El sello del proceso fue la violencia del crimen organizado para influir en los resultados en los que también pueden incidir los estragos del huracán Otis. Entre gritos de justicia sepultan al candidato de Coyuca de Benítez asesinado
Chilpancingo, Guerrero, 1 de junio de 2024. El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, informó que solicitará a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz el reforzamiento de la seguridad en Coyuca de Benítez, después del asesinato del candidato a la alcaldía por la coalición PRI-PRD-PAN, José Alfredo Cabrera Barrientos.
Muñoz Loyola mencionó, en conferencia de prensa en las oficinas del INE, que en la reunión previa a la jornada electoral que tengan los órganos electorales con la Mesa de Construcción de Paz se hará la mencionada solicitud.
El funcionario electoral aclaró que esa reunión se realizará horas antes del domingo 2 de junio, día de la elección.
“Ante estos hechos lamentables ocurridos en Coyuca me parece, de entrada, que plantearíamos reforzar la seguridad en ese municipio. Las autoridades, las instancias de seguridad conocen el territorio, sabe muy bien dónde y cuáles son la zonas donde hay que reforzar los mecanismos de seguridad y nosotros como órgano electoral esperamos que así se haga”.
Agregó que como órgano electoral no hay reportes de otros incidentes que impidan la instalación de casillas, por lo que reafirmó que el 2 de junio se instalarán el cien por ciento en todo el territorio guerrerense.
Informó que al corte del día viernes, se entregó el 90 por ciento de los paquetes electorales para un total de 5,104 casillas que se instalarán el próximo domingo para votar.
Con esa información, Muñoz Loyola confió en que la jornada electoral se desarrollará sin contratiempos, pues aseguró que como autoridad administrativa no tienen información de incidentes que puedan afectar directamente las casillas en términos electorales.
“Hasta el momento no tenemos identificado un lugar en donde se nos vaya a dificultar la instalación de la casilla, yo confió en que el esquema de seguridad y acompañamiento de la autoridad refuerce esa expectativa que tenemos desde el INE para que la ciudadanía pueda salir a votar como debe ser, en paz y en tranquilidad y garantizarle su derecho al voto”.
Apoyo técnico a electores
En la conferencia de prensa, el vocal ejecutivo del INE presentó tres diferentes páginas digitales, un número de Whatsapp y una línea telefónica, que podrá utilizar la ciudadanía para ubicar su casilla, además de explicar como funcionará el conteo rápido y el Programa de Resultados Preliminares Electorales (PREP) e informar que ya se tomaron las previsiones climáticas y de apagones para que no halla contratiempos el día de la jornada electoral.
Muñoz Loyola, acompañado de el vocal del Registro Federal Electoral, Ángel Báez Balderas y la vocal de Organización, Zianya Rosío Calzada Rodríguez, presentaron las páginas y el número de Whatsapp para que las personas ubiquen sus respectivas casillas dónde votar.
Ángel Baez Balderas, explicó que se podrá ingresar a la página ubicatucasilla.com.mx, para conocer la información sobre la vigencia de la credencial, la sección, casilla correspondiente, y el mapa para llegar.
Otra opción es escanear el código QR que viene al reverso de la credencial para votar,
Por su parte, Calzada Rodríguez, informó que en la página del INE se podrá consultar quienes integran las mesas de casilla, tipo de casilla, ubicación y la información de quienes serán los y las funcionarios de casilla.
También se informó que en Guerrero se instalarán 46 casillas especiales para los ciudadanos en tránsito, quienes podrán votar por la elección de presidente y senadores de representación proporcional.
Sobre el PREP, Muñoz Loyola informó que a través de la página https://prep2024.ine.mx, la cual se activará a partir de las 8 de la noche del domingo 2 de junio, se podrá verificar en tiempo real con una actualización cada cinco minutos de la captura de los votos.
El PREP funcionará hasta las 8 de la noche del lunes 3 de junio.
Resoluciones del IEPC
En la sesión del IEPC de este viernes, el Consejo General atendió la sentencia de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dejó sin efectos la candidatura a la presidencia de Zapotitlán de Samuel Ramírez Avilez, por el partido Movimiento Laborista, y se registra la de Adrián Rodríguez Avilés, como candidato propietario.
Asimismo, se notificó la renuncia a la candidata de la sexta regiduría de Acapulco, Lucero Castro Martínez, por el Laborista de Guerrero.
La búsqueda del crimen organizado de influir en las elecciones, el sello de 2024 en Guerrero
Los guerrerenses llegan a la cita con las urnas para elegir presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, y alcaldes en medio de una ola de violencia criminal, de asesinatos de aspirantes, de ataques e intimidación por organizaciones criminales contra candidatos y candidatas.
Las campañas en Guerrero se desarrollaron en medio de zonas con aparente paz, pero donde en realidad hay un control casi absoluto de organizaciones criminales.
Se observa que desde la definición de candidatos y durante las campañas las organizaciones criminales buscaron influir.
Desde que comenzó el proceso electoral, en Guerrero de forma paralela se desató una ola de violencia contra transportistas en Acapulco, Chilpancingo, Taxco e Iguala entre los meses de febrero y marzo, que paralizó a la población ante la escasez de transporte.
