Los problemas provienen de los esquemas de contratación, dice la secretaria de Cultura federal
Ciudad de México, 18 de diciembre de 2025. A 10 años de la creación de la Secretaría de Cultura federal (Secultura), la cuarta titular de su historia, Claudia Curiel de Icaza, reconoce que el combate a la precariedad en el trabajo cultural es uno de los principales pendientes que arrastra la dependencia a su cargo.
“La precariedad laboral –en distintos esquemas de contratación– sigue siendo uno de los retos estructurales más sensibles del sector”, apunta la funcionaria.
Por otro lado, celebra sin cortapisas la decisión de extinguir al antiguo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), hace una década, con el fin de erigir una nueva dependencia de Estado dedicada exclusivamente a la cultura.
“La creación de la Secretaría de Cultura significó un cambio de fondo: la cultura dejó de ser un órgano coordinador y se convirtió en política de Estado, con capacidad plena para planear, coordinar, normar y evaluar la acción pública en materia cultural”, sostiene Curiel.
En el décimo aniversario de la entrada en vigor de la Secultura, el 18 de diciembre de 2015, la funcionaria responde a Reforma vía cuestionario tras la imposibilidad de pactar una entrevista presencial, por su agenda.
En la entrevista por escrito, que se reproduce de manera íntegra en www.reforma.com, Curiel aborda algunos de los principales reclamos de las comunidades culturales en el país, como la añeja falta de presupuesto para el sector y el recorte llevado a cabo por la presente administración.
–En el 2026, el sector cultural recibirá el gasto más bajo desde el 2017, que fue el primer año del Ramo 48, Cultura, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Ante estos datos, ¿puede decirse que la cultura es realmente una prioridad presupuestal para la Administración en curso?
–La prioridad presupuestal no se mide sólo por una variación anual, sino por qué se protege y qué se garantiza. Para esta administración, la cultura es prioritaria porque la entendemos como un derecho y como una política pública que sostiene cohesión social, memoria, educación artística y vida comunitaria. Por eso, aun en un contexto de restricciones, la decisión ha sido blindar lo sustantivo: la operación de las instituciones, la preservación del patrimonio, la formación artística y los programas que llevan cultura a los territorios.
No obstante, Curiel reconoce que el sector cultural ha enfrentado históricamente una presión presupuestal constante.
“La respuesta no puede ser retórica; tiene que ser planeación, enfoque y resultados. Estamos orientando el gasto a donde más impacta: garantizar servicios culturales, sostener recintos y escuelas, fortalecer proyectos en comunidad, y evitar que el presupuesto se diluya en dispersión o duplicidades. Eso implica priorizar, ejecutar mejor y rendir cuentas con claridad.
“En síntesis: sí, la cultura es una prioridad, porque incluso con un presupuesto retador la instrucción es que cada peso se traduzca en derechos ejercidos –en territorio–, en patrimonio cuidado, en formación y en acceso real para más personas”, responde.
En su respuesta, sin embargo, Curiel no aborda el hecho de que, desde 2017, el gasto cultural ha caído un 31.96 por ciento, considerando la inflación, y que, hasta ahora, el descalabro más profundo en la historia de la Secultura ocurrió en el presupuesto del 2025, el primero del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los temas de mayor urgencia, reconoce también, es el combate a la precariedad laboral en el sector, un problema que ha sido ampliamente documentado desde tiempos del Conaculta, y que afecta particularmente a los empleados de Gobierno contratados bajo el Capítulo 3000, como prestadores de servicios.
–Hasta ahora, ninguna administración de la Secultura ha podido combatir este problema laboral. ¿Tiene usted algún plan concreto para solucionarlo?
–Lo primero es decirlo con respeto y con responsabilidad: sabemos que hay trabajadoras y trabajadores contratados bajo Capítulo 3000 que realizan tareas muy relevantes para el funcionamiento cotidiano de instituciones como el INBAL y el INAH, y entendemos la preocupación legítima que existe en torno a la estabilidad y a las condiciones de trabajo.
También es importante ponerlo en su dimensión real: estamos hablando de un tema estructural, construido a lo largo de muchos años, y que no se corrige con una medida única ni de un día para otro. Por eso, en esta administración lo asumimos como una prioridad desde el inicio y estamos construyendo una estrategia de regularización por etapas, de mediano plazo, que sea jurídicamente viable, presupuestalmente responsable y que no comprometa la operación sustantiva de las instituciones.
De acuerdo con la secretaria, esta ruta implica realizar un diagnóstico para conocer cuántas personas están en estos esquemas de contratación y bajo qué condiciones trabajan, además de priorizar a aquellos que realizan labores indispensables para sus instituciones.
Finalmente, ofrece una regularización gradual, en coordinación con otras instancias de gobierno, con etapas y metas que puedan sostenerse durante la administración en curso.
“Ya estamos en conversaciones técnicas para definir esa ruta y sus primeros pasos. Lo que puedo afirmar con claridad es esto: sí hay un plan, y se va a construir con orden, con criterios y con responsabilidad, porque fortalecer las instituciones culturales también significa fortalecer a quienes las hacen posibles”, promete.
Sobre la primera década de la Secultura, su cuarta titular –sucesora de Rafael Tovar y de Teresa (2015-2016), María Cristina García Cepeda (2017-2018) y Alejandra Frausto (2018-2024)– asegura que la creación de esta dependencia sí resolvió problemas para el sector.
Francisco Morales / Agencia Reforma
