Ciudad de México, 17 de noviembre de 2022. El presidente de la Suprema Corte de Justicia ofreció ayer su última conferencia de prensa, y afirmó que, gracias a su relación cordial con el Presidente de la República y el Senado, se frenaron reformas que hubieran acabado con la independencia del Poder Judicial Federal (PJF).
El Ministro Arturo Zaldívar, cuya presidencia termina el 31 de diciembre, dijo que cuando llegó al cargo en 2019, había múltiples iniciativas en el Congreso, no sólo de Morena sino de varios partidos, para disolver la integración de la Corte, convertirla en un tribunal Constitucional, incrementar el número de Ministros y controlar desde el Senado nombramientos de magistrados penales, entre otras.
Cabe recordar que varias de estas iniciativas fueron promovidas, en su momento, por el senador morenista Ricardo Monreal.
Zaldívar narró que, con sus gestiones, se acordó primero iniciar cambios al interior del PJF por medio de acuerdos del Consejo de la Judicatura, en temas como nepotismo y corrupción, y luego se impulsó una reforma Constitucional y legal que se originó en el propio Poder Judicial.
“Si hubiéramos asumido una actitud de confrontación, de cero autocrítica, de pensar que era una conspiración malévola y que esto era un castillo de la pureza, seguramente el Poder Judicial y la Corte serían otros, sería otra Corte”, dijo.
“Se logró preservar a la Corte y al Poder Judicial Federal, y se logró preservar las garantías de independencia judicial.
Sobre los ataques frecuentes en las conferencias mañaneras de López Obrador contra jueces federales, Zaldívar dijo que esas críticas son muestra de la independencia de los juzgadores, que resuelven con autonomía y se defienden con sus sentencias, no en la plaza pública.
En cuanto a la elección para la presidencia de la Corte, Zaldívar dijo que la Ministra Loretta Ortiz, la de mas reciente ingreso, ya anunció que no contenderá, por lo que son siete los integrantes que pueden aspirar. El Reglamento de la Corte ordena que los interesados presenten su plan de trabajo en la primera semana de diciembre.
Zaldívar anunció cuatro asuntos relevantes que todavía se discutirán en el Pleno de la Corte en 2022, dos de los cuales aún no han sido incluidos en la lista de sesión.
Uno es la controversia de la Cámara de Diputados contra el acuerdo del Ejecutivo de mayo de 2020, para detallar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad publica hasta marzo de 2024.
Este asunto -que se verá el 28 de noviembre- tenía proyecto favorable al gobierno en la Primera Sala y fue listado en noviembre de 2021, pero se aplazó para enviarse al Pleno, y Zaldívar dijo que la Ministra Margarita Ríos Farjat entregó un nuevo proyecto la semana pasada.
Otro caso será el amparo directo de tres acusados en Tabasco que fueron motivo de un documental de Netflix, mismo que fue atraído y será discutido por el Pleno el 5 de diciembre, en su última semana de sesiones.
Para la próxima semana, están listadas la acción contra la reforma de 2019 que ordena prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales, proyecto en el cual el Pleno discutirá una interpretación que matizaría la aplicación de esta figura.
Además, una controversia de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) para forzar al Presidente López Obrador a que designe a tres Comisionados de ese órgano.
En un adelanto de lo que será su último informe, Zaldívar destacó avances de su presidencia, entre ellos, el combate al nepotismo a tribunales y juzgados, que consideró como “un problema superado”, así como la prevención del abuso sexual y la violencia de género.
Ministra desecha contrademanda del Ejecutivo contra la Cofece
Una Ministra de la Corte desechó la contrademanda que el Ejecutivo federal presentó contra la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en un pleito por las políticas regulatorias al gas natural.
El Ejecutivo acusó a la Cofece de no ejercer su facultad regulatoria para impedir prácticas monopólicas en el mercado de ese producto.
Sin embargo, se trató de una respuesta a la controversia constitucional que la Cofece promovió en agosto pasado para impugnar el oficio de la Secretaria de Energía (Sener), fechado el 13 de junio, que pretende obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o a Pemex.
La Ministra Norma Piña desechó, por notoria improcedencia, la contrademanda del Ejecutivo.
Texto: Víctor Fuentes / Agencia Reforma
