Respaldar la actuación del Estado y atacar a organismos internacionales y del país “debilita los estándares de protección de los derechos humanos”, advierte Amnistía Internacional
Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, 14 de julio de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno federal no tenía conocimiento de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) iba a emitir una recomendación sobre Ayotzinapa, que exonera al Ejército de cualquier participación en los ataques a los normalistas en Iguala, y anunció que la Secretaría de Gobernación ya la estudia antes de emitir una opinión.
“Nosotros no participamos de ninguna manera en ese informe, eso tiene que quedar muy claro. El Gobierno de México, es más, no sabíamos que lo iban a publicar la semana pasada. Entonces, nosotros no participamos de ninguna manera en el informe, eso no quiere decir que pudiéramos estar de acuerdo o no en partes del informe o en su visión completa”, dijo.
En la conferencia matutina de este lunes la presidenta mencionó que el gobierno sabía que la CNDH preparaba una reco-mendación, y además de rechazar que su gobierno participó, dijo que tampoco sabía de la fecha de publicación.
“Sabíamos que estaba trabajando sobre este proceso, apenas fue publicado, le pedí a la secretaria de Gobernación que hiciera una revisión exhaustiva del informe, y también poder presentar una opinión de parte nuestra, de esta visión, que es una investigación que viene haciendo la Comisión de Derechos Humanos desde hace ya tiempo, no es reciente”, agregó.
Sheinbaum dijo que a pesar de los señalamientos de protección a integrantes del Ejército, hay algunos miembros detenidos, pero evitó declarar abiertamente si esos miembros contaban con involucramiento directo con grupos del crimen organizado.
“Hay varios elementos del Ejército que están detenidos, que están bajo proceso desde el periodo del presidente López Obrador. Quizá la pregunta que no quisiera contestarla ahora, es si estos elementos del Ejército participaron individualmente por algún nexo que hubieran tenido en ese momento con algún grupo, y cuáles son las fuentes de información de su participación, a la institución como tal, que serían cuestiones diferentes. Y eso es lo que de alguna manera informa el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, argumentó.
Dijo que sobre el involucramiento del Ejército no quiere que se trate de una presentación aislada, sino que se informe sobre nuevos datos, la investigación y las nuevas líneas desde que tomó la administración en cooperación con la Fiscalía General de la República.
Afirmó que luego de presentar avances en las líneas de investigación a los padres se podría hacer público, y reconoció que la prioridad del gobierno es dar con el paradero de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Creo que es bueno que, en su momento, pronto ya, se presente el avance en las investigaciones que se han venido presentando a las madres y a los padres; se están esperando algunas otras diligencias por parte de la Fiscalía para poder avanzar en qué pasó, la verdad y la justicia, y dónde están los jóvenes. Eso es lo importante para nosotros y el compromiso con madres y padres de familia”, dijo Sheinbaum.
La CNDH “debilita los estándares de protección de los derechos humanos”, advierte Amnistía
La organización Amnistía Internacional (AI) desde sus oficinas en México, expresó su “profunda preocupación” por la Recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala.
Señala que el organismo, “en lugar de investigar de manera objetiva las violaciones a derechos humanos, respalda la actuación del Estado y deslegitima el trabajo de mecanismos internacionales y organizaciones que han acompañado a las familias de los 43 estudiantes” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.
El viernes pasado, la CNDH dio a conocer una segunda recomendación del caso relacionado con los ataques a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, en la que deslinda de responsabilidad total al Ejército mexicano y da un vuelco al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En su posicionamiento, AI critica que esta resolución “debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia, en uno de los casos más graves de desaparición forzada en México”.
Señala que la CNDH en lugar de investigar “de manera objetiva las violaciones a derechos humanos en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, ha optado por respaldar la actuación del Estado”.
“La organización lamenta que, mediante la Recomendación 208VG/2026, la CNDH deslegitime el trabajo de instancias internacionales como el GIEI, así como de organizaciones de la sociedad civil que, durante años, han acompañado a las familias en su incansable búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Para Amnistía Internacional resulta “especialmente preocupante que la recomendación deslinde de responsabilidad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al sostener que no existen evidencias que acrediten su participación, pese a que existen al menos 17 elementos militares vinculados a proceso y a los obstáculos que la propia institución ha impuesto para el esclarecimiento de los hechos, mediante la falta de transparencia y la negativa a entregar información”.
El organismo Internacional, insiste: “Esta resolución debilita los estándares de protección de los derechos humanos y envía un mensaje alarmante sobre el compromiso institucional con la verdad y la justicia en uno de los casos más graves y emblemáticos de desaparición forzada en México”.
