El organismo continental dice que el Estado debe garantizar el “acceso total” a la información disponible para seguir las investigaciones sobre los 43 normalistas desaparecidos. Reitera su llamado a romper el “pacto de silencio” e insta al Poder Judicial a sancionar a los responsables para evitar que estos hechos “queden en la impunidad”
Acapulco, Guerrero, 30 de abril de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dice en su informe más reciente que los avances en justicia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se “han ralentizado” por la negativa del Ejército a entregar la información requerida, y a que sus integrantes sean entrevistados.
El organismo continental plantea que el Estado mexicano debe garantizar el “acceso total” de la información disponible para seguir las investigaciones, reitera su llamado a romper el “pacto de silencio” e insta al poder Judicial a sancionar a los responsables para evitar que estos hechos “queden en la impunidad”.
La CIDH publicó el jueves pasado el Informe Anual 2023 y el capítulo cinco consiste en el seguimiento de recomendaciones formuladas a México. Es el octavo informe de seguimiento a las recomendaciones emitidas en el documento Situación de Derechos Humanos en México, de 2015.
El documento actual se basa en la información suministrada por el Estado mexicano el 14 y 15 de septiembre de 2023, y por distintas organizaciones de la sociedad civil.
La recomendación 13 dice, “atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conforme las atribuciones conferidas en su mandato, específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para visitar el Batallón 27 y continuar las investigaciones en el caso.
Además, “considerar la utilización de mecanismos similares para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Respecto a su cumplimiento, la CIDH reitera su reconocimiento del actual gobierno federal para atender el caso Ayotzinapa con la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), y la reactivación del GIEI.
También valora positivamente la reactivación de las búsquedas en terreno y la identificación genética de tres estudiantes, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio, “así como los hallazgos positivos durante 2023, los cuales fueron entregados al Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, Austria, a la espera de resultados”.
Sin embargo, “nota que en 2023 no se logró realizar ninguna identificación relacionada con la determinación del paradero de las víctimas”.
Valora la reactivación de 21 órdenes de aprehensión contra militares, pero observa “con preocupación que los avances se han ralentizado”.
El informe recuerda que el GIEI se retiró del país por el impedimento de entrevistar a todos los integrantes de las fuerzas armadas que consideraba necesario para avanzar y por la falta de la información solicitada, la “CIDH ha resaltado la gravedad de que Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) no entregara la información solicitada por el GIEI”.
El documento menciona que una orden judicial de septiembre de 2023 decretó la entrega de documentos que pudieran ser evidencia en el caso y prohibió su destrucción, pero afirma que “el litigio para la preservación de las piezas documentales pudo evitarse con la cooperación de buena fe de las autoridades en poder de la documentación. La CIDH espera que dicha orden judicial sea acatada”.
La CIDH “observa con preocupación” las razones expuestas por el GIEI para salir del país, estas “negativas obstaculizan el avance en las investigaciones y, en consecuencia, el cumplimiento total de la recomendación” e insiste en que en 2023 “los avances en materia de justicia se habrían ralentizado haciendo evidente la necesidad de cooperación de las autoridades en poder de documentación relevante al caso”.
Debido a “desafíos pendientes” en relación al acceso a información, lugares y entrevistas con integrantes de las Fuerzas Armadas, la CIDH “considera que no se han adoptado medidas que permitan actualizar su nivel de cumplimiento, por lo que esta permanece con cumplimiento parcial”.
La CIDH señala que “es necesario que el Estado garantice el acceso total de la información disponible para avanzar con las investigaciones pertinentes, incluyendo la información a cargo” de las Fuerzas Armadas, cuya disposición “para colaborar con el acceso a lugares bajo su resguardo y para brindar entrevistas en el marco de la investigación resultan indispensables para lograr el objetivo de la presente recomendación”.
El organismo internacional “reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado “pacto de silencio”, garantizando medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes, a través de confesiones voluntarias y legales de las personas”.
Insta al Poder Judicial “para establecer las responsabilidades penales de las personas judicializadas, y sancionar en debida forma a los autores responsables, a fin de evitar que los hechos queden en la impunidad”.
Recomendación sobre la investigación de la guerra sucia
La recomendación 33 de la CIDH al Estado mexicano establece, “asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los hechos cometidos durante la época de la llamada Guerra Sucia”.
En cuanto a su cumplimiento, el organismo internacional señala que es “preocupante” que el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) haya reportado el año pasado “que, ante los hallazgos, la SEDENA habría manipulado documentos, sustraído fragmentos de los legajos y alterado el orden original de los expedientes a los que previamente tuvo acceso el Mecanismo”.
Aunque la recomendación de asumir la responsabilidad histórica se encontraría cumplida, indica el informe, la CIDH no cuenta con información de los resultados de la Comisión de la Verdad, y le preocupa los obstáculos para acceder a la información, por lo tanto, “la recomendación mantiene su cumplimiento parcial sustancial”.
El organismo internacional invita a las autoridades a garantizar “el acceso irrestricto a los archivos militares”, insta a brindar las garantías de independencia y autonomía de la Coveh y dotarla de los recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados para cumplir su mandato.
Texto: Ramón Gracida Gómez
