamiento entre grupos rivales como lo informó el gobierno estatal. Informó que familiares de las víctimas le han informado por teléfono que se trató de una ejecución masiva cometida por el grupo delictivo de Los Ardillos.
En seguida, el defensor se preguntó: “¿Cuántas muertes y desapariciones se hubieran evitado si desde hace tres años que se liberaron las órdenes de aprehensión se hubieran ejecutado?”.
Hasta en los restaurantes le negaban el servicio
La iniciativa Shelter City Justice and Peace tiene su sede en La Haya, Holanda, y cuenta con refugios temporales en África, Costa Rica, Tanzania y Egipto, en donde ofrece un entorno seguro a los defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo. Además, “alienta actitudes positivas y constructivas entre los participantes y los socios locales”, refiere la página del organismo que extrajo de Guerrero a Díaz Navarro.
“Ya eran casi cinco años de estrés, presión, corajes, desesperación, amenazas, ejecuciones y desapariciones, todo eso ya me había complicado la vida y la salud”, explicó por teléfono Díaz Navarro. El defensor desde noviembre del 2014 comenzó a exigir justicia por el asesinato de sus hermanos Alejandrino y Hugo, cuyos cadáveres fueron encontrados decapitados, desmembrados e incinerados dentro de una camioneta en la carretera Chilapa-Zitlala.
Explicó que decidió acogerse a la protección de Shelter City Justice and Peace, porque en los últimos meses se le complicaron más que antes sus visitas a Chilapa, su pueblo, y ya no le proporcionaban el resguardo de la Policía Federal, “yo hacía la petición y me respondían con puras negativas y excusas”, se quejó.
Contó que en estas circunstancias implicaba mucho peligro viajar a su pueblo y que la misma gente así lo sentía debido a que las amenazas eran muy fuertes, “lo último que me pasó fue que cuando entré a un restaurante me pidieron de favor que mejor me retirara, que no me iban a atender porque les daba miedo que después de que yo saliera fueran y los rafaguearan por haberme atendido”.
Denunció que tampoco recibió el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, quien se había comprometido ir a Chilapa en el aniversario de la desaparición de personas por el grupo delictivo que irrumpió en Chilapa del 9 al 14 de mayo, pero el funcionario no fue.
Mientras tanto, expuso que el ambiente que se vive en Chilapa en los últimos meses es peor, “porque siguen las ejecuciones y las masacres”.
Recordó que lo más reciente fue la ejecución masiva de 9 personas en Pochahuizco, municipio de Zitlala la semana pasada. Rechazó que éstas hayan muerto en un enfrentamiento entre bandas rivales como informó el gobierno del estado.
“La información que yo tengo de familiares de algunas víctimas que me han hablado, es que Los Ardillos, como ya tienen el control total del territorio, están cometiendo este tipo de crímenes”, denunció.
Informó que la semana pasada, además de estos 9 ejecutados en Pochahuizco, hubo dos mujeres ejecutadas en el centro de Chilapa y que tiene información de tres personas desaparecidas; “es decir en una semana tenemos 15 personas entre asesinadas y desaparecidas”.
Después se quejó de que esto no le preocupa a nadie y que las autoridades prefieren seguir la consigna de “abrazos sí, y balazos no, aunque sabemos que es una estrategia que está fallando”.
Agregó que ante esta estrategia fallida no ve que el problema de violencia en esa zona se vaya a resolver pronto, “porque el presidente ya dijo que no se va a meter con los capos de la droga”.
Díaz Navarro declaró que no vio voluntad ni del gobierno anterior ni del actual para ayudar a los familiares de los desaparecidos para buscarlos y encontrarlos, “si este gobierno, a través de Alejandro Encinas, a través de la FGR o a través de la institución que fuera, tuvieran la voluntad de querer encontrar a nuestros desaparecidos yo tengo mucha información que nos puede conducir al lugar donde pudieran estar, cuando menos los desaparecidos del 9 al 14 de mayo del 2015”.
Dijo que con la información que tiene, también podría encontrarse a la familia García Feliciano que desapareció el 18 de octubre del 2017 cerca de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala.
Aseguró que le ha entregado información al mismo presidente de la República López Obrador de quiénes son los perpetradores de las ejecuciones y los culpables de las desapariciones, “pero sigue la complicidad y la estrategia fallida de no buscar a los responsables y generadores de esta violencia”.
Dijo que por eso sostiene que se pasó del imperio de la corrupción del anterior gobierno al imperio de la impunidad en la actual, “porque si quisieran actuar yo tengo los nombres, las fotografías y la información, pero son omisos tanto la fiscalía federal como la estatal, hay mucha protección”.
Aseguró que desde hace tres años hay en la PGR (hoy Fiscalía) entre 20 y 22 órdenes de aprehensión en contra de los perpetradores de la violencia en Chilapa y que no se ha querido cumplir, “siguen allí en el archivo, o en el bote de la basura, lamentablemente la estrategia del nuevo gobierno federal está igual o peor”.
El presidente del colectivo Siempre Vivos reprochó: ¿Cuántos asesinatos y cuántas desapariciones se habrían evitado si se hubieran cumplido estas órdenes de aprehensión desde hace tres años?”.
Declaró que en estas circunstancias le duele mucho no poder regresar a Chilapa por estar en más riesgo y peligro que antes. “La mía es una situación muy desesperante”, lamentó.
Díaz Navarro decidió desde septiembre pasado acogerse al programa de Shelter City Justice and Peace, que apoya a defensores de derechos humanos.
Actualmente el organismo tiene a 12 defensores de distintos países dentro del programa, de los cuales el guerrerense Díaz Navarro es el único de Latinoamérica. Los otros son de África, Afganistan, la India y Egipto que son países con altos índices de violencia.
Díaz Navarro explicó que el programa es muy completo y que reciben terapias para recuperación de estado de ánimo, de salud, pero sobre todo para disminuir los riesgos personales, contrarrestar eventualidades, identificar los riesgos y aprender a cuidarse, “es todo un curso de entrenamiento sicológico”, dijo.
Ayer el presidente de Siempre Vivos se encontraba en Holanda, aunque dijo que la movilidad es constante y que la semana que inicia se trasladaría a Bélgica y a Francia.
Argumentó que se vio obligado a salir temporalmente de Guerrero porque su esperanza se esfumó con este gobierno. “No veo esperanzas de que vaya a terminar con la violencia que hay y aunque el presidente dice que ya vivimos en un Estado de derecho, yo puedo asegurar que cuando menos en Guerrero y más concreto en Chilapa, la ley sigue en manos de los criminales y de las organizaciones delictivas”, reprochó.
Texto: Zavarías Cervantes / Foto: El Sur