En Chilpancingo esa violencia se acentuó por la disputa territorial y de las rutas del transporte entre dos organizaciones delictivas Los Ardillos contra Los Tlacos, que dejó choferes asesinados, incluso, algunos incinerados dentro de sus vehículos.
En la Sierra, una guerra encarnizada dejó también masacres y emboscadas, como la registrada en la comunidad Buenavista de los Hurtado el 4 de enero en el municipio de Heliodoro Castillo, debido a la pugna de La Familia Michoacana contra Los Tlacos; o la registrada el 19 de febrero en Las Tunas, sierra de San Miguel Totolapan, con un saldo de 17 muertos, entre civiles armados con rifles de alto poder y ataviados con ropa militar de las mismas organizaciones criminales.
Otro conflicto entre organizaciones criminales rivales dejó 13 muertos en una masacre en un Palenque de Gallos en el municipio de Petatlán, el 5 de enero.
Lo que el gobierno del estado aparentemente no logró, los religiosos de la Iglesia católica que intercambiaron números telefónicos entre líderes de los grupos criminales a finales de febrero vieron como resultado la negociación de dos treguas que detuvieron por un momento la violencia: la primera entre Los Tlacos y la Familia Michoacana en la Sierra, y la segunda entre Los Tlacos y Los Ardillos en la capital.
Acapulco entre la desolación de Otis y la violencia imparable
Las votantes saldrán a las urnas en Acapulco entre la violencia y las dificultades para la reconstrucción.
Empresarios y pobladores han manifestado su descontento por la escasez principalmente de materiales de construcción y de más créditos para reiniciar la actividad turística, ante la devastación que dejó el huracán Otis de categoría 5 en octubre pasado.
Sobre el desastre en la ciudad, la más reciente ola de violencia ha dejado jornadas sangrientas en el puerto como el 16 de mayo cuando fueron hallados cuatro hombres y dos mujeres desmembrados en dos hechos distintos, entre ellos un candidato a regidor de Coyuca de Benítez. O el 20 de mayo, cuando fueron asesinadas 10 personas, entre ellas tres mujeres. O el 23 de mayo, cuando 13 personas fueron asesinadas a balazos, seis en el poblado del Kilómetro el 30 y cinco cerca de la avenida Costera.
Los guerrerenses votarán también en medio de incendios forestales, que han consumido en Acapulco el Parque Nacional El Veladero y causado contingencias ambientales por una gran cantidad de humo, además, de las hectáreas de bosque consumidas por los incendios provocados por las bombas lanzadas desde los drones en la sierra de Coyuca de Catalán.
Región Centro, un ejemplo de la inducción al voto por las organizaciones criminales
Este 25 de mayo, durante la firma de paz de un convenio entre la Iglesia católica, la Universidad Autónoma de Guerrero y algunos candidatos de la zona Centro, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, afirmó que en Guerrero hay tensión en el proceso electoral.
Aseguró que algunos candidatos de la zona Centro le pidieron que “levantara la voz” como Iglesia para “que los dejen participar libremente, porque si hay miedo, y seguramente porque sí ha habido, a que los maltraten y hasta los asesinen, entonces sí hay miedo”.
De acuerdo con un comisario de la capital del estado, que por temor pidió el anonimato, a finales de abril la organización criminal de Los Ardillos mandó a reunir a los comisarios de las comunidades del sur de Chilpancingo en Petaquillas.
“Ahí nos informaron que las votaciones debían ser cruzadas, y que no debía ganar Jorge Salgado Parra”, dice el comisario, la inducción del voto a la presidencia de la República sería a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, y para la alcaldía de Chilpancingo, por el abanderado de la alianza PRI, PRD y PAN, Alejandro Arcos Catalán.
Estas presuntas indicaciones coincidirían con la imposibilidad del candidato de la alianza PT, PVEM y Morena, Jorge Salgado Parra, de hacer campaña en la zona del Valle de El Ocotito, Mazatlán, Petaquillas y comunidades de la Sierra hacia el sur.
Incluso, el 9 de mayo el representante del PT ante el Consejo Local del INE denunció que presuntos delincuentes impidieron que operadores políticos de Salgado Parra hicieran proselitismo en la comunidad de Mazatlán.
También el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía capitalina, Víctor Manuel Martínez Toledo, reveló el 22 de mayo no pudo hacer campaña en el valle de El Ocotito y partes de la Sierra porque no tuvo “permiso”.
Añadió que sólo su contrincante de la alianza PRI-PRD-PAN, Alejandro Arcos Catalán, tuvo el aval de quienes controlan esa zona, y que Salgado Parra hizo lo mismo para recorrer los pueblos santos.
Imposibilitados de hacer campaña en una paz aparente
Hay regiones donde parece existir una paz, pero no resultado de la ausencia de grupos violentos, sino de una expresión de absoluto dominio de grupos políticos criminales que imponen las condiciones de la competencia electoral.
