Chilpancingo, Guerrero, 20 de febrero de 2024. Algunos padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, representados por Felipe de la Cruz, se reunieron en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado con la comisionada nacional de atención a víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada.
Consultado al salir del edificio, De la Cruz informó que la audiencia fue para conocer los derechos que tienen de acceder a la atención médica, sicológica y todo lo que implica la reparación del daño, sin menguar en su demanda de justicia.
Aseguró que no hablaron de montos económicos por las afectaciones como víctimas indirectas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sino en el énfasis de sus derechos, hoy que los padres más lo necesitan, después de casi 10 años de gran desgaste físico, emocional y económico en busca de los muchachos.
Informó que la mayoría de los padres padecen enfermedades crónicas, tres ya fallecieron, la mamá del normalista Everardo, Minerva Bello, en 2018, el papá de José Ángel Campos Santos, Bernardo Campos Cantor, y el papá de Saúl Bruno, Saúl Bruno García en 2021.
Además del señor Ezequiel Mora, papá de Alexander Mora Venancio, el primer normalista identificado por un fragmento de óseo, del que aún se desconoce de donde las autoridades sacaron la evidencia, debido a que es parte de la “verdad histórica”, montada en el sexenio anterior para proteger a los agresores.
De la negativa de los otros padres y madres de los estudiantes desaparecidos, representados por organismos civiles de derechos humanos que no quieren compartir las mesas de diálogo con este bloque, insistió en que es una posición sólo del abogado del Centro de Derechos Humanos de las Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, a quien llamó a ser humanista.
“Para Vidulfo es trabajo, para nosotros es diferente, nuestros hijos son las víctimas. Los padres están convencidos, a partir de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Fiscalía Especializada de la FGR, que hay graves irregularidades en el proceso que se deben ir revisando con ellos”, expuso.
Rechazó que hubiera una intención de vender el movimiento por aceptar los apoyos del gobierno, como los han acusado.
Aseguró que tampoco van a dejar la lucