Denuncian ante la presidenta de la fundación Robert F. Kennedy intentos del gobierno de comprarlos para que dejen de exigir justicia.
Tlatzala, Tlapa, Guerrero, 20 de octubre de 2018. La presidenta de la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, Karry Kennedy y una comitiva se entrevistaron con familiares de Bonfilio Rubio Villegas, el hombre asesinado por militares cuando viajaba en un autobús en 2009, con los padres del estudiante normalista desaparecido Magdaleno Rubén Lauro Villegas.
Los acompañaron integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que asesoran jurídicamente ambos casos de los indígenas nahuas de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa.
La visita fue para informarles que continúan el acompañamiento del caso de Rubio Villegas, que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 contra México por la ejecución extrajudicial del indígena náhua atribuida a soldados del Ejército, donde identificaron que el Estado mexicano es responsable de violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal de la familia Rubio Villegas y a las garantías de judiciales y de protección jurídica.
Karry Kennedy escuchó mediante una traductora los comentarios del padre Secundino y la madre Carmen, de Bonfilio, quienes lamentaron su muerte y pidieron justicia y no dinero como en dos ocasiones le fueron a ofrecer a su casa para que se desistieran de sus denuncias.
Secundino Rubio mostró la casa que su hijo estaba construyendo con ahorros de su trabajo en Estados Unidos, “ya no la vio terminada porque ese día que lo mataron se iba por segunda vez a los Estados Unidos, nos enteramos de su muerte días después”.
Lamentó la desgracia que le pasó, que lo detuvieran y luego le dispararan mientras iba en el autobús, era su hijo el más chico y ahora viven solos viendo pasar los días.
Su hermano José comentó que por sus trabajos y familia sus hermanos estaban dispersos y veían a sus padres cuando podían.
Rubio Villegas fue ejecutado por soldados del Ejército en 2009 en un retén militar ubicado en el municipio de Huamuxtitlán, cuando los soldados abrieron fuego indiscriminadamente contra del autobús de pasajeros en el que viajaba Bonfilio al que asesinaron.
Su familia se opuso a que la investigación y el procesamiento de los responsables recayera en las instituciones del fuero militar, por lo que el hermano y el padre de Bonfilio emprendieron una batalla legal que rindió frutos cuando un juez de distrito les otorgó un amparo, para que la justicia militar dejara de conocer el caso, y el expediente fuera remitido al fuero civil en 2012.
Esa fue considerada una sentencia histórica e inédita por Tlachinollan pues nunca antes se había otorgado un amparo en ese sentido, que por primera vez la justicia federal amparara a las víctimas frente a la inconstitucional extensión del fuero castrense, en casos que entrañan violaciones a los derechos humanos.
En 2014 el juzgado Séptimo de Distrito resolvió que no se acreditó la plena responsabilidad del único soldado acusado por homicidio culposo de Bonfilio Rubio, porque la acreditación se basó en los testimonios de otros soldados durante la reconstrucción de hechos, fue impugnada pero se resolvió como resolución confirmatoria en julio de 2016 porque la jurisdicción civil no hizo ninguna diligencia, y avaló las del fuero militar.
Del caso Ayotzinapa
Los padres de Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Francisco y Juliana reiteraron su exigencia de justicia, saber la verdad y encontrar a su hijo y a sus compañeros desaparecidos hace cuatro años en los ataques en Iguala.
Francisco dijo que el procurador los pretendía engañar con que habían sido quemados en el basurero de Cocula, y cuando los expertos internacionales llegaron y desmintieron los echaron del país, por lo que pidió su intervención para que vuelvan y se sigan las líneas de investigación que propusieron, para dar con su paradero.
Lamentó que el gobierno los pretenda comprar con dinero, “mi hijo no es un animal para que lo venda, queremos justicia, que se atienda a los que quedaron en el hospital, que aparezcan los 43, no creemos que los animales hayan desollado a uno de ellos”.
Juliana pidió que la ayudaran a encontrar a su hijo, dijo que no quería dinero como se lo fue ofrecer una mujer que les dijo que les serviría porque ya estaban grandes, a quien cuestionó si era madre y ésta le respondió que sí, “tu venderías a tu hijo, no me contestó, se agachó y me abrazó y dijo que mi hijo estaba vivo y no llorara”.
Ambos padres mantienen la esperanza de que su hijo está vivo por lo que pidieron el regreso de los expertos internacionales, se sigan las líneas de investigación y se forme la Comisión para la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa, como prometió el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
Barrera Hernández resaltó la dignidad de las familias que no se han dejado comprar a pesar de los intentos del Estado para que se desistan de su exigencia de justicia, “no ser como Judas que por 30 monedas vendió a Jesús”.
Texto y foto: Carmen González Benicio