La región de Tierra Caliente es una de ellas, y comprende nueve municipios. De acuerdo con un mapa de seguridad del gobierno estatal ocho demarcaciones están bajo el control de la Familia Michoacana; en Zirándaro, el control lo tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde el arranque de campañas –20 de abril– Sobre los crímenes y ejecuciones atribuidas a los cárteles, que desde comienzos de año afectaron a la población y a sectores como el transporte, la violencia apuntó a políticos que son parte del proceso electoral
para la competencia de las alcaldías, sólo en Zirándaro hubo condiciones para que dos candidatos hicieran campaña, en el resto de municipios únicamente un candidato hizo mítines, recorridos o reuniones públicas.
En Ajuchitlán del Progreso hizo campaña Víctor Mendoza Navarro (PRI-PAN-PRD); en Arcelia, Ángel Bustos Mercado (PRI-PAN-PRD); en Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverría García (PRI-PAN-PRD); en Cutzamala del Pinzón, Mayte Lucero Arce Jaimes (PRI-PAN-PRD); en Pungarabato, Brenda Janeth Nuñez Suazo (PRI-PAN-PRD); en Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz (PVEM-PT-Morena); en San Miguel Totolapan, Arturo Julián Gómez (PRI); en Tlapehuala, Lizbeth Arellano Estrada (PRD); y en Zirándaro, Felipe Peñaloza Mendoza (Moren) y Jaime Torres García (PRI-PAN-PRD).
A pesar de que sólo 10 candidatos hicieron campañas públicas, en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero se registraron 41 candidatos para disputar los nueve municipios.
El registro “de membrete” explicaría el porqué unos candidatos si hicieron campaña y otros no, independientemente de la aprobación de su partido no contaban con el aval de las organizaciones criminales que dominan el territorio.
El 24 de mayo, la consejera presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama, declaró que fueron 79 candidatos del ámbito local quienes solicitaron medidas de seguridad, de ellos sólo uno de la alianza PAN, PRI y PRD lo hizo en Tierra Caliente, aunque no se dio a conocer de qué demarcación.
Un dirigente comentó que no hubo mítines grandes, ante la inseguridad para hacer campaña los candidatos y las candidatas prefierieron promoverse “subterráneamente” con reuniones domiciliarias, entre amigos.
Las víctimas directas e indirectas, y los aspirantes que dejaron de hacer campaña
Las votaciones se darán en un Guerrero considerado el octavo estado del país con más homicidios dolosos; Acapulco es la cuarta ciudad que más registra víctimas de asesinato.
Sin embargo, meses antes de iniciar el proceso electoral y durante las campañas, en Guerrero se han contabilizado asesinatos de aspirantes, de un candidato a regidor, dos coordinadores de campaña, así como ataques a candidatos o sus familiares.
Entre los aspirantes a candidatos a alcaldes asesinados en Guerrero está el coordinador municipal del PVEM en Copala, Jesús González Ríos, hallado muerto y desollado el 29 de junio de 2023, luego de que estuvo desaparecido desde un día antes.
González Ríos dejó una videograbación donde acusó a la alcaldesa de Copala, la entonces perredista Guadalupe García Villalba, de amenazarlo de muerte para que no participara en la próxima contienda por la alcaldía.
Otra víctima es el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Zitlala, Jaime Dámaso Solís, fue asesinado el 24 de noviembre de 2023 afuera de su casa, pretendía la Presidencia Municipal.
La tarde del 21 de diciembre de 2023, Ricardo Taja Ramírez fue asesinado en Acapulco; el regidor, diputado local y dos veces candidato a alcalde por el PRI, tenía meses de haber renunciado a su partido y recién reiniciaba su carrera política en Morena, donde se registró para contender por la candidatura a la Presidencia Municipal del puerto.
Ya en este 2024, el 24 de enero fueron hallados asesinados el dos veces alcalde perredista de Atlixtac, Marcelino Ruiz Esteban, junto a su esposa, Guadalupe Guzmán Cano. Él se perfilaba a ser nuevamente el abanderado por el PRD por su municipio, y ella buscaría alguna candidatura, pues ya había competido por una diputación local en 2021.
El aspirante del PT a la alcaldía de Atoyac, Alfredo González Díaz, fue asesinado el 3 de marzo de 2024, cuando viajaba en un vehículo en el bulevar Juan Álvarez en la cabecera municipal. Algunos pobladores responsabilizan de su homicidio a la alcaldesa morenista, Clara Bello Ríos.
El aspirante a la alcaldía de Chilapa por Morena, Tomás Morales Patrón, fue asesinado la noche del 3 de marzo afuera de su casa cuando volvía de hacer capacitaciones electorales, de acuerdo con militantes pretendió ser el candidato en Chilapa de su partido.
El 16 de mayo, fueron hallados los restos del candidato a regidor en Coyuca de Benítez por la coalición PRI-PAN-PRD, Aníbal Zúñiga Cortés, y su esposa, Rubí Bravo Solís, en la batea de una camioneta abandonada en la avenida Ruiz Cortines en Acapulco.
El 24 de mayo, el coordinador de la alianza PAN-PRI-PRD en Marquelia, Arquímides Díaz Justo, fue asesinado a balazos afuera de su casa en la localidad de El Polvorín.
