Difunde videos con llamados de auxilio de mujeres y niños. Atiende el problema y sólo hay 70 familias desplazadas, dice el gobierno estatal
Chilpancingo, Guerrero, 11 de mayo de 2026. El Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) denunció que el sábado en la mañana la comunidad de Tula en Chilapa fue atacada de nuevo, y anoche el dirigente Jesús Plácido Galindo informó que pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán salieron desaplazados de sus localidades debido a la nula intervención de las autoridades, ante los ataques armados del grupo criminal Los Ardillos.
“Ahorita que están las balaceras se están desplazando las comunidades, más de 800 familias, y al gobierno ya se le avisó”, dijo, pero la cifra subió a mil familias desplazadas este domingo.
Este domingo en un mensaje “urgente” a las autoridades del país, a las organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos, madres nahuas desplazadas por la violencia de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, reclamaron para este Día de las Madres garantías de seguridad para regresar a sus pueblos y recuperar sus bienes.
Ayer continuaron por quinto día los ataques.
El sábado en un comunicado, el Cipog-EZ denunció que a las 7:30 de la mañana “Los Ardillos lanzaron tres drones sobre la comunidad de Tula y avanzaron su posición bajo la mira del Ejército, estableciendo una trinchera a 200 metros de una base militar en Tula, sin que éstos actúen para detenerlos. También están atacando a la comunidad desde las montañas a su alrededor”.
“Denunciamos la complicidad y responsabilidad de los tres niveles de gobierno que protegen a los criminales mientras abandonan a nuestros pueblos al terror y a la muerte”, señaló.
Recordó que el 6 de mayo comenzó una serie de ataques en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, donde las víctimas, “son personas civiles: hombres y mujeres, niños y niñas, y personas de la tercera edad”.
Resaltó que el viernes 8 de mayo “una señora de la comunidad de Xicotlán fue herida de bala. Estos hechos se suman a la larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestras comunidades, donde hasta hoy contamos con 76 compañeros y compañeras asesinados y 25 desaparecidos”, desde 2015.
Aseguró que Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), “llegaron a nuestras comunidades para tomarse fotos, sin detener a nadie ni realizar acciones reales en beneficio de las comunidades, dejando claro que su presencia fue sólo mediática y no para brindar seguridad o apoyo al pueblo”.
Agrega que mientras el gobierno federal se prepara para el Mundial “los pueblos vivimos entre balas y bombas. Está claro: la Cuarta Transformación, igual que el PRI, el PAN, el PRD y todos los partidos, están del lado de los criminales, las empresas y el despojo”.
El sábado en la noche, Jesús Plácido informó que pobladores de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, municipio de Chilapa, abandonaron sus localidades debido a la nula intervención de las autoridades ante los ataques armados de Los Ardillos.
“Ahorita que están las balaceras, están desplazando a las comunidades, más de 800 familias, y al gobierno ya se le avisó”, dijo.
Precisó que el Cipog-EZ informó de la situación a la Secretaría de Gobernación federal, a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y al subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez.
Reclamó que Francisco Rodríguez, “está haciéndose omiso, no ha mandado respuesta, fueron del Ejército, se retiraron del lugar y dejaron sola a la población”.
Plácido Galindo denunció que después del mediodía del domingo fueron lanzados artefactos explosivos desde drones en la entrada de Acahuehuetlán.
“Queremos regresar a nuestras casas y comunidades sin miedo”, dicen madres desplazadas
En un comunicado que dieron a conocer a los medios de comunicación en video, madres desplazadas de las tres comunidades, exigieron: “No queremos más palabras vacías. Queremos justicia para nuestros pueblos. Queremos regresar a nuestras casas y comunidades sin miedo. Queremos encontrar a nuestros hijos. Queremos sembrar nuestra tierra y vivir una vida digna”.
Reprocharon: “Mientras en las ciudades los políticos hacen discursos y entregan flores (por el Día de las Madres), nosotras, las mujeres indígenas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán pasamos la noche huyendo, cargando a nuestros hijos e hijas para escapar de la balacera y los ataques del grupo narco paramilitar Los Ardillos”.
A la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, le reclamaron: “No queremos tu Mundial. Queremos que detengan esta guerra contra nuestros pueblos y que nuestros hijos e hijas puedan vivir en paz. Eso es honrar a las madres”.
“La presidenta Claudia Sheinbaum dice: llegamos las mujeres, pero ¿de qué sirven sus discursos mientras nuestros niños y niñas lloran de miedo por los drones? ¿De qué sirve hablar de transformación, mientras seguimos enterrando y buscando a nuestros hijos e hijas desaparecidos?
Después, denunciaron: “anoche (el sábado), muchas de nuestras compañeras tuvieron que dormir escondidas en el monte por el temor de ser encontradas por Los Ardillos, mientras que (las autoridades) creen que, porque vivimos lejos de la ciudad, porque vivimos en la montaña, nuestras vidas no valen”.
El grupo de mujeres que transmitió su mensaje junto a sus hijos desde la cancha techada de la comunidad de Alcozacán, que se encuentra bajo el resguardo de la CRAC-PF, hizo responsable “al Estado mexicano por todo lo que suceda en nuestras comunidades”.
