Los cuatro oficiales detenidos se entregaron el 14 de septiembre, el mismo día en que la Fiscalía pidió al juzgador por escrito que cancelara las órdenes de aprehensión contra 20 miembros del Ejército que concedió el 19 de agosto
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2022. En un hecho inusual, la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió ante un juez federal de 16 órdenes de aprehensión que ya habían sido giradas contra militares a quienes en un principio acusó de estar presuntamente implicados en el caso Iguala.
El pasado 19 de agosto, día del informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa, Enrique Beltrán Santés, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró originalmente 20 órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, el 14 de septiembre la misma FGR volvió a ir con el juez y le pidió por escrito cancelar 16 de los 20 mandamientos judiciales contra miembros del 27 y 41 Batallones de Infantería, los cuales quedaron sin efecto el mismo día.
Durante los 26 días en que esos mandamientos estuvieron vigentes, ni la FGR ni el Ejército ni ninguna otra corporación federal detuvo a uno solo de los militares señalados.
Las únicas órdenes de captura que la FGR decidió no retirar son las de cuatro militares que, coincidentemente, se entregaron a partir del mismo día de la cancelación de las aprehensiones contra sus compañeros.
Hoy solamente están en la cárcel y procesados el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel.
Según la causa penal 15/2022, el militar de más alto rango contra el que la FGR se desistió de la acción penal es el coronel Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería.
Al igual que el general Rodríguez Pérez, Hernández Nieto fue señalado de manera vaga y aislada por el testigo protegido Juan, quien afirma que el grupo criminal Guerreros Unidos pagaba la “nómina” del 41 Batallón de Infantería a un militar al que identifica por su grado de coronel y el apellido Nieto.
Pero no está claro el criterio de la FGR para desistirse sólo de la orden de aprehensión contra Hernández Nieto y no la de Rodríguez Pérez.
El resto de los militares a quienes les cancelaron las órdenes de captura pertenecen al 27 Batallón de Infantería.
Son teniente Joel Gálvez Santos; el sargento segundo Felipe González Cano; y el cabo de Infantería conductor Ezequiel Carrera Rifas.
También los cabos peluqueros Roberto de los Santos Eduviges y Santiago Muñoz Pilo, así como los soldados de primera de Infantería Gustavo Rodríguez de la Cruz y Eloy Estrada Díaz.
Además, los soldados de Infantería Enrique Martínez Chávez, Omar Torres Marquillo, Uri Yashiel Reyes Lazos, Juan Sotelo Díaz, Francisco Narváez Pérez, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunes y Óscar Cruz Román.
Las 20 órdenes de aprehensión giradas inicialmente contra los militares, eran parte de un total de 83 mandamientos de captura que libró el juez Beltrán Santés por pedido de la Fiscalía.
Las restantes fueron giradas contra los ex alcaldes de Iguala y Cocula, José Luis Abarca y Erick Ulises Ramírez Crespo, así como contra la esposa del primero, María de los Ángeles Pineda Villa.
También se giraron las capturas contra Iñaky Blanco Cabrera y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, ex procurador y ex secretario de Seguridad Pública estatales, así como cuatro funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, incluida su ex presidenta, Lambertina Galeana Marín.
Además, el juez ordenó las capturas de cuatro agentes de la Policía Ministerial, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuatro directores y subdirectores de policías municipales, 25 agentes municipales de Huitzuco, 1 de Iguala, 2 de Tránsito de este mismo municipio y 11 presuntos miembros de Guerreros Unidos.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Tomada de Internet