El 26 de mayo, hombres armados atacaron la casa del candidato de Morena a la alcaldía de Cochoapa el Grande, Albino Gómez Vázquez, donde fue asesinado el coordinador de campaña, Felipe Chávez González.
Albino Gómez Vázquez tras el atentado se refugió en Chilpancingo, y dejó de hacer campaña a una semana de las elecciones.
El más reciente este miércoles 29 de mayo en el trayecto al templete en su cierre de campaña, el candidato del PRI-PRD-PAN a la alcaldía de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera Barrientos, fue asesinado a balazos. A pesar de que tenía resguardo de agentes de la Guardia Nacional y seguridad privada.
Hay otros casos de ataques indirectos, por ejemplo de la candidata por Morena a la alcaldía de Huamuxtitlán, Rosalba Ramírez García; su padre Abraham Ramírez fue asesinado el 6 de febrero de este año, probablemente porque se buscaba que la aspirante se bajara de la contienda, lo que no ocurrió, e hizo campaña con proteccion de la Guardia Nacional.
Otro caso es del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Petatlán, Jaime Martínez Pascacio; el 15 de mayo desconocidos arrojaron bombas Molotov a su negocio familiar para intimidarlo.
Y el 21 de mayo, la alcaldesa de Xalpatláhuac, la priista Selene Sotelo Maldonado, quien busca la reelección fue atacada a balazos en la comunidad de Zacatipa. Ella responsabilizó al candidato de MC, Ramón Lorenzo Cárdenas, de ser el autor intelectual, y quien envió a la Policía Comunitaria a agredirla.
Durante el proceso electoral, de acuerdo con el IEPC la región de Costa Chica es donde más fueron solicitadas medidas de seguridad por candidatos y candidatas con 27 peticiones.
Por ello, no es extraño que en los municipios de Las Vigas, Marquelia, Copala y San Marcos, ubicados en esta región, hubo planillas que dejaron de hacer campaña por amenazas de los grupos delincuenciales.
En el nuevo municipio de Las Vigas la planilla de Movimiento Ciudadano, encabezado por Thalía Mejía Molina, y la planilla de Cristobal Salado Agatón, abanderado del PRD abandonaron sus respectivas campañas.
En San Marcos municipio del que se separó Las Vigas, también el candidato del PRD, Néstor Juárez Valentín dejó de hacer campaña.
En Marquelia, los candidatos a la alcaldía por la alianza PRI-PRD-PAN, Fermín Zúñiga Trujillo, y de Movimiento Ciudadano, Jaime Carmona Huerta, dejaron de hacer campaña por el homicidio del coordinador del PRI-PRD-PAN, Arquímides Díaz Justo.
En Copala, la candidata de la alianza Morena, PT y PVEM, Candy Espinoza Ríos, media hermana de Jesús González Ríos fue amenazada de muerte y desde abril se desterró del municipio junto a su familia.
En la región de Costa Chica, de acuerdo con un mapa del gobierno del estado, tienen el control las organizaciones delictivas Los Rusos y Los Marín.
Otro caso de abandono de candidatura fue el de Pablo Segura Valladares, quien era candidato del partido Fuerza por México a la alcaldía de Teloloapan, en la zona Norte.
Durante el proceso se vieron involucrados en ataques armados el alcalde de Taxco, Mario Figueroa Mundo, y el ex alcalde, Omar Jalil Flores Majul, quien aspiraba nuevamente a la alcaldía de Taxco. También el aspirante del PVEM a la alcaldía de Iguala, Erick Catalán Rendón, quien terminó siendo el abanderado de la alianza PVEM, Morena y PT.
Incendios, otro desastre ambiental en el que intervienen las organizaciones criminales
Las organizaciones criminales han incendiado los bosques como una nueva forma de sometimiento, un método de desplazamiento de las poblaciones y para la explotación de los recursos maderables y minerales, incluso, en zonas donde por décadas habían sido protegidas.
En cinco meses de 2024, especialmente en los más cercanos a las elecciones de junio, en Guerrero los incendios forestales han consumido 174 mil 605 hectáreas, cifra sin precedentes.
Además, este año tuvo otra particularidad: por primer vez el 16 de mayo Protección Civil registró de manera simultánea 47 incendios activos en el territorio de Guerrero.
Las autoridades de los tres órdenes del gobierno se desentendieron de prevenir el desastre ambiental causado por los incendios.
Las consecuencias, de acuerdo con pobladores, expertos y dirigentes sociales son desalentadoras: erosión en zonas incendiadas, estiajes prematuros y temperaturas extremas.
Los expertos señalan que el cambio climático ya se dio, y lo que enfrentamos es “un desastre climático”.
Los ataques
“La intencion (de los incendios) es que la gente se salga de la comunidad y llegar ellos a tomar el pueblo, el ejido”, dice Azucena Rosas García, comisaria del Ejido de El Durazno, en la sierra alta del municipio de Coyuca de Catalán.
Esta comunidad quedó marcada desde el 10 de diciembre de 2022, cuando ingresaron 100 integrantes de la Familia Michoacana, reunieron a seis habitantes en la cancha del lugar y los acribillaron, un hombre más fue asesinado a bordo de su cuatrimoto e incinerado.
