Las víctimas de la violencia piden que los ayuden a regresar a sus comunidades porque no encuentran empleo y tienen muchos gastos. Les ofrecen incluirlos en programas federales de asistencia social. Dejaron sus pertenencias, cosechas y animales y sus casas fueron destruidas en cateos de civiles armados, relatan
Ciudad Altamirano, Guerrero, 5 de marzo de 2020. Personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobierno (Segob) llegó a Altamirano y se reunió en un fraccionamiento con unos 100 desplazados por la violencia del crimen organizado del municipio de Zirándaro de los Chávez, para escucharlos y hacer un censo.
El encuentro comenzó la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Brisas del Balsas de la localidad de Tierra Blanca, municipio de Pungarabato, en una casa en donde hay familias desplazadas que se vinieron a radicar a este lugar.
No se difundió la presencia del personal federal pero llegó a Altamirano y se concentró en la colonia Tierra Blanca que se ubica en las afuera de Altamirano, pegado al río Balsas que cruza a Coyuca de Catalán, a unos 200 metros de la carretera federal.
El fraccionamiento Brisas del Balsas fue pensado para ser una zona residencial construido por la familia Toribio Rentería, señalados como fundadores del Cártel Independiente de Acapulco que fueron detenidos: Sóstenes y Cleotilde.
Actualmente este fraccionamiento está prácticamente abandonado. En 2013 las inundaciones lo destruyeron.
La casa donde se realizó la reunión tenía alberca pero ya no funciona, pues se deterioró con el tiempo y es habitada por dos familias desplazadas.
Los servidores públicos federales llegaron en cinco camionetas y resguardados por un camión Dina con unos 30 agentes de la Guardia Nacional.
El personal federal escuchó las inquietudes de cada una de las familias y de todo lo que dejaron abandonado en sus hogares.
Intentaron que la reunión fuera privada considerando la intención de guardar la identidad de los desplazados.
Al lugar los desplazados llegaron en camionetas, algunas particulares y otras de pasajeros de la ruta de Pandacuareo y La Calera.
Denunciaron que tuvieron que dejar sus pertenencias, cosechas y animales debido a la violencia desatada en sus pueblos. El campo quedó sin atención, los animales sueltos y sus casas fueron destruidas en cateos de los civiles armados.
Su primera petición fue que los ayudaran a regresar al considerar que “no hay empleo fuera”. Algunos rentan casas y “los gastos son fuertes”.
En el lugar también les tomaron datos con la promesa de incluirlos en programas federales de asistencia social.
La gente tenía varias solicitudes como apoyo alimentario y asistencia para personas con discapacidad.
Todo fue apuntado en una lista y les prometieron que en menos de un mes tendrán respuesta del gobierno federal.
Se espera que el grupo de la Subsecretaría se mantenga en Tierra Caliente esta semana y visite comunidades del municipio de Coyuca de Catalán para hacer el mismo ejercicio.
Desde hace 6 meses se incrementó la violencia en los municipios de Coyuca de Catalán y Zirándaro. El alcalde de Zirándaro Gregorio Portillo Hernández estima que hay unas 3 mil personas desplazadas de su municipio debido a la violencia.
Texto y foto: Israel Flores
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