Foto: Karla Galarce Sosa / Foto: El Sur
Acapulco, Guerrero, 24 de agosto de 2018. En referencia a la iniciativa para legalizar el cultivo de la amapola con fines medicinales que aprobó el Congreso de Guerrero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dijo que para disminuir la violencia y hacer frente a la pobreza se deben explorar todo tipo de posibilidades y “nuevas rutas”.
González Pérez manifestó que “para combatir la pobreza y desigualdad, violencia e inseguridad, corrupción e impunidad, el débil Estado de derecho y debilidad institucional en algunas áreas de procuración de justicia, por ejemplo, se requiere de políticas integrales”, de ahí la necesidad de que la propuesta “sea estudiada con seriedad” y no “negarse a la posibilidad” de que pueda incidir en la reducción de la violencia, pero “sin perder de vista la perspectiva de salud pública”.
Anticipó que la CNDH presentarán ante el Congreso de la Unión un anteproyecto de iniciativa sobre personas en condición de desplazamiento forzado, ante la creciente violencia e inseguridad, documento que indicó, contiene el análisis de la relatora de Naciones Unidas de desplazamiento forzado interno.
“En septiembre estaremos presentando la iniciativa para atender a las personas en contexto de desplazamiento, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa”, expuso.
Agregó que “se ha hablado de que algunas de estas sustancias (la amapola) tienen que verse desde la perspectiva terapéutica en el sentido medicinal. Todo eso tendrá que ser parte del análisis, debe ser una política integral que asuma todo el fenómeno que tenga que ver con inseguridad, violencia y desarrollo, que ayude a detener el flagelo de condiciones que pueden ser propiciatorias de violencia, inseguridad y corrupción”.
En relación con la modificación del artículo 14 de la Constitución del Estado de Guerrero, opinó que para normar los sistemas internos de seguridad de los pueblos originarios, éstos deben ser compatibles con el sistema de justicia ordinario.
“Lo que hay que hacer es una ponderación de derechos, respetando el derecho que tienen las comunidades de hacerse de sus propias normas para la solución de problemas internos, pero sin rebasar el ámbito de atribuciones que se establece en la Constitución General de la República y las constituciones locales”, expuso.
Dijo que “no tenemos que esperar a que entren nuevos gobiernos para trabajar los derechos humanos, las responsabilidades son hoy y hasta el último día de los mandatos que los distintos gobiernos protestaron cumplir, y protestaron cumplir la constitución y hacer vigentes los derechos humanos”.
Subrayó que el tema de la pobreza ha sido “lamentablemente lacerante” y añadió que son los pueblos y comunidades indígenas las que históricamente mantienen indicadores de menor desarrollo, “es en los estados donde hay mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero”.
El ombudsman participó en la presentación de los resultados del estudio Derechos Humanos y Pobreza, frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1º constitucional. Pobreza y derechos humanos en Guerrero, que se realizó en un salón del centro de convenciones Mundo Imperial, en el Acapulco Diamante.
Especificó que en Guerrero son preocupantes el bajo salario mínimo, el desplazamiento forzado y la violencia contra niñas y mujeres.
Respecto a los salarios mínimos, consideró que la determinación actual del cálculo vulnera los derechos humanos, por lo que sugirió una revisión.
