“Se fortalece la colaboración institucional y el trabajo en favor de Guerrero”, sostiene Evelyn Salgado. Recibe el Congreso nueva solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Acapulco Abelina López. La suscriben 19 personas y la Mesa Directiva no informa los motivos de la misma
Chilpancingo, Guerrero, 9 de octubre de 2025. La tarde de este miércoles la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local. Hablaron sobre las reformas que a la mandataria le interesan sean aprobadas con urgencia, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 y las comparecencias con motivo de su cuarto informe de gobierno.
A través de una publicación en sus redes sociales, Salgado Pineda publicó una fotografía del encuentro, donde dijo que se reunieron “con el propósito de fortalecer la colaboración institucional y el trabajo en favor de Guerrero, con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política”.
La reunión se realizó a la 1 de la tarde en Casa Guerrero y se extendió por más de tres horas. De manera extraoficial se tuvo información que dicho encuentro se retrasó nueve meses, lo que generó inconformidad de algunos diputados, ya que su anterior acercamiento fue el 10 de enero, pero que la gobernadora fue receptiva a los planteamientos y logró reducir la tensión del primer momento.
Los coordinadores de grupos parlamentarios y representaciones políticas estaban inconformes porque no fueron tomados en cuenta en la proyección de obra del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, y que tampoco incluyeron a los ayuntamientos de sus partidos, explicó la fuente.
Dijeron que desconocen el fin de las obras que se están delineando en el proyecto, y demandaron que se revisen con los municipios para establecer las prioridades políticas.
Recordaron que Salgado Pineda está en la recta final de su mandato, por lo que debe cuidar la gobernabilidad. Le pidieron considerar la opinión de los diputados, que también han sido alcaldes y dirigentes de partido. Por ejemplo, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, Alejandro Bravo, quien también es dirigente estatal del partido, y fue alcalde de Zihuatanejo, y el coordinador de los diputados del PRD, Robell Urióstegui Patiño, ex alcalde de Teloloapan y diputado local en anteriores legislaturas.
La reunión de ayer fue la tercera que la gobernadora sostiene con los integrantes de la Jucopo. El primer encuentro fue el 12 de noviembre de 2024, mientras que la segunda reunión de trabajo fue en enero de este año y estuvieron el oficial mayor de la Secretaría de Administración y Finanzas (Sefina), Ricardo Salinas Méndez y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros.
De la reunión de ayer, la mandataria destacó en redes sociales, la intención “de fortalecer la colaboración institucional y el trabajo en favor de Guerrero”.
Asistieron el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza; el presidente de la Jucopo, Jesús Eugenio Urióstegui García, de Morena; el secretario, Alejandro Bravo Abarca, del PRI, así como de las y los diputados vocales, Arturo Álvarez Angli, del PVEM; del PRD, Robell Urióstegui Patiño; del PT, Leticia Mosso Hernández; de MC, Érika Lorena Lührs Cortés y del PAN, María Irene Montiel Servín.
Concluyó que en esta reunión de confirma que su gobierno “trabaja sin distinción de colores ni ideologías, porque la prioridad es y seguirá siendo Guerrero. Con diálogo, coordinación y respeto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, seguiremos impulsando las acciones que fortalecen el desarrollo y el bienestar de las familias”.
Reformas prioritarias
Otro de los temas que se abordaron fue el de las iniciativas prioritarias para gobernadora, las cuales, de acuerdo con fuentes legislativas son la de la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado y la que envió al Congreso el pasado martes para reformar la Ley 878 de Equilibrio Ecológico.
Sobre la Ley 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado, es para atender el problema de las retenciones que los ayuntamientos no entregan al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) para el pago de pensiones, lo que genera adeudos y retrasos para los jubilados.
En el tema de la Ley 878 de Equilibrio Ecológico, esta busca que el estado y los municipios tengan la competencia para regular la contaminación emitida por los vehículos automotores, ya sean públicos, del transporte público, privados, especiales, oficiales y de emergencia.
Con esta reforma, también busca concesionar el servicio de verificación de emisiones provenientes de “fuentes móviles, atribución que podrá delegar a los municipios dentro de sus respectivas jurisdicciones, previa celebración de convenio de colaboración”.
Es decir que a través de verificentros, los cuales serán concesionados a un privado, los vehículos automotores tendrán que pasar una prueba de regulación de contaminación y con base en eso determinar multas y pagos sobre el derecho a la circulación.
Glosa por el cuarto informe
Otro de los temas que abordaron fue el de la glosa con motivo del cuarto año de labores de la gobernadora, en donde acudirán los secretarios a comparecer ante el pleno para informar sobre la situación de las dependencias.
Aunque no dio fechas específicas, se indicó que será a finales de octubre, cuando se desarrollen las comparecencias de los funcionarios estatales.