Desde entonces la población del corredor El Durazno-Santa Rosa de Lima, esta última del municipio de Tecpan, en la Costa Grande, han vivido una serie de ataques armados.
El 7 de mayo de 2024, recordó Azucena Rosas García, se cumplió un año del primer ataque con drones que la Familia Michoacana lanzó en El Parotal, municipio de Petatlán.
Desde marzo de este año, esta organización criminal comenzó a incendiar potreros en rancherías cercanas.
Informó que el 21 de abril comenzó en El Durazno el incendio más fuerte del que tienen memoria los pobladores, y fue provocado por integrantes de la Familia Michoacana.
“Desde ahí empezó, no se podía controlar, estuvo muy fuerte porque aventaron más de 20 bombas en diferentes direcciones, por eso fue que se quemó la mitad del ejido”, asegura la comisaria.
El Durazno comprende 17 mil hectáreas, de las cuales, al menos 9 hectáreas fueron consumidas por el fuego, aniquilando miles de animales y árboles en una zona que no había sido tocada por más de 20 años.
La comisaria asegura que cuando la Familia Michoacana lanzó las bombas e incendió su bosque había militares y agentes de la Fiscalía General del Estado. Este incendio que empezó en El Durazno se extendió a otros ejidos como El Carrizal, Guajes de Ayala y San Antonio de las Tejas.
“Esto es algo nuevo, jamás se había quemado nuestro bosque, jamás había sucedido un incendio de esa magnitud”, dice.
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales del Estado de Guerrero, Arturo García Jiménez, que está asentado en Atoyac, en la Costa Grande, plantea que los incendios son preocupantes porque en 95 por ciento son provocados y el daño es irreversible.
“Si a eso le sumamos la delincuencia y el desplazamiento, o sea, en muchos lugares se generó el incendio para desplazar a la gente, algo totalmente inhumano, se trata a la gente como animales, como iguanas, tejones o armadillos. ¡Váyanse, que se vayan, no, echenle la lumbre!”, explica.
García Jiménez ha tenido comunicación con pobladores de San Antonio de las Tejas y Los Bayados en la Sierra, en el corredor que atraviesa de la Costa Grande a la Tierra Caliente, y donde las organizaciones criminales han desplazado a las comunidades a punta de bala y de bombas lanzadas desde drones.
Datos históricos de daño
De acuerdo con datos del gobierno de Guerrero en 2019 se contabilizaron 43 mil 633 hectáreas afectadas por incendios forestales; en 2020 fueron 43 mil 503; en 2021 subió a 81 mil 783; en 2022 se registraron 107 mil 822; para 2023 se quemaron 105 mil 52 hectáreas; y en lo que va de 2024 se contabilizan los 174 mil 605.
Estos datos marcan un record histórico de hectáreas devastadas.
Un habitante del ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, Javier Hernández Peñaloza afirmó que el mismo incendio del ejido vecino de El Durazno “brincó” al suyo los primeros días de mayo.
El problema este año, dice Hernández Peñaloza, es que el gobierno mexicano tiene abandonada la Sierra de Guerrero; en su ejido el fuego ha sido incontrolable y aún continúa.
“En días anteriores había una completa contaminación, no se podía ver ni a kilómetro y medio, se perdía la visión, es decir, los cerros no se veían, algo sin precedents”, dice Hernández Peñaloza.
La incidencia de las organizaciones criminales en los incendios es clara, de las de 71 mil 122 hectáreas devastadas en Tierra Caliente, Coyuca de Catalán donde se han registrado el lanzamientos de explosivos por la Familia Michoacana es el municipio con más hectáreas devastadas: 42 mil 635.
Desastre ambiental
El doctor en Ciencias Forestales y director del Instituto de Investigación de Ciencias Naturales Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Octavio Klimek Alcaraz, afirma que la historia de los bosques y selvas de Guerrero ha estado plagada de tragedias.
Desde el siglo pasado cuando los talamontes bajo el permiso del gobierno en turno saqueaban la madera atropellando a los pueblos y comunidades; después el gobierno trató de enmendar con las paraestatales, pero no funcionó porque las comunidades eran ajenas al aprovechamiento y evitó que hubiera una tradición forestal con sostenibilidad de los bosques.
“Hemos tenido ejemplos en Las Compuertas, en El Balcón, ahí en el área de Tecpan, ejemplos que se suponía de buen manejo forestal comunitario, pero algo no funcionó en esas comunidades y no se propició una expansión o que fueran catalizadores del buen manejo”, expone Klimek.
El investigador asegura que hoy “estamos en una etapa muy difícil” donde se mezcla la delincuencia organizada que va por esos bienes forestales e incluso los recursos no renovables, como los mineros, y “están desplazando la organización de las comunidades”.
Para el doctor Klimek “el cambio climático ya se dio, estamos hablando ya de un desastre, una emergencia y hay que recordar que los desastres son socialmente construidos”.
