Se logra el encuentro con la mediación del sacerdote Alejandro Solalinde. Gonzalo Molina pidió la libertad de presos políticos; Obtilia Eugenio Manuel de la OPIM planteó la violencia contra mujeres y niñas indígenas en Ayutla y protección para activistas amenazados y ella. El Observatorio de la Sierra demandó proyectos de desarrollo
Chilpancingo, Guerrero, 1 de febrero de 2022. Con la mediación del sacerdote Alejandro Solalinde, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y de organizaciones sociales se reunieron en privado este lunes con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en Casa Guerrero.
De acuerdo con dirigentes de las organizaciones que asistieron, la gobernadora estuvo acompañada por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, además del sacerdote Solalinde, quien fue el que gestionó el encuentro.
Se pretendía que la reunión fuera en secreto, pero algunos dirigentes avisaron del encuentro a reporteros; se dijo primero que la reunión sería en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo (Palacio de Gobierno) a las 12 del día, pero finalmente se cambió a Casa Guerrero.
El primero que entró a las 11 y media de la mañana por la puerta 2, fue el dirigente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ex preso y promotor de la Policía Comunitaria en la región de la Montaña, Gonzalo Molina González, acompañado por Samanta Colón Morales, esposa de Vicente Suástegui, hermano del dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio.
A las 12 del día llegaron otros dirigentes como Eloy Cisneros Guillén, del Frente Progresista Guerrerense; Obtilia Eugenio Manuel, de la Organización del Pueblo Indígenas Me’Phaa (OPIM); Humberto Santos Bautista, del Proyecto Guerrero Progresista 2030 e integrantes del Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra, entre ellos Fredy Rojas.
Este segundo grupo entró luego de reclamos debido a que el personal de seguridad les impidió el paso durante hora y media, tiempo en el que estuvieron bajo el sol atrás de las vallas metálicas que se han vuelto a colocar en Casa Guerrero para restringir el paso desde la calle y evitar que la gente se acerque hasta las puertas 2 y 3.
Cisneros Guillén protestó ante el personal de seguridad que les impidió el paso. Calificó como una falta de respeto que se impida el paso a la “casa del pueblo”.
Los guardias explicaron que no tenían conocimiento de alguna reunión de ellos con la gobernadora y que si fue el padre Solalinde quien los convocó, tenían que esperar a que él saliera para hablar con ellos. Finalmente después de hora y media les cedieron el paso.
De acuerdo con los asistentes, los representantes de las agrupaciones plantearon cada uno por separado sus demandas.
El dirigente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Gonzalo Molina González, entrevistado al salir, informó que le planteó a la gobernadora la libertad de los presos políticos, así como su intervención ante el presidente municipal de Tixtla, Moisés González, para que haya garantías de seguridad para la familia del policía comunitario Julio Coctecón, asesinado el año pasado.
También demandó a la gobernadora facilidades para que puedan entrar a los reclusorios del estado y llevarles apoyos a los presos políticos.
Declaró que la gobernadora Salgado Pineda les ofreció mediar para avanzar en sus demandas en los próximos días e intervenir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los casos que sean de su competencia resolver.
Recordó que de los aproximadamente 60 presos de los que piden su libertad, en un año han logrado salir libres nueve y que en los próximos días se revisarán los casos de dos más y la gobernadora le prometió que en el resto de los casos se van a revisar los expedientes entre la FGE, el TSJ y el gobierno estatal para determinar quiénes cumplen con los requisitos.
“Después de esta plática que tuvimos, vamos a ver si hay voluntad, si la hay inmediatamente van a comenzar a salir los compañeros, porque hay casos concretitos que le planteamos y si es verdad que hay voluntad a la voz de ya estarían saliendo unos cuantos”.
Contó que hay algunos presos que se encuentran totalmente abandonados hasta por sus familias y que sobreviven en condiciones infrahumanas.
Otro de los puntos que trató Molina González fue “el saqueo” que realizó la delincuencia organizada a la Policía Comunitaria La Patria Es Primero en su base del barrio de El Fortín, en Tixtla.
Dijo que pidió que se investigue el caso y la devolución de las camionetas y pertenencias que se llevaron integrantes del grupo delictivo que controla la plaza de Tixtla.
Indicó que también planteó “otros asuntos” relacionados con la violencia en Tixtla, uno de ellos el caso del ex policía comunitario Julio Coctecón, quien fue levantado, asesinado y sus restos esparcidos en el barrio de El Fortín.
Al respecto demandó apoyo para su familia así como medidas de seguridad, debido a que quedó en estado de abandono “y eso corresponde a las autoridades velar por su seguridad y bienestar social”.
Molina González informó que seguirán reuniéndose en los próximos días para ir revisando los avances de cada uno de los puntos.
Informó que por lo pronto ayer la gobernadora se comprometió a intervenir ante la FGE y ante el Poder Judicial para destrabar algunos casos judiciales en los que no hay avances.
Un representante del Observatorio por la Paz y el Desarrollo de la Sierra informó que plantearon la “construcción de territorios de paz” y una estrategia para la paz y el desarrollo en esa zona en la que se involucren todos los sectores del gobierno.
Dijo que pidieron la instalación de una mesa en la que los representantes del gobierno oferten recursos para proyectos que detonen el desarrollo y desalentar la siembra de cultivos ilícitos.
En tanto que Obtilia Eugenio Manuel contó que la OPIM le planteó el problema de la violencia contra mujeres y niñas en las zonas indígenas. Además, le pidió que vuelvan las brigadas médicas para combatir las enfermedades en las comunidades.
Explicó que el planteamiento fue porque desde que entró el actual gobierno les quitaron esas brigadas y han aumentado las enfermedades.
Informó que en un tercer punto le pidió platicar respecto a las medidas de seguridad para ella y 40 integrantes de la OPIM que han recibido amenazas y están en riesgo sus vidas por amenazas de los grupos delictivos y caciquiles de Ayutla, de donde es originaria.
“Le dije que yo quiero vivir todavía, que la vida es un derecho que tengo pero que el gobierno no me da garantías de seguridad para regresar a mi pueblo (El Camalote, municipio de Ayutla).
Eugenio Manuel informó que con el anterior gobierno contaba con medidas de seguridad, pero que con el actual “perdió contacto con los funcionarios y tampoco se renovaron las medidas de seguridad que tenía, debido a las amenazas que recibió.
La gobernadora prometió en todos los casos que van a continuar las pláticas en mesas de trabajo.
Al padre Alejandro Solalinde no se le vio entrar ni salir por la puerta 2 donde lo hicieron los dirigentes de las organizaciones; tanto su entrada como salida fue furtiva. Personal de seguridad aseguró que el clérigo entró y salió por la puerta 1 de la residencia oficial.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jesús Eduardo Guerrero