El encuentro entre la titular del Ejecutivo estatal y la Jucopo se realiza previo a que la mandataria remita de manera oficial al Congreso local su cuarto informe de gobierno, así como a las comparecencias correspondientes a la glosa del mismo y la entrega del Paquete Fiscal 2026.
Recibe el Congreso nueva solicitud de juicio político contra Abelina; la turnan a Comisión
El Congreso local recibió una nueva solicitud de Juicio Político en contra de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de Morena, sin que se revelaran los motivos de la misma. En la sesión de este miércoles, los diputados también rechazaron una solicitud de revocación de mandato en contra la alcaldesa de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez, del PVEM.
Durante la sesión de ayer, la Mesa Directiva del Congreso notificó al pleno de la llegada de una solicitud, suscrita por 19 personas, que piden un Juicio de Responsabilidad Política en contra de López Rodríguez, aunque los motivos no fueron expuestos de manera pública.
Este juicio político se suma al otro procedimiento de revocación de mandato, el cual fue suspendido temporalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al igual que una investigación por no comprobar ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) 898 millones de pesos de presupuesto federal en 2023.
Los motivos de la demanda se desconocen hasta, ya que ni los denunciantes ni el Legislativo informaron los detalles de forma pública. Se consultó a varios diputados para saber si ellos sabían el contenido de la denuncia, pero respondieron que solo les fue turnado el documento leído por la Mesa Directiva, el cual es sólo la notificación de que se recibió y ratificó la denuncia. Mientras que en la Gaceta Parlamentaria tampoco está disponible.
En el documento de notificación se menciona que quienes presentaron la demanda son: Guillermo Barreda Alvarado, Javier Santa María Cháves, Macrina Sosa Leyva, Agustín Salgado Díaz, Juana Cástula Cruz Tello, Ofelia Diego Callo, Mercedes Montes Gil, Víctor Hugo Porcayo Rivera, Felipe Adolfo Vergara, Florencio Felipe Solano, Jesús Alfredo Solís Rosas, Juvenal Ramírez Mendoza, Marta Navarrete Reyes, Victoria Escuen Ávila, Erika Gutiérrez Cortez, Edgar Guatemala Delgado, Lorena Ruiz Gatica, Olga Reséndiz Dorantes y Adela Torres Olea.
Además se explica que la demanda se presentó ante oficialía de partes del Congreso el pasado 24 de septiembre, para ser turnada por el pleno este miércoles a la Comisión de Examen Previo para su análisis y dictaminación.
López Rodríguez ha recibido tres demandas en el Congreso local.
Dos juicios políticos y una solicitud de revocación de mandato. El primer juicio político fue por el pago de laudos laborales, el cual fue declarado improcedente por los diputados el pasado 30 de septiembre. El segundo es el juicio turnado este miércoles, y el juicio de revocación de mandato que está suspendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovido desde abril pasado por el ex candidato a la alcaldía de Acapulco, Ramiro Solorio Almazán.
Desechan solicitud de revocación contra alcaldesa de José Joaquín de Herrera
En la misma sesión, los diputados aprobaron por unanimidad desechar la solicitud de juicio político en contra de la alcaldesa de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Micaela Manzano Martínez, de la coalición (Morena-PVEM-PT), debido a que los denunciantes no presentaron pruebas que acreditaran las supuestas irregularidades y corrupción en la administración municipal.
La Comisión Instructora presentó el dictamen relacionado con la solicitud promovida por los ciudadanos Teófila Santos Mateo, Alfredo González Salazar y Andrea Maura Ortiz Bartolo, comisarios, coordinadores y delegados municipales.
Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión, Vladimir Barrera Fuerte, explicó que los denunciantes no presentaron pruebas que acreditaran las causales para solicitar la revocación de mandato.
Señaló que, conforme al artículo 251 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, la carga de la prueba recae en quien afirma los hechos y “en este caso, los denunciantes debieron presentar pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones y convencer a este Poder Legislativo de que la presidenta municipal incurrió en los supuestos señalados; sin embargo, no ofrecieron ninguna evidencia”, precisó Barrera Fuerte.
La Comisión concluyó que los señalamientos se basaron únicamente en apreciaciones subjetivas y carecieron de sustento jurídico, por lo que determinó declarar improcedente la solicitud de revocación de mandato.
En abril, los pobladores denunciaron ante el Congreso el incumplimiento reiterado de las obligaciones de la alcaldesa, señalando el deterioro de la ciudad, la mala calidad de los servicios públicos, la falta de agua, calles dañadas y drenajes colapsados, altos niveles de violencia y la no comprobación de 17 millones de pesos.
José Miguel Sánchez y Lourdes Chávez/Foto: Jessica Torres Barrera
