Texto: Karla Galarce Sosa / Foto: Carlos Alberto Carbajal
Acapulco, Guerrero, 24 de agosto de 2018. Durante la presentación del estudio “Derechos Humanos y Pobreza, Políticas Públicas frente a la Pobreza con la Perspectiva de Derechos del Artículo 1º Constitucional”, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó a los gobiernos salientes a no eludir la responsabilidad de buscar garantizar el respeto a los derechos fundamentales cada día, hora y minuto que les corresponda.
También hizo un llamado a los gobiernos entrantes para asumir las responsabilidades que tendrán.
“Hablamos de los gobiernos que van a entrar, pero los hay que están en funciones. Por eso decía que no debemos dejar pasar un minuto, una hora, un día. Se tienen responsabilidades actualmente y se tendrán para gobiernos entrantes”, expuso durante el mensaje que pronunció en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco.
Reconoció que la pobreza es una causa de violación a los derechos humanos, por lo que es “ineludible” que el estado debe “conforme a sus obligaciones, respetar, garantizar y satisfacer sus derechos y en caso negativo, asumir las responsabilidades”.
El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, reconoció antes, como presentador del estudio, que Guerrero es el tercer estado más pobre del país, el segundo en pobreza alimentaria y el tercero en desnutrición infantil.
Continuó: “Un tercio de la población (guerrerense) vive en pobreza extrema, (somos) el cuarto en deserción en primaria, el primero en embarazos tempranos, el número 30 en esperanza de nacimiento, el 31 en drenaje y energía eléctrica; el 32 en agua entubada con excusado, el 30 con servicio de internet, celular televisión; el cuarto lugar con el peor salario en jóvenes, el 30 en producto interno bruto por habitante de 75 mil 276 anuales, y el 18 lugar por violaciones a los derechos humanos en 2016 y 2017; primer lugar nacional en producción de amapola y segundo en mariguana; el tercer lugar en violencia y el quinto en feminicidios”.
Salazar Adame destacó que son algunos de los datos que el propio gobernador Héctor Astudillo Flores ha llamado “las cifras de la vergüenza”.
“Esta es nuestra realidad: violencia y pobreza históricas, instituciones débiles con episodios de ingobernabilidad. Es indispensable para la salud de la República, que eso sea objeto para el diseño de políticas de Estado. Este estudio sobre derechos humanos y pobreza seguramente es y será una poderosa llamada de atención”, indicó.
El documento, constituido por 173 páginas, fue presentado de manera general por el asesor de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el también consultor, Rogelio Gómez Hermosillo.
Dijo que el documento fue elaborado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, bajo el auspicio institucional de la Fundación para la Paz en Guerrero y la Asociación Guerrero es Primero, mediante un convenio con la CNDH.
El sexto visitador de la CNDH, Jorge Ulises Carmona Tinoco, explicó que el documento es un ejercicio centrado en el estado de Guerrero y en particular en cuatro municipios, que forman parte de Costa Grande: Atoyac, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Tecpan.
Se precisó que el anexo constituye un estudio en sí mismo y se deriva del compromiso general de la CNDH con el fortalecimiento del trabajo de diálogo social, generado desde la sociedad civil, particularmente en este caso con el proceso de Guerrero es Primero, organismo en el que confluyen organizaciones sociales y civiles, universidades, asociaciones religiosas, tanto del estado de Guerrero como del resto del país, con una agenda de diálogo social y promoción de paz con base en los derechos humanos.
El asesor del Consejo Ciudadano para la Reactivación de la Costa Grande, Acapulco y Atoyac, Carlos García Jiménez, dijo que el enfoque multidimensional de derechos humanos abordados en el texto está orientado a propuestas y acciones, pero “las estadísticas no tendrían sentido si no son la herramienta para tomar decisiones”.
Comentó que el estudio sugiere que se debe transitar del círculo vicioso de la pobreza al círculo virtuoso de la autosuficiencia y romper el esquema de que se “deben llevar beneficios a los pobres porque son discapacitados, minusválidos o menores de edad”.
García Jiménez destacó que se debe transitar de los recursos de dispersión institucional, promovidos en programas sociales, pues carecen de parámetros de medición y mecanismos de fiscalización, a procesos de concurrencia e integración para atacar las causas de la pobreza.
El moderador de la presentación fue el sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien indicó que el estudio concluye con un conjunto de recomendaciones que enfatizan su propósito práctico y que se resumen en cuatro recomendaciones generales.
“Adoptar formalmente el enfoque de derechos en las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la desigualdad; adoptar una política fiscal que posibilite la asignación del máximo de recursos disponibles para garantizar y promover el ejercicio efectivo de derechos; mejorar la calidad, la efectividad y la equidad en la provisión de servicios públicos; y adoptar un ‘tablero de indicadores’ con enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que oriente las políticas públicas destinadas a enfrentar la pobreza y la desigualdad”.
Al acto acudieron el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno; el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González; el rector de la Universidad Loyola del Pacífico, Enrique Pasta, y representantes de organismos defensores de derechos humanos y de víctimas de la violencia.
