Vidulfo Rosales aclara que no continuará el debate en medios sobre la publicación de intervenciones telefónicas del Ejército, y hará los reclamos correspondientes en la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa
Chilpancingo, Guerrero, 6 de octubre de 2021. El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, aclaró que no continuará el debate en medios sobre la divulgación de intervenciones telefónicas que realizó el Ejército en 2014, si dañan la investigación en curso o “pueden alentar un impulso mayor”, como dijo el subsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas, en su reciente declaración publicada ayer.
Consultado vía telefónica, adelantó que el 12 de este mes será la próxima reunión ordinaria de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CVAJ), y ahí van a hacer los reclamos correspondientes, porque la postura de familiares de las víctimas ya fue presentada en un comunicado de fecha 2 de octubre.
Es decir, un día después de que la Secretaría de Gobernación dio a conocer conversaciones entre el segundo comandante de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y el jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo El Gil, así como entre un policía de Huitzuco y Alejandro Cholo Palacios, interceptadas el 26 de septiembre y 4 de octubre de 2014. Ahí se habla de que la Policía Municipal de Iguala habría entregado a los normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, y los privó de la vida.
Recriminó que en la nueva declaración, Encinas habló en nombre de la Comisión, sin haber consultado a sus integrantes. Reveló que han tenido “muchos disensos” con el funcionario y con el gobierno desde el 26 de septiembre, cuando se cumplieron siete años de los crímenes atroces ocurridos en Iguala.
Explicó que las reuniones informativas de los familiares con el presidente Andrés Manuel López son un espacio diferente de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la CVAJ, que hacen balances y se revisan los aspectos de la investigación.
La comisión se creó por decreto presidencial el 3 de diciembre de 2018, con representantes de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda, por parte de las víctimas están las madres y padres de los jóvenes desaparecidos y, como acompañante, una comisión de representantes de las organizaciones civiles. Rosales Sierra indicó que sus integrantes se reúnen en promedio cada mes.
Su función es “lograr crear las condiciones materiales, jurídicas y humanas por parte del Gobierno Federal para que los familiares de las víctimas conozcan la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos”, se informó entonces.
En el comunicado, los familiares señalan que la revelación del gobierno federal sólo evidencia que el Ejército supo en tiempo real lo que estaba aconteciendo en Iguala, y no lo informó a las autoridades ni tomó medidas para prevenir la desaparición de los jóvenes, y por un largo periodo de esta administración “omitió dar esta información a las autoridades que investigan el caso”.
También insistieron en la demanda de abrir una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano, y que el Estado mexicano, no entregue información a retazos “que lastima y revictimiza”.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo
