“No he tenido ninguna llamada ni por este tema ni por la inseguridad que denunciamos”, declara Bernardo Ponce García. Explica que los matrimonios pactados por las familias a cambio de dinero son “situaciones o costumbres” que tienen indígenas na savi del municipio y que muchas niñas o mujeres aceptan aunque ellas no estén de acuerdo. Reconoce que casos como los de Angélica y Anayeli que se atrevieron a denunciar permitirán que las autoridades estatal y federal volteen a verlos y que no se siga atentando contra los derechos humanos
Tlapa, Guerrero, 27 de noviembre de 2021. Ante un nuevo caso de matrimonio infantil pactado por familiares en el municipio de Cochoapa el Grande, el alcalde del partido Verde, Bernardo Ponce García, lamentó la indiferencia del gobierno estatal porque “no he tenido ninguna llamada ni por este tema ni por la inseguridad que denunciamos ante los recientes homicidios de personajes del municipio”.
Sobre el convenio de la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que firmaron hace 15 días en Tlapa, con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que no tiene ni una copia de su contenido.
Ponce García mencionó que en su municipio los matrimonios infantiles pactados por familiares donde hay dinero o “la venta de niñas y mujeres”, como lo simplifican es complejo de atender porque se enmarca en las costumbres de las comunidades que algunos pobladores siguen, aunque se les diga que pueden configurarse como delitos.
Dijo que sabe que su municipio está en la mira estatal, nacional y hasta internacional por los casos que se difundieron en medios de comunicación sobre las niñas que han sido encarceladas como Angélica, que fue casada a los 11 años y sus padres recibieron 120 mil pesos; Anayeli, que huyó para evitar que la casaran con un desconocido, con un acuerdo de entregar 200 mil pesos.
Y que no se pueden tapar esas “situaciones o costumbres” que tienen indígenas na savi del municipio y que muchas niñas o mujeres aceptan porque así lo decidió la familia, aunque ellas no estén de acuerdo, por lo que reconoce a quienes se atrevieron a denunciar y hacerlo público porque eso permitirá que las autoridades estatal y federal volteen a verlos para atenderlos realmente para poder incidir en cambios y no se siga atentando contra los derechos humanos.
Porque al momento, a casi dos meses de haber recibido el poder municipal, el municipio no cuenta con recursos específicos para eso y los de seguridad no les alcanzan, pero que hará lo posible para que en sus tres años de gobierno puedan frenarse y las iniciativas están, sólo falta concretarlas
Y aunque el pasado 10 de noviembre, en Tlapa, suscribió la Estrategia para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes de la Montaña y Costa Chica que presentó la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda ante ONU Mujeres, Inmujeres, Conavim, el Congreso del estado, Tribunal Superior de Justicia e instituciones de derechos humanos, “no hay nada claro”.
“No nos dieron ni una copia de la estrategia, nos dijeron que nos iban a mandar materiales que no han llegado; que íbamos a coordinarnos con las instituciones, pero no dijeron cuáles. Nadie ha dicho nada ni se han comunicado por lo que aún esperamos indicaciones”, dijo.
Sin embargo, dijo que espera que no sea sólo la foto y percibe que la gobernadora tiene voluntad para atender la violencia contra las mujeres, por lo que espera que pronto se tengan delineadas las políticas de apoyo al municipio y que considera, van lentas, porque es una nueva administración estatal donde van conociendo las funciones y los recursos con que se cuentan.
Enviamos oficios a comisarios y delegados como ayuntamiento
Ponce García mencionó que el Ayuntamiento capacitaca a los trabajadores para que atiendan a las personas y puedan orientar a las autoridades comunitarias; y en un segundo momento, con talleres a los comisarios y delegados que son quienes están cercanos a la gente.
Y, como tercer punto, para que tuvieran un sustento, ante los habitantes de las comunidades, les hicieron llegar oficios donde les piden que no avalen este tipo de prácticas o acuerdos de matrimonios en las comunidades porque pueden configurarse en venta de niñas o trata.
En el oficio firmado por la síndica procuradora, Hidelberta Moreno Flores en donde el asunto que se marca es para prevenir y erradicar delitos contra la mujer, les detallan artículos de La Constitución, mencionan la Convención de Belem Do Pará, sí como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
Y que lo hacen en atención a diversas reuniones entre los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de derechos humanos por lo que “les solicitan en sentido más estricto como representantes de cada comunidad que eviten avalar los usos y costumbres que derivan en la compra o venta de mujeres en donde se habla de cantidades desde 100 mil hasta 350 mil pesos”.
Porque eso se puede configurar en compraventa de una persona y constituirse como delito de trata de personas explicándoles los supuestos jurídicos y que serán requeridos si se presenta un caso a declarar ante la autoridad competente.
Remarcan que les digan a sus ciudadanos que eviten hacer esos acuerdos matrimoniales bajo los usos y costumbres porque es un delito y que si bien deben preservar la cultura como pueblos indígenas, se debe hacer sin violentar los derechos humanos.
Y en el municipio de Cochoapa algunas costumbres han rebasado las normas jurídicas y a las autoridades al violentar la libertad humana y de matrimonio perjudicando en su dignidad, mayoritariamente, a las mujeres y niñas.
Se necesitan recursos económicos
Agregó que ante el problema de los matrimonios forzados se necesitan recursos económicos para atender a las más de 100 comunidades del municipio que se encuentran dispersas y con ello al menos poder llevar la orientación y formación por grupos de edad, sobre todo en menores para que puedan cortar con esas prácticas.
Consideró la necesidad de construir un centro de apoyo especializado para las mujeres que han sufrido violencia que les permita estar seguras y estar cerca de casa, sin desarraigarse por temor a las agresiones, y que, espera se dé realmente la coordinación con las autoridades especializadas en delitos sexuales, la Secretaría la Mujer, la Comisión de Derechos Humanos y los gobiernos estatal y federal.
Texto: Carmen González Benicio