Klimek enumera las consecuencias de los incendios: se deja de capturar carbono; muere la vegetación y se pierde follaje que funciona como amortiguador de las lluvias, lo que traerá una erosión del suelo; y las lluvias se irán rápidamente y no se recargarán los acuíferos y los ríos, que acelerará el estiaje cada vez más.
Los incendios acaban con la diversidad de los espacios de vida; se pierde materia orgánica que genera fertilidad para la reproducción del arbolado y los bosques; también se acaban los espacios de vida para las aves, mamíferos grandes y pequeños, de reptiles y anfibios.
Determinar el impacto de un valor intangible es complejo, afirma, no solamente se pierde belleza escénica: “no sabemos cómo estamos afectando la trama de la vida, lo que sí sabemos es que hay deterioro en estos ecosistemas y la naturaleza nos lo va a cobrar”.
El costo ya lo estamos experimentando; abril de 2024 fue el mes más caluroso jamás registrado, de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).
Y la erosión la veremos “con las próximas lluvias de manera inmediata” en Acapulco con posibles deslaves en las 3 mil 600 hectáreas del Parque Nacional El Veladero, que en lo que va del año se incendió en tres ocasiones gravemente.
En Chilpancingo y Acapulco los incendios forestales causaron contingencias ambientales por el humo y material de carbón suspendido en la atmósfera. Lo más evidente es que se suspendieron las acividades en las escuelas para evitar daños a la salud de niños y jóvenes.
Las razones principales del desestre, dice el investigador, es que “tenemos una clase política que no está a la altura del pueblo de Guerrero”, y al ambientalismo le ha costado vidas.
Un caso conocido incluso en otros países es la desaparición el 7 de diciembre de 2011 de Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, dos dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, quienes luchaban contra la extracción de madera en la ruta Santa Rosa-El Durazno.
La desaparición de los dos ambiantalistas sigue impune a 12 años; según testigos participaron en su detención-desaparición soldados del Ejército y agentes de la Policía Ministerial y una organización criminal que controla parte de la Costa Grande.
Violencia, reconstrucción, dengue y falta de agua, contexto en Acapulco para salir a votar
La jornada electoral del próximo domingo en Acapulco va a transcurrir en medio de una ola de violencia con cuerpos desmembrados y ejecuciones múltiples cerca de la zona turística, una epidemia de dengue, la inconclusa reconstrucción de edificios y casas tras el paso del huracán Otis, y la persistencia de falta de agua potable en algunas colonias.
Pese al despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional después del huracán categoría cinco, la violencia se recrudeció en el municipio turístico en las semanas anteriores a este 2 de junio con cuerpos desmembrados y ejecuciones múltiples en distintos puntos de la ciudad.
El 23 de mayo, en la calle Doctor Ignacio Chávez que conecta la avenida Costera, en el cruce de plaza Costera 125, con la avenida Universidad, dos hombres armados atacaron a clientes de una tienda con máquinas de juego y a los trabajadores del negocio, que se ubica en las inmediaciones del mercado El Pueblito.
El saldo de este hecho violento que sucedió a las 5:40 de la tarde, fue de cinco personas asesinadas, cuatro hombres y una mujer.
El mismo día, pero a las 8:45 de la mañana, fue reportado el hallazgo de seis hombres asesinados en dos puntos distintos del poblado del Kilómetro 30, en la carretera federal México-Acapulco.
La jornada violenta continuó con el asesinato a balazos de un hombre a las 4 de la tarde, en un terreno que se encuentra entre las calles Del Futbol y Coral, en la colonia Libertadores.
Y en los primeros minutos de ese día, a medianoche, fue encontrado el cuerpo de un hombre desmembrado dentro de una olla, entre las calles 12 y Emiliano Zapata, en la colonia Juan R. Escudero, en la parte alta de la avenida Ejido.
Un día después se registró otra jornada de violencia extrema con la aparición de cuatro hombres desmembrados en la Calle del Futbol a las 5:19 de la mañana, cerca de la cárcel de Las Cruces y el cuartel de la Policía Estatal, de acuerdo con el reporte de policías de esta dependencia.
El 25 de octubre el huracán Otis arrasó con Acapulco y los estragos materiales aún son visibles en muchas colonias y también las zonas turísticas, particularmente en la Costera y Diamante.
Las colonias más afectadas porque hubo muertos a raíz del meteoro del 25 de octubre, como son Nueva Era y 20 de Noviembre, reflejan aún los estragos de las lluvias y los vientos en la madrugada de aquel día, con casas que aún no acaban de ser remodeladas o siguen severamente afectadas.
Es el caso de la 20 de Noviembre, donde murió una familia de cinco integrantes, aunque el cuerpo de uno de ellos, Víctor Bautista Romero, sigue sin ser localizado; su casa está muy dañada y los vecinos del andador Cuauhtémoc, de calle Juan N. Álvarez, piden a las autoridades que sea demolida porque puede ocasionar más daños en la actual temporada de lluvias.
En Nueva Era, ubicada al poniente de la ciudad, murieron cuatro personas, tres siguen sin ser localizadas, y sobrevivió una, Cándido Trinidad de Jesús, quienes vivían en una casa que fue arrastrada por el arroyo y las piedras que cayeron sobre la vivienda endeble; las casas de sus vecinos todavía muestran afectaciones y el apoyo económico que dio el gobierno federal a los damnificados les fue insuficiente para pagar todas las remodelaciones necesarias.
El huracán categoría cinco ocasionó una contingencia sanitaria por la inmensa cantidad de residuos esparcidos por todas partes y que las autoridades tardaron varias semanas para recolectarlas completamente, lo que se sumó la falta de agua potable en las viviendas.
Esto generó la proliferación de distintas enfermedades, en particular el dengue, y que persiste a más siete meses del paso del meteoro del 25 de octubre; de enero pasado al 23 de mayo, Acapulco suma mil 938 casos, por lo que la Secretaría de Salud (Ssa) federal, considera que es una “zona de epidemia.
En un foro de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud del estado, Raúl López Roque, planteó que la sociedad no está apoyando en el combate al dengue porque no limpia su casa y reconoció el incremento de casos, sobre todo en la población infantil.
Señaló que el huracán Otis ocasionó el incremento de criaderos del mosquito, la destrucción de insumos, un “recurso humano damnificado”, centros de salud devastados y hacinamientos en albergues.
Y es que vecinos acumulan agua porque no cuentan con el servicio. La última colonia que protestó por ello es la clasemediera Hornos Insurgentes, que se ubica frente al parque Papagayo y cuyos habitantes desde hace varias semanas carecen de servicio; mismo problema denunciaron colonos del Módulo Social Fovissste, de las colonias altas del Anfiteatro, y Altos de Miramar y Amalia Solorzano, del oriente de la ciudad.
El huracán también provocó grandes destrozos en los hoteles y condominios de la Costera y Diamante, muchos de los cuales aún siguen en reparación y en la zona Diamante de plano, algunos están prácticamente en el mismo estado que los dejó Otis.
Con la violencia en las campañas, el crimen ya se posicionó como un poder: Tlachinollan
Con las ejecuciones y atentados a candidatos en eventos masivos y aún entre la presencia de escoltas y de agentes de la Guardia Nacional, se pretende demostrar que hay otro poder en Guerrero, “y ese otro poder, ahora, se está materializando en acciones letales”, declaró ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández.
Indicó: “Como que ya se posicionaron y ahora están como un actor más atrás de los políticos, tomando acciones”, declaró el activista, entrevistado después de la celebración del 42 aniversario de la radio XEUAG de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
El miércoles, un pistolero ejecutó de dos balazos al candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez de la coalición del PRI-PRD-PAN, José Alfredo Cabrera Barrientos, antes del mitin del cierre de su campaña y en medio de cientos de sus seguidores y ante la presencia de escoltas y agentes de la Guardia Nacional que lo custodiaban.
En tanto que el domingo pasado, sicarios atacaron al candidato a la alcaldía de Cochoapa el Grande, Albino Gómez Vázquez, cuando se repartía comida a sus seguidores en su casa; el candidato resultó ileso pero murió su coordinador de campaña Felipe Chávez.
Consultado respecto a ésta nueva forma de ejecutar y atentar contra políticos en eventos masivos y aun en presencia de su seguridad personal y de la Guardia Nacional, el director de Tlachinollan, organismo que da seguimiento a la violencia en Guerrero, indicó que eso ocurre porque la autoridad los dejó crecer “y ahora actúan como un actor más, atrás de los políticos, tomando acciones”.
Barrera Hernández opinó que lo más grave es que la gente del crimen organizado ya no está fuera de la escena pública, “están actuando con estilos destructores de cualquier sistema, modelo o forma de elegir autoridades”.
“Aquí ya es meter la violencia letal en proceso electorales y eso es grave, porque se está agrietando el poder político del estado y del país, para que en esas infiltraciones se metan los grupos de poder”.
Indicó: “Ahí están las consecuencias de este contubernio, de estos pactos secretos que se han firmado debajo de la mesa, ahora esos pactos secretos se están revirtiendo y se están apoderando de parcelas del poder político”.
Indicó que el resultado es que ahora ese otro poder se hace público; “un poder letal que no está siendo controlado por las autoridades y que se está poniendo al mismo nivel de los actores políticos y que, incluso, desafían a la institucionalidad, a las fuerzas de seguridad del estado y de la federación”.
Añadió que también es grave porque quiere decir que si ahorita están atentando contra candidatos, el siguiente año podrán atentar contra quienes ejerzan el poder, “porque no se está realmente anclando a una estrategia de contención y de repliegue a los grupos del crimen, se está dejando que se esparzan como el agua, filtrándose por todos lados, en las instituciones públicas”.
–¿Cuáles serán las consecuencias una vez que se establezcan las autoridades?
–Que habrá debilidad en términos de que no estarán en condiciones de poder ejercer el poder controlando las instituciones, los espacios públicos. Hay un mal mensaje de que habrá debilidad y complicidad. El riesgo que se corre es pactar más de lo que ya han pactado, para cogobernar, ese es el otro riesgo.
