Chilpancingo, Guerrero, a 1 de agosto de 2025.- A casi nueve años del asesinato de la directora de Microzona del IMSS en Costa Grande, Adela Rivas Obé, cuando documentaba el desabasto por robo de medicamentos en la clínica de Petacalco, el Organo Interno de Control (OIC) del Instituto informó que inició una investigación del caso.
En respuesta a la petición que la familia de la víctima envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, el auditor el IMSS, Francisco Galeana López, informó el 7 de julio vía correo electrónico, que se inició la investigación de caso, pero el 29 del mismo mes, desde una oficina de Acapulco, se requirió a la familia la entrega la evidencia de la demanda, en un plazo de cinco días hábiles.
El hijo de la doctora Adela Rivas Obé, Bolívar Darío Rojas Rivas, denunció vía telefónica que básicamente les piden que realicen su investigación, con documentos que el IMSS debe tener bajo resguardo institucional, que puede reproducir y verificar.
Advirtió que es posible que el IMSS no tenga la información, lo cual representa una omisión que forma parte del encubrimiento de nueve años.
“Lo mínimo que deberían hacer estos auditores es reconstruir el expediente que su propia institución destruyó u ocultó, y si no existió, se les está pagando para que ellos investiguen y lo hagan. No es la familia quien debe acreditar los hechos que el IMSS ha negado sistemáticamente durante casi nueve años”.
Señala revictimización
En el seguimiento del oficio que se presentó en la Presidencia de la República, el auditor del IMSS, Francisco Galeana López, comunicó vía correo electrónico el 7 de julio a Rojas Rivas que se inició la investigación de los hechos que pueden constituir irregularidades administrativas imputables a una servidora pública del organismo.
En otro oficio fechado en Acapulco el 29 de julio, el auditor de la Oficina Regional 8 adscrita al OIC del área de Auditorías del IMSS, Jaime Cruz Lucatero, requirió la evidencia, en caso de contar con ella, en un plazo perentorio de cinco días hábiles.
Como pruebas señala, “soporte de que Rivas Obé fue enviada a Petacalco por instrucción directa de su superiora jerárquica, María Teresa Díaz Martínez, con el pretexto de investigar un supuesto ‘desabasto’ y robo de medicamentos controlados”; de la época de los hechos en que la doctora Rivas Obé detectó e identificó plenamente el robo sistemático de medicamentos, y donde señaló al responsable de la farmacia de la unidad de Petacalco de un desfalco de 100 mil pesos mensuales, y de la denuncia de hechos de actos de corrupción en el propio IMSS.
Rojas Rivas puntualizó que no es la familia de la víctima, sino el IMSS quien debe rendir cuentas por haber permitido que la directora de Microzona, doctora Adela Rivas Obé, –que tenía bajo su dirección cuatro clínicas del IMSS– fuera enviada a investigar un acto de corrupción y fuera desaparecida y asesinada.
La doctora Adela Rivas Obé desapareció el 22 de septiembre de 2016, y el 12 de octubre del mismo año se halló su cuerpo. El encargado de la farmacia de Petacalco fue condenado por homicidio calificado en 2018. La Fiscalía General de la República (FGR) también lleva la investigación por el delito de desaparición forzada.
IMSS evade su responsabilidad
Bolívar Darío Rojas Ríos denunció que el IMSS evade su responsabilidad al hacer una solicitud desproporcionada e improcedente a la familia, de documentos que debió investigar, preservar y registrar desde el momento en que ocurrieron los hechos.
“No sólo se omite el contexto de violencia institucional y criminal que rodea el caso, sino que se desvirtúa por completo la obligación del Estado de garantizar justicia y verdad a las víctimas”.
Cuestionó, “¿dónde están los oficios girados a la Fiscalía General del Estado o a la Fiscalía General de la República para solicitar información del caso? ¿Dónde están los documentos oficiales que prueben qué hizo el IMSS en 2016 cuando nuestra madre denunció estos hechos? ¿Pretenden que una familia revictimizada haga el trabajo que ellos están cobrando por no hacer?”, cuestionó la familia en un pronunciamiento público.
Advirtió que no existe constancia de que haya los canales mínimos de colaboración interinstitucional entre el IMSS y la FGE ni con la FGR.
Demandó que los auditores informen dónde están los registros internos del IMSS relacionados con la desaparición de la doctora Adela Rivas Obé, y si activó algún protocolo de búsqueda institucional interno por su ausencia, en los días en que estuvo desaparecida.
Si los auditores del IMSS no tienen los antecedentes, Bolívar Rojas Rivas advierte que hay un intento de simular una investigación para cerrar el caso sin consecuencias, porque se enfoca en aspectos administrativos e ignoran los delitos graves de la desaparición forzada, el feminicidio y el robo sistemático de medicamentos controlados, hechos que motivaron la última encomienda de Rivas Obé, documentados desde 2016.
La CEAV tampoco atiende juicio de desaparición forzada
El hijo de la doctora Adela Rivas denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el titular de la oficina en Acapulco, tampoco han llamado a los familiares a una mesa de trabajo para articular una estrategia de defensa con los asesores legales que, en teoría, fueron designados para el acompañamiento del caso en la FGR, de desaparición forzada.
Consideró grave “esta inacción” porque se cometió un crimen de lesa humanidad, y el asesinato de Rivas Obé, precedido por su desaparición, no fue un hecho aislado ni fortuito: ocurrió como represalia por haber identificado y denunciado el robo sistemático de medicamentos controlados al interior del IMSS, delito de carácter estructural que sigue sin investigarse adecuadamente.
Demandó que el IMSS se abstenga de seguir victimizando a la familia y que reconozca públicamente su responsabilidad institucional, e investigue con seriedad el robo sistemático de medicamentos controlados por el que fue desaparecida y asesinada la doctora Adela Rivas Obé.
Asimismo, que el IMSS entregue a los familiares de manera inmediata y oportuna toda la documentación generada a partir de la desaparición de la doctora Adela en el 2016, y que establezca comunicación directa con las autoridades judiciales y ministeriales correspondientes, a fin de obtener los documentos que hoy indebidamente exige a la familia de la víctima, pese a estar bajo su resguardo institucional o en poder de instancias públicas con las que puede y debe colaborar.
Consideró que la investigación en el IMSS debe ser transferida a una instancia externa, imparcial y con competencia penal, con vigilancia de organismos defensores de derechos humanos, para evitar cualquier conflicto de interés o simulación institucional.
Que la CEAV establezca de inmediato una mesa de trabajo formal con la familia y los asesores jurídicos que debieron ser asignados, para garantizar una representación legal efectiva y el cumplimiento integral de sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas, y que garantice que la investigación y la ruta judicial se conduzcan con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y estándares internacionales, tal como lo exigen los tratados ratificados por el Estado mexicano en materia de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y de graves violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, que se habiliten mecanismos efectivos de acompañamiento sobre este proceso, con participación de organizaciones independientes de derechos humanos, para asegurar que el caso no sea archivado ni desviado, y que se establezcan garantías reales de no repetición.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