Tras recomendación de la CNDH, revela Encinas documentos del soldado infiltrado
El ex titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez exhibió documentos oficiales del soldado del Ejército que se infiltró en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa para reportar movimientos de los normalistas, quien es uno de los 43 desaparecidos en 2014 en Iguala.
El domingo, el actual representante de México ante la Organización de Estados Americanos, publicó en X el texto “Ayuda para la memoria” donde con documentos, indicó que el soldado Julio César López Patolzin estaba inscrito en la Normal.
“El soldado López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información, con ‘fachada de alumno’ en la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, como acreditan documentos oficiales”, publicó.
La presentación de los documentos de Encinas se da luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la cual se niega la infiltración del Ejército en la Normal, además de replicar que fue el propio soldado quien solicitó realizar sus estudios.
Encinas compartió el contrato de reclutamiento de López Patolzin con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se le daba el alta como parte del Ejército y que dentro de sus actividades, desde el 21 de enero de 2014 se desplegó a Tixtla para actividades como Órgano de Búsqueda.
Los documentos compartidos muestran que el soldado inició sus trámites de ingreso el seis de junio de 2014, “con la finalidad de adquirir la fachada de estudiante de la mencionada escuela”, para un mes más tarde presentar exámenes de admisión y el 20 de agosto ingresó a la Normal para estudiar.
La información presentada refleja que el 26 de septiembre de 2014, fecha de la desaparición, el soldado López estaba en funciones como Órgano de Búsqueda al interior de la Normal de Ayotzinapa.
El 27 de septiembre, la Defensa registró que hubo secuestros de camiones de los normalistas, los cuales fueron identificados como estudiantes de primer año por el corte de cabello a rape.
“Se procedió a entablar comunicación con el soldado López Patolzin, con resultados negativos y por cuestiones de seguridad no se le continuó marcando, esperando que el soldado López Patolzin, lo hiciera”, publicó.
Al no tener respuesta, se registró que se entabló comunicación con otras agencias de información, por lo que se registró que los normalistas, incluido el soldado, fueron objeto de una agresión con armas de fuego.
“Por lo anterior, por cuestiones de seguridad del soldado y con la finalidad de no revelar la identidad del mismo, se le realizaron llamadas a su teléfono celular esporádicamente mandando directamente a buzón”, se lee en los documentos.
La Defensa dice que el soldado remitía información obtenida a través de mensajes y llamadas telefónicas de forma esporádica cuando lo permitía la situación, además de reuniones con el pelotón de la unidad cada cinco días.
“Se intensificó aún más la búsqueda por parte de esta comandancia de Batallón, con el fin de obtener información del paradero del soldado López Patolzin, hasta la fecha con resultados negativos”, reporta.
Los documentos presentados por Alejandro Encinas son de la 35 Zona Militar ubicada en Chilpancingo y data de un control de información reportado desde el 21 de octubre de 2014, menos de un mes después de la desaparición de los normalistas.
Pese a pruebas documentadas, “protege” la CNDH al Ejército en el caso Ayotzinapa : Tlachinollan
La Recomendación 208VG/2026 emitida el 9 de julio pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que sostiene que no existen elementos para atribuir responsabilidad institucional al Ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, provocó el rechazo de sus familias, las cuales acusaron a la Comisión de pretender deslindar a las fuerzas armadas pese a la evidencia acumulada durante más de una década de investigaciones.
La recomendación “no tiene nada de objetividad” y representa un intento por “limpiar” la imagen del Ejército mexicano, recalca en entrevista con El Sur el abogado Isidoro Vicario Aguilar, integrante del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante legal de familiares de los normalistas desaparecidos.
“Lo que pretende con esta recomendación la CNDH, es deslindar la responsabilidad del Ejército mexicano en el caso Ayotzinapa, pero hoy eso no puede acontecer. Hay muchos datos en los que se acredita y se sustenta que el Ejército tiene relación directa con el caso, no sólo durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014, sino incluso desde antes”, afirma el abogado.
La respuesta de las familias se dio luego de que la CNDH difundiera una recomendación de 876 páginas en la que, además de cuestionar líneas de investigación impulsadas durante los últimos años, concluye que no existen pruebas para responsabilizar institucionalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una conclusión que ha sido duramente cuestionada por organizaciones civiles y exfuncionarios que participaron en las investigaciones.
Vicario Aguilar enfatiza dos de los aspectos más preocupantes del documento: que se omiten avances relevantes obtenidos durante la investigación y se deja fuera al Ejército entre las autoridades señaladas.
“Desde el inicio de la recomendación ni siquiera aparece el Ejército mexicano entre las autoridades a las que se dirige. No puede ser posible eso. Los padres y madres rechazamos esta recomendación porque no tiene nada de objetividad, no aporta líneas para esclarecer los hechos ni el paradero de los 43 estudiantes; solamente viene a limpiar la imagen del Ejército”, reprocha Vicario Aguilar.
La evidencia que contradice a la CNDH
El abogado recuerda que uno de los hechos documentados dentro de la investigación es que el Ejército mantenía infiltrado dentro de la escuela normal de Ayotzinapa, al menos desde 2010, al soldado Julio César López Patolzin, quien se hacía pasar por estudiante. Paradójicamente, terminó formando parte del grupo de los 43 jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa información fue retomada recientemente por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, quien recordó en la red social X, con documentos oficiales generados por esta comisión, que López Patolzin estaba adscrito como Órgano de Búsqueda de Información (OBI), con “fachada de alumno”, y que mantenía comunicación con sus mandos militares.
Para el representante de Tlachinollan, ese solo hecho contradice la narrativa planteada por la CNDH.
“Está documentado que uno de los 43 estudiantes era miembro activo del Ejército y que reportaba información de lo que ocurría en la normal –dice–. También está acreditado que hubo monitoreo militar cuando los estudiantes salieron de Ayotzinapa y durante las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.
Organizaciones cuestionan la recomendación
La postura de Tlachinollan es respaldada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acusó a la CNDH de actuar sin autonomía y de utilizar su nueva recomendación para eximir de responsabilidad institucional al Ejército, desacreditar años de investigaciones y descalificar el trabajo de organizaciones civiles, instancias internacionales y funcionarios que participaron en el esclarecimiento del caso.
En un posicionamiento difundido también en X, el Centro Prodh sostuvo que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la CNDH publicó el documento que “muestra su falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército”, aparte de desacreditar a organismos internacionales, a la sociedad civil y a las instituciones que impulsaron las principales líneas de investigación.
El Centro Prodh señaló que la recomendación asegura que no existen evidencias para responsabilizar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que actualmente existen 17 militares vinculados a proceso por el caso. También cuestionó que la Comisión minimice la negativa del Ejército a entregar información de inteligencia pendiente, desestime el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y critique las investigaciones desarrolladas por la Covaj, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Estos elementos, comenta Isidoro Vicario, forman parte del propio expediente del caso y hacen inviable la afirmación de que las fuerzas armadas permanecieron ajenas a los hechos.
No sólo “está documentado que por lo menos desde el 2010 el Ejército mexicano infiltraba a sus miembros en la normal de Ayotzinapa”, reitera, “también hubo monitoreo durante el trayecto de los estudiantes y en las horas críticas de las agresiones. Ahora la CNDH no puede decir que el Ejército no tiene ninguna responsabilidad”.
El abogado añade que otra de las líneas de investigación se refiere a los 17 estudiantes que fueron detenidos y trasladados a la barandilla municipal de Iguala antes de, presuntamente, ser entregados al crimen organizado. Esta hipótesis se fortaleció a partir de una intervención telefónica realizada por el propio Ejército y dada a conocer durante los trabajos de la Covaj.
“Toda esa información forma parte del expediente. Por eso ahora no podemos creer que la CNDH vaya diciendo otra cosa en esa recomendación. Hay datos para afirmar que el Ejército jugó un papel fundamental ahí”, puntualiza.
Lo que hace la CNDH “no puede ser aceptable”
Para las madres y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, la publicación de la recomendación representa un retroceso en las investigaciones, pero sobre todo fue elaborada sin escuchar a las víctimas.
Vicario denuncia que las familias nunca tuvieron reuniones con la CNDH para plantear los argumentos que ahora aparecen en el documento y niega que la recomendación refleje sus demandas.
“Los padres y madres están molestos porque nunca hubo una reunión con la CNDH para plantear lo que supuestamente ellos dicen. Eso no fue así. Por eso se desconoce esta recomendación”, dice.
El integrante de Tlachinollan también cuestionó que la Comisión dé por válida la versión de la Sedena respecto a que ya no existe más información relacionada con el caso, cuando desde hace años las familias han exigido la entrega de 353 folios de inteligencia militar que consideran indispensables para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas.
“Porque el Ejército les dijo que ya no tiene más información, la CNDH se queda con esa versión. No puede ser –deplora–. Por eso reiteramos que esta recomendación carece de objetividad”.
A juicio del abogado, el documento tiene por finalidad desacreditar las investigaciones impulsadas durante los últimos años y construir nuevamente una narrativa en la que las fuerzas armadas no tuvieron participación en los hechos.
