Chilpancingo, Guerrero, a 19 de marzo de 2026.- En la presentación del informe Mujeres de la Montaña: renacer entre los filos del olvido, en la Cámara de Senadores, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y la abogada Neil Arias Vitinio expusieron que la violencia hacia las mujeres en la Montaña se ha agravado por la irrupción en los municipios y comunidades del crimen organizado.
Barrera Hernández agregó que, sumado a ello, “lamentablemente las instituciones del Estado todavía no están diseñadas para escuchar y acompañar ni proteger a las mujeres indígenas”.
Arias Vitinio explicó que el informe plasma la biografía y el viacrucis que viven las mujeres y niñas de la Montaña en este contexto de violencia y visibiliza la situación de marginación, pobreza y de exclusión escolar que enfrenta este sector social.
En su informe, Tlachinollan presentó un registro de 168 víctimas de feminicidios del 2014 al 2026, cifras que, dijo Neil Arias, no aparecen en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), porque en la Montaña no son catalogadas como víctimas de feminicidios, “las mujeres son invisibilizadas”.
“Han matado mujeres; las queman o las encuentran dentro de vehículos, pero nadie hace nada, nadie les hace justicia”, expuso.
Sumado a ello, dijo que hay cientos de niños en la orfandad por los feminicidios u homicidios, a los que ninguna autoridad les hace caso.
La defensora agregó que aparte, actualmente hay 13 mujeres y niñas que están desaparecidas.
“Hay un patrón grave de violencia que se está recrudeciendo más ahora”, mencionó que los municipios más violentos actualmente son Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Zapotitlán Tablas, Atlixtac y Acatepec, “donde las mujeres se convierten en víctimas más frecuentes”.
Explicó que en municipios como Cochoapa el Grande Metlatonoc y Xalpatláhuac, se suma el problema de los matrimonios forzados de niñas. Aclaró que estos son apenas tres de los siete municipios donde se cometen estas prácticas, “y nadie las protege, sólo las albergan en casa hogar, pero no hay una atención integral”.
A su vez, Barrera Hernández comentó que “lamentablemente” el sistema ha permitido la infiltración de la delincuencia organizada en los Ministerios Públicos, en las presidencias municipales y en las comunidades, “y quienes pierden más son las mujeres, por eso se ha incrementado el número de feminicidios en menores de edad y casos de desapariciones”.
“No les creen a las mujeres y niñas. No hay espacios dignos para atenderlas”
Neil Arias secundó a Barrera cuando denunció que fue a partir del 2025 cuando entraron los grupos de la delincuencia organizada, y que a partir de entonces muchos jóvenes comenzaron a consumir el fentanilo, y fue la causa de que al menos cinco de los feminicidios en municipios de la Montaña, “los agresores mataron con más saña a las mujeres”.
Criticó que, mientras tanto, las autoridades siguen siendo indolentes. “No les creen a las mujeres y niñas. No hay espacios dignos para atenderlas. No hay programas de atención al problema de las adicciones”.
Informó que a pesar de que en Tlapa y en otros ocho municipios hay una alerta de violencia de género, no hay políticas publicas que resuelvan el problema, y tampoco hay protocolos que rijan el actuar de los Ministerios Públicos, peritos, fiscales y operadores de justicia, quienes siguen resolviendo los casos sin perspectiva de género y sin un enfoque intercultural.
Recriminó que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda lo único que ha hecho es promover los talleres de masculinidad pero que estos no resuelven los problemas, y que igual prometió erradicar los matrimonios forzados de niñas indígenas, y ni si quiera eso ha logrado.
La abogada Neil, reprochó, además, que Tlachinollan promovió cuatro quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por muertes maternas ocurridas en la Montaña, pero en ocho años el organismo no se ha pronunciado, y menos ha emitido alguna recomendación.
En otra parte de su intervención, Barrera Hernández contó que en esa región existen cientos de muertes maternas que no están registradas en las cifras oficiales; “hay niñas que mueren por dar la vida, y esta es una situación grave”.
Dijo que la mayoría de ellas tampoco tienen la posibilidad de estudiar la primaria porque no hay maestros, “últimamente para que haya maestros en la Montaña se tienen que haber plantones y bloqueos en las carreteras, pero solo se logra uno por tres o cuatro meses, porque ya no hay de tiempo completo”.
Abel Barrera explicó que en Tlachinollan no querían contar las historias de estas mujeres y niñas de la Montaña, “pero el impero de nuestra conciencia nos dice que no podemos quedarnos callados, tenemos que romper estas estructuras patriarcales racistas que están enquistadas en las instituciones”.
Agregó que “todavía vemos lejos la luz de la justicia de las mujeres indígenas, falta mucho, las instituciones todavía no están diseñadas para escuchar y acompañar ni proteger a las mujeres indígenas”.
Dijo que en las instituciones todo de reduce en talleres de capacitación a los funcionarios, “donde sólo les afinan las uñas para que cobren mejor y para que sepan cómo lucrar con las mujeres indígenas”.
Denunció que en las fiscalías no hay ni siquiera para fotocopiadoras y cuando se tienen que hacer diligencias, a las víctimas les piden para la gasolina y los agentes ministeriales puedan acompañarlas.
“Las fiscalías, allá, están desmanteladas; sin peritos, sin personas de confianza, sin gente que hable la lengua materna”.
Comentaron el informe la senadora por Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y la representante adjunta ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos, Maia Campbell.
Ascencio Ortega reconoció que todavía hay “muchísimo” que hacer por las mujeres y niñas de la Montaña donde ni siquiera saben que viven violencia, porque la normalizan, “pareciera que lo toman con tanta naturalidad que cuando se les presenta una cartilla de derechos, les abre los ojos sorprendentemente”.
Maia Campbell reconoció el valor de Tlachinollan para elaborar este informe, “vigoroso, que visibiliza las realidades de violencia, represión e impunidad”.
Criticó que a la violencia estructural que sufren las mujeres y niñas indígenas de la Montaña se suma la discriminación y la pobreza.
Reconoció que enfrentan formas múltiples y graves de violencia en los distintos ámbitos; en la familia, en la comunidad y en el espacio público que les afectan “de manera desproporcionada en el contexto de pobreza y discriminación que viven”.
Explicó que el informe de Tlachinollan muestra que las mujeres y niñas enfrentan obstáculos significativos para tener acceso a la justicia, y que demuestra la brecha entre las cifras oficiales y la documentación que ha realizado la organización en esa región de la entidad.
Zacarías Cervantes
