La Secretaría de Salud en ese periodo tenía avances de 37 por ciento en las medidas de prevención, según el dictamen que lo considera insuficiente
Chilpancingo, Guerrero, 17 de enero de 2026. La Secretaría de Salud informó que de julio a diciembre de 2023 se atendieron 123 abortos en el sector público, 120 fueron Interrupciones Legales del Embarazo (ILE), y tres por violencia sexual, una adolescente de 13 años, y una mujer de 33, de acuerdo con el dictamen de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), por Agravio Comparado que se evitó en 2019.
Según el resultado del informe de atención de las medidas por el gobierno del estado (julio a diciembre de 2023) que se conoció a través del Congreso local, la Secretaría de Salud, tiene avances de 37 por ciento en las medidas de prevención, que no son suficientes para considerarlas atendidas.
Observó que en el registro de 123 ILE no hay información desagregada, que sugiere que no se ha integrado información específica sobre su pertenencia a pueblos originarios o comunidades afromexicanas.
Una medida, es que Guerrero debe garantizar en todas las regiones Centros de Salud donde garanticen el acceso a servicios oportunos, seguros, de calidad y gratuitos para la interrupción del embarazo, de conformidad con la Ley General de Salud, y en caso de no contar con ellos, se canalicen de inmediato a la unidad que presta los servicios.
En este sentido, la secretaría de Salud informó que se atendieron 123 abortos, la mayoría en la unidad de Partería de la Alameda en Chilpancingo, que se encontraba en proceso de certificación.
Informó que también los hospitales generales de El Quemado y la Clínica de Atención Primaria de Acapulco (CAAPS), fueron certificadas en buenas prácticas de atención “a las niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar”.
La Secretaría reportó que las mujeres que solicitaron el servicio de interrupción, iban de los 21 a los 42 años de edad, sin embargo, en la base de datos, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que evaluó el informe detectó a una menor de edad, víctima de violación.
Además, el GIM advirtió duplicidades en los perfiles mil 167 médicos especialistas y generales que señalaron no ser objetores de conciencia, para la atención de los abortos.
Señaló que hay un avance paulatino, pero recomendó que la Secretaría de Salud, realice un programa de capacitación para la implementación el Programa del Componente Aborto Seguro, revise las bases de datos y los reportes entregados, donde se observó duplicación de información en las unidades hospitalarias que cuentan con personal no objetor, y precise el total de personal no objetor en todas las unidades, y del porcentaje no objetor de conciencia en las unidades de primer y segundo nivel.
Pidió separar en la base de datos los reportes de mujeres que reciben servicio ILE, y una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), si el servicio fue otorgado sin la presencia de padre, madre o tutor para mayores de 12 años, si se provee el servicio sin denuncia previa, en caso de existir atraso (lapso mayor a 5 días) de atención a la solicitud, incluir el expediente médico que lo justifique.
Asimismo, pidió que la Secretaría informe sobre la integración del Comité para el Análisis de los Casos de Aborto Seguro e Interrupción del embarazo, que deberá considerar la participación de las expertas en la materia de la sociedad civil.
También modificar una Guía de atención a solicitantes de Interrupción Legal del Embarazo, que carece de justificación, no deja claro a quién está dirigida, y que por momentos el lenguaje es muy técnico y en otros hace la invitación como si fuera dirigido a usuarias
Que se garantice en todas las unidades de salud de primer y segundo nivel un equipo multidisciplinario de personal capacitado y suficiente para atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes de ILE e Interrupción Voluntaria del Embarazo. “La presencia de una sola persona capacitada (por unidad) no es suficiente para garantizar la atención adecuada y oportuna de las usuarias.
Lourdes Chávez