En otro mensaje a los medios de comunicación el comisario de esa localidad, la tarde de ayer, pidió protección a las autoridades.
El comisario, quien no dio su nombre, informó: “Aquí estamos reunidos con la gente, con las familias, con mujeres, con niños, queremos que los tres niveles de gobierno nos manden seguridad, a la Guardia Nacional, estamos desesperados, queremos que inmediatamente nos apoyen”.
De fondo se oyen rezos y sollozos de mujeres y niños, que, frente a un altar con veladoras y flores, imploran el apoyo.
El murmullo de las decenas de mujeres, algunas rezando y otras sollozando abrazando a sus hijos menores, hacen inaudible el mensaje del comisario.
En un momento apenas se alcanzó a escuchar: “Hay mujeres, niños, madres solteras, adultos mayores de 70 años, estamos reunidos en la iglesia y queremos que los tres niveles de gobierno nos apoyen, pero ya, inmediatamente, porque nos están atacando en Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, queremos que nos apoyen”, insistió.
El quinto día de ataques, incendian viviendas
El dirigente del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo, informó por teléfono que más de mil familias de esas tres comunidades salieron desplazadas el sábado, después de cuatro días de ataques a balazos y con explosivos lanzados desde drones.
Además, en Tula, fueron incendiadas las viviendas, denunció ayer, el dirigente indígena. También denunció en un comunicado que este domingo continuaron los ataques por quinto día.
“Mientras Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, declara que no está pasando nada y que la situación está calmada, continúan los ataques violentos contra las comunidades del Cipog-EZ”, dijo.
“Hace unos momentos, (denunció en su comunicado a las 3 de la tarde), Los Ardillos lanzaron más drones en la entrada de Acahuehuetlán, y en menos de 15 minutos han lanzado cuatro”.
“El gobierno afirma que el Ejército Mexicano se encuentra en Tula y que está actuando, pero denunciamos que esto no es cierto. Continúan sin intervenir para proteger a la población civil, dejando a las comunidades indefensas ante los ataques”.
Dijo que el gobierno “continúa negando y silenciando las agresiones contra las comunidades, mostrando su complicidad y omisión frente a estos crímenes”.
En un comunicado anterior, la tarde del sábado, dirigido al EZLN, al Congreso Nacional Indígena (CNI), al Consejo Indígena de Gobierno (CIG), y a la Sexta Nacional e Internacional, de las que es parte el Cipog-EZ, denunció que el 6 de mayo comenzaron nuevamente “una serie de ataques en contra de nuestras comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán”. Informa que las víctimas de estos “cobardes ataques son personas civiles; hombres y mujeres, niños y niñas, y personas de la tercera edad”.
Informó que la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ejército, integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), “llegaron a nuestras comunidades para tomarse fotos, sin detener a nadie ni realizar acciones reales en beneficio de las comunidades, dejando claro que su presencia fue solo mediática y no para brindar seguridad o apoyo al pueblo”.
Reprochó que el gobierno federal habla de una “transformación” y de los derechos de mujeres e indígenas, pero “esta es la realidad que vivimos en los pueblos indígenas de México”.
Condena los ataques el Centro Minerva Bello
El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia, Minerva Bello (Centro Minerva Bello), denunció el desplazamiento forzado que viven cientos de familias indígenas y campesinas en la Montaña Baja de Guerrero, “quienes están siendo víctimas de ataques armados, bombardeos con drones y violencia sistemática atribuida al grupo criminal que opera en la región de la Montaña.
Exigió el cese inmediato de las agresiones armadas y los ataques con drones; la protección efectiva a las comunidades desplazadas; la instalación de corredores humanitarios y atención integral para las familias afectadas; la investigación, así como la sanción de quienes operan y protegen a estos grupos criminales.
El gobierno del estado reporta sólo 70 familias desplazadas por la violencia
El gobierno del estado reconoció el desplazamiento forzado sólo de 60 familias de Xicotlán y 10 de Tula del municipio de Chilapa, de las mil que reportaron vecinos, y dijo que fue por hechos relacionados con un grupo de policías comunitarios, no por el grupo criminal Los Ardillos, además de que son atendidas mediante protocolos activados por el gobierno del estado.
En un boletín de prensa se anunció que este lunes el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros acudirá al lugar para dar seguimiento a sus necesidades.
Según el escrito, el jueves 7 de mayo mediante el número de emergencias 911 se reportaron, “presuntas agresiones en la comunidad de Tula, por lo que se reforzó de inmediato la presencia institucional y la seguridad en las Bases de Operaciones Interinstitucionales de Colotepec, Tlachimaltepec y San Jerónimo Palantla”.
Agregó que los hechos están relacionados con un grupo de policías comunitarios, en referencia a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) que denunció los ataques del grupo criminal Los Ardillos en las inmediaciones de Tula , durante cinco días.
Por acuerdo de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el gobierno indicó que se mantiene presencia permanente y coordinación interinstitucional en la zona, privilegiando el diálogo y la atención a la población.
Redacción y Lourdes Chávez/ Foto: Cipog-EZ
