Chilpancingo, Guerrero, a 18 de junio de 2024.- El titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, informó que, para atender las demandas históricas de los pueblos originarios de la Montaña, el gobierno del estado prepara un programa similar al Plan de Justicia Yaqui, en Sonora, o de la Nación Amuzga en municipios de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, para implementar políticas públicas contra la discriminación.
Estimó que será una inversión federal millonaria porque en la Montaña son 20 municipios indígenas, y más de 260 mil habitantes, “por eso creo que es un proceso histórico que va a mejorar los servicios”.
En consulta telefónica sobre la discriminación sistemática a mujeres indígenas de comunidades en hospitales del sector estatal, cuando recurren por atención de parto, que denunció la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, después de la muerte materna de Bertina Santiago Morales, indígena na’savi de la localidad de Dos Arroyos y de su hijo no nato, la semana pasada.
El funcionario confirmó que la discriminación es un problema añejo, complicado erradicar de un momento para otro. Sin embargo, señaló que están tratando de generar políticas públicas para atender gradualmente estos casos.
“Como Secretaría estamos planteando la participación de las comunidades indígenas y afromexicanas en un Plan de Justicia, que tendrá una mesa de trabajo específicamente sobre violencia de género, para la atención focalizada, con recursos federales”.
Explicó que los planes de justicia son para detonar el desarrollo en las comunidades originarias, con una mesa especial de atención de la violencia de género, como la venta de niñas, y para seguir sensibilizando a los funcionarios, que mantienen “una lógica muy mestiza”.
Confió en que el Plan de Justicia va a sentar las bases de la política pública, a fin de que o haya más discriminación ni violaciones a los derechos humanos ni muertes maternas.
Aclaró que conoció el caso de la señora Bertina por la prensa, que los familiares no solicitaron la intervención de la Secretaría a su cargo. Tampoco quiso hablar de los servicios de otras instituciones porque dijo que cuando canalizan a usuarios al IMSS Bienestar o a centros de salud, han sido atendidos con oportunidad.
Estimó que tal vez haya situaciones que escapen de la competencia del personal, que no haya intérpretes de las lenguas maternas en los hospitales, o bien, que no estén capacitadas para atender a las mujeres con una perspectiva intercultural.
Indicó que el Plan de Justicia se dirigiría también “a servidores y prestadores de servicios para que sensibilicen, que entiendan que debemos romper el esquema formalista, de procedimientos, de reglas”.
Explicó que el Plan de Justicia se diseñará con la participación de la sociedad, y con la intervención de todas las áreas del estado: salud educación, infraestructura, lengua, identidad.
Recordó que el Plan de Justicia Yaqui se creó por decreto presidencial, con una comisión integrada por titulares de secretarías de Estado para que, en su ramo, se destinaran recursos federales, “se va a hacer algo similar aquí”.
Aseguró que el modelo de política pública permite atender demandas históricas de los pueblos que han tenido discriminación, opresión, racismo, “por eso se llama Plan de Justicia. Vamos a construir el de la Montaña”
Indicó que actualmente, la inversión en Sonora asciende a 17 mil millones de pesos para las demandas básicas, viviendas y servicios. El Plan de Justicia de la Nación Amuzga también tiene una proyección millonaria federal.
“En la Montaña se va a replicar ese modelo llamado Plan de Justicia, para pedir más inversión en hospitales, en centros de salud, en medicina, en atención a las madres de familia, a mujeres embarazadas, con participación concurrente del estado. Tenemos 90 días para presentar el borrador”, indicó.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo Torres / Archivo