“Ese cogobierno es en detrimento de una democracia, porque entonces atrás del poder de la autoridad va a haber otro poder que se está posicionando y que, entonces, atrás de una decisión están otras oscuras, tenebrosas y si no se obedece ese pacto las consecuencias serán para quien está ejerciendo el poder”.
–¿De qué sirve que les den seguridad si no funciona?
–La seguridad se reduce a dar un acompañamiento, pero no se hace un trabajo de inteligencia, se supone que los aparatos del Estado trabajan con inteligencia, es decir, con análisis de contextos, de ubicar a los actores del crimen.
“Aquí es muy peligroso porque nada más se pasean los que acompañan al candidato, la Guardia Nacional, pero no hay una estrategia real de medir los peligros y los riesgos. O no hay inteligencia del Estado o hay complicidad de esa inteligencia. Ellos deben tener bien claro donde están estos grupos y como se manejan, pero pareciera que estamos a expensas de la inteligencia de la delincuencia”.
–Pero al candidato a alcalde de Coyuca de Benítez lo mataron rodeado de escoltas y de agentes de la Guardia Nacional.
–Bueno, ahí ya es el ejemplo extremo de que los grupos del crimen organizado están dispuestos a dar la pelea en el campo público. O sea no solamente en la clandestinidad, están como diciendo ¿Quién manda aquí? El que manda es el que truena la pistola.
Los riesgos en la Montaña
El activista de derechos humanos, opinó que cada municipio tiene un contexto y que eso lo debe saber la Guardia Nacional, y si van a acompañar a alguien deben saber qué actores hay en cada municipio.
Desde el punto de vista del director de Tlachinollan, en la región de la Montaña se vislumbran conflictos en Xalpatláhuac, donde hay una disputa fuerte y un conflicto viejo entre las autoridades municipales, algunos candidatos y la Policía Comunitaria.
“Sabemos que ahí hay situaciones graves y que puede generar una situación de confrontación”.
Añadió que en Cochoapa, también es un foco rojo porque hay ausencia de autoridad, “hay un problema grave si no en la cabecera municipal, sí en las comunidades”.
También mencionó como focos rojos a los municipios de Metlatónoc, Zapotitlán Tablas, Acatepec y Tlapa, “donde hay el antecedente de que hubo robo de urnas y se teme que pueda haber una cuestión de fuerza en la jornada electoral”.
Entre gritos de justicia sepultan en su pueblo al candidato a alcalde de Coyuca asesinado
La mañana de este viernes fue sepultado el candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por la alianza PRI-PRD-PAN, José Alfredo Cabrera Barrientos asesinado el miércoles pasado durante su cierre de campaña en la comunidad de Las Lomas, perteneciente a ese municipio.
De los políticos solamente acudió al panteón de la localidad el presidente del PRI en Acapulco, Sofio Ramírez Hernández, y el alcalde Ossiel Pacheco Salas, de Morena.
Los familiares repartieron playeras con la leyenda #Coyuca merece más, y regalaron tamales y aguas a las personas que los acompañaron en el cortejo fúnebre donde se escuchaban gritos exigiendo justicia y el esclarecimiento del asesinato.
Una camioneta roja, propiedad de José Alfredo, entró al domicilio para retirar el féretro, y al mismo tiempo el mariachi Águila Real tocaba Las Golondrinas.
El ataúd salió con flores y una playera encima, además de la corona de flores, cargado por sus familiares, amigos y simpatizantes.
Antes de llegar al panteón, los familiares realizaron una parada en la cancha techada, donde fue ejecutado José Alfredo Cabrera.
Sofío Ramírez intervino junto a la tumba y dijo que “Alfredo Cabrera, el hombre que caminó con valores humanos, de abrazar la amistad más allá de lo que represente el interés del poder público, y por ese detalle de Alfredo Cabrera de buscar a un hermano de la pobreza, hermanamos una bonita relación de amistad”.
Durante el trayecto las personas, rezaban el rosario, entonaban cantos religiosos y gritaban porras para el candidato ejecutado.
Al final, el cuerpo, dentro del ataúd de corte de pino, fue sepultado en el panteón de la comunidad de donde era oriundo.
Hasta la noche del viernes la coalición PRI-PRD-PAN no había decidido quién sería el candidato a alcalde. El jueves, el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo, dijo que
Refuerzan seguridad
El gobierno del del estado informó que las autoridades federales y estatales organizaron un operativo en el municipio de Coyuca de Benítez para garantizar las condiciones de seguridad para las elecciones del domingo.
En un boletín de prensa, el gobierno del estado aseguró que para “afinar” los trabajos de seguridad, el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó una reunión de evaluación y supervisión.
Indicó que en reunión estuvieron presentes el Director General de Gobernación, representantes de la Policía Estatal, Policía Ministerial, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Detalló que el operativo incluye patrullajes constantes, puntos de control y coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad para prevenir cualquier incidente que pueda afectar el proceso electoral.
Sostiene que se busca que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto “en un ambiente de paz y seguridad”.
Texto: José Miguel Sánchez, Lourdes Chávez, Emiliano Tizapa Lucena, Zacarías Cervantes y Argenis Salmerón / Foto: El Sur