“Hay datos contundentes del mismo Ejército –recuerda– que acreditan que tuvo participación en la desaparición de los estudiantes normalistas. No puede estar aconteciendo que ahora se pretenda regresar a esa versión”.
Sobre las razones detrás de la postura asumida por la CNDH, Vicario consideró que la recomendación deja entrever un intento por proteger la imagen de las fuerzas armadas.
“Con esta recomendación eso es lo que se advierte. La CNDH viene a proteger al Ejército –concluye–. Una institución que debería estar del lado de las víctimas hoy juega un papel para proteger al Ejército de algo tan grave como la desaparición de los 43. Eso no puede ser aceptable”.
Revictimiza a familiares de los 43, dice el ex procurador Iñaki del informe de la CNDH
El ex procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera dijo que la recomendación 208VG/2026 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa tiene un “sesgo jurídico y metodológico”, y cuestionó, “¿a quién beneficia una recomendación de esta naturaleza?, pues sostuvo que lejos de contribuir al esclarecimiento “genera mayor confusión y revictimiza a los familiares de los estudiantes”.
En un comunicado de prensa, quien fungió como procurador de Justicia en el Gobierno de Ángel Aguirre Rivero, cuando ocurrieron los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014, señaló que al documento le falta “exhaustividad”, y que por tanto sus conclusiones “carecen de sustento jurídico y probatorio”.
El exprocurador cuestiona particularmente “el uso” que la CNDH hace del testimonio del colaborador identificado como Juan, Gildardo López Astudillo; considera que el organismo aplica un “criterio selectivo” al darle validez cuando señala a autoridades estatales, pero que le resta credibilidad cuando sus declaraciones involucran a instancias federales, “especialmente al Ejército”.
Blanco Cabrera menciona que durante su gestión la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no encontró elementos que acreditaran una participación activa de las Fuerzas Armadas en los hechos, y se jacta de que ninguna de las consignaciones de la Fiscalía estatal han sido anuladas por actos de tortura o violaciones a derechos humanos.
Defiende el trabajo pericial de autoridades estatales y federales, así como por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que señala que los estudios científicos descartaron que los restos humanos localizados en fosas de Iguala correspondieran a los 43 estudiantes desaparecidos.
Por tanto, califica como “absurda, inverosímil e insostenible” la hipótesis de un supuesto intercambio de cuerpos, argumentando que no existe evidencia que la respalde, y que las pruebas genéticas imposibilitan una sustitución de identidades.
Recuerda que las primeras investigaciones por la Procuraduría estatal acreditaron la dispersión de los normalistas en distintas rutas, línea de investigación que señala, fue retomada posteriormente en informes oficiales del Estado mexicano y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
En su texto, Blanco Cabrera reprocha a la CNDH que desacredite los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Covaj, así como por hacer señalamientos contra el exsubsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, relacionados con el manejo de testigos y pruebas para responsabilizar al Ejército.
Agrega que esas afirmaciones “carecen de respaldo probatorio y únicamente contribuyen a enturbiar el esclarecimiento del caso y a estigmatizar a diversos actores involucrados”.
El ex funcionario destaca la recuperación y resguardo de los videos del C4 de Iguala, por la entonces Procuraduría estatal, así como las investigaciones iniciadas por la omisión de funcionarios encargados de su entrega formal.
Al respecto indica que la CNDH omitió valorar el informe integral y la evidencia documental presentada por la PGJE, mientras otorgó un peso excesivo a testimonios que, “han cambiado con el tiempo”.
Blanco Cabrera destaca las “labores de inteligencia” de la Procuraduría estatal antes de la desaparición de los normalistas sobre la organización criminal Guerreros Unidos.
Asegura que esa información fue compartida con instituciones federales, lo que permitió realizar las primeras detenciones, integrar las consignaciones contra 33 implicados, identificar a la célula denominada Los Bélicos y obtener pruebas periciales que vincularon armas oficiales y policías municipales con las agresiones ocurridas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El ex procurador pide que las primeras diligencias estatales, la evidencia científica y los testimonios sean evaluados con rigor jurídico para evitar que “la política vuelva a imponerse sobre la justicia”.
Además, recuerda que recientes hipótesis impulsadas por la CNDH en el caso Colosio fueron posteriormente descartadas por la Fiscalía General de la República y por el Poder Judicial, por lo que pide “analizar con reserva y detalle los pronunciamientos del organismo nacional”.
Concluye: “Cuando el derecho y la política se confrontan, regularmente triunfa la política en agravio de la verdad y la justicia”.
Juan Luis Altamirano, Zacarías Cervantes, Guillermo Rivera y Redacción/Foto: Cuartoscuro
