Chilpancingo, Guerrero, a 8 de febrero de 2025.- La directora del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Teodomira Rosales Sierra, y la presidenta del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera, de Chilpancingo, Gema Antúnez Flores coincidieron por separado en que para resolver el problema de violencia e inseguridad, hace falta algo más que atacar las causas y llevar servicios a las colonias, como lo propone el programa federal Guerrero por la Paz.
“Lo que se requiere es atacar la impunidad y la colusión de las autoridades con el crimen organizado”, dijo Rosales Sierra, en tanto que Antúnez Flores consideró que también hace falta más voluntad de las autoridades.
A ambas defensoras de derechos humanos que trabajan con víctimas de violencia se les preguntó por teléfono su opinión con respecto a la estrategia Guerrero por la Paz que implementa en la entidad el gobierno federal con el respaldo de los gobiernos estatal y municipal.
La estrategia implica “atacar las causas que originan la violencia”, llevar servicios públicos a las colonias con mayor índice delictivo y promover los programas de Bienestar del gobierno federal.
“Este tipo de estrategias han sido fallidas desde los gobiernos anteriores porque lo que se debe de arrancar de raíz es la colusión que hay del crimen organizado con las fiscalías, las policías, los militares y guardias nacionales”, atajó Rosales Sierra.
“Yo creo que primero se debe estudiar bien el mecanismo de seguridad porque si hay colusión entre los encargados de la seguridad y las estrategias de seguridad, no funcionan, debido a que son ellos los que están coludidos con la delincuencia organizada”.
Indicó que si no se hace una limpieza de fondo desde las fiscalías y en todos los actores, no va a funcionar esta estrategia, “porque sólo se medio atiende el problema pero no se garantiza el derecho a la seguridad que tienen los ciudadanos, ni a tener una vida digna”.
Rosales Sierra declaró que particularmente en este sexenio Guerrero ya se llenó de militares y de guardias nacionales, sobre todo en Chilpancingo y Acapulco, pero que de nada han servido, “porque siguen las desapariciones y los asesinatos todos los días y en las colonias están pasando muchas cosas que no se saben (que no se difunden en los medios de comunicación)”.
Añadió: “El Estado no ha podido contener el terror, las balas, las extorsiones, el reclutamiento y el desplazamiento forzado y desapariciones”.
Insistió en que por ello cree que se debe de trabajar desde el fondo del problema, pero en las fiscalías y en las corporaciones encargadas de la seguridad, “haciendo una limpieza profunda, así sí podría funcionar una estrategia, pero la que se aplica ahorita, la verdad lo dudo”.
Consideró que es buena la intención del gobierno, “pero no va a funcionar mientras siga la colusión de los criminales con las policías y los militares”.
“Hay que echar a andar un mecanismo que funcione, el que se propone actualmente no es lo que se requiere, hay que arrancar cacicazgos que están arraigados en las fiscalías y en las secretarías de Seguridad federal, estatal y municipal”.
La defensora dijo que ir a preguntar a las colonias para elaborar un diagnóstico, es irrelevante, “¿a quien no le gustaría vivir en un estado pacífico, en donde florezca la economía, en donde a las personas no les cobren cuotas, los mercados estén libres de vender para sacar adelante a sus hijas e hijos, sin que les cobren cuota o tengan miedo de perder la vida?”.
Indicó que en los hechos todos soñamos con esa paz que se propone, “y no perdemos la fé de que algún día tendremos un Estado donde reine la paz y los derechos humanos, pero ahorita, solamente haciendo un trabajo como el que se está haciendo yo creo que no funcionará como quisiéramos”.
Para Rosales Sierra se requiere de un trabajo de mucha concientización, “incluso se requiere mucha fuerza de voluntad, pero hasta ahorita es lo que no tenemos, ni el valor para erradicar los viejos vicios e incorporar a gente nueva en las áreas de seguridad y justicia, gente que tenga valores y ganas de servirle al pueblo para garantizar la seguridad”.
Insistió en que se requiere algo más que atacando las causas que originan la violencia, garantizando servicios públicos e incorporando a las familias a los programas sociales; “aunque atiendas las causas, si no atiendes la seguridad, no funciona nada”.
Para la activista, primero se tiene que garantizar la seguridad y después ofrecer servicios y los programas sociales, “no podemos hablar antes de otra cosa si no estás garantizando lo principal, se requieren garantías de seguridad”.
Pronto, para hablar de resultados
Antúnez declaró que es pronto para saber si la estrategia va a tener buenos resultados, “porque apenas está empezando a caminar y no está claro cuáles son los objetivos de todo eso”.
Dijo: “Yo, la verdad, no lo entiendo, no sé cuál es el objetivo de hacer brigadas de atención a las demandas, porque cuando nosotros acudimos a solicitar el apoyo tanto sicológico como legal, no se nos atiende en las instituciones, y ha sido bien difícil que nos den respuesta”.
Contó que un ejemplo es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que hasta la fecha no ha dado resultados, “nos ha quedado muy mal como gestora para las familias de víctimas cuando ahí se supone que podemos tener la atención sicológica y legal”.
La representante de familiares de víctimas de desaparecidos informó que ha tenido muchos casos de violación a los derechos de las familias, “hemos levantado actas y, sin embargo, no hemos tenido apoyo”.
“Entonces yo no sé si realmente ese plan de trabajo que están implementando desde el nivel federal vaya a tener resultados positivos, porque la verdad a nosotros como familiares de las víctimas de la violencia no nos han dado la atención que necesitamos”.
Reprochó que en los hechos no ve que haya voluntad de parte de quienes encabezan las instituciones y dependencias encargadas del combate a la impunidad o de hacer justicia en los casos de violencia.
“No hemos visto esa respuesta, no dudo de la capacidad de las personas que están al frente de ellas, pero de lo que sí estoy segura es de que no hay voluntad del gobierno y hay muchas carencias tanto de recursos humanos como materiales y económicos para atender a las víctimas de la violencia”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Carlos Carbajal – Archivo
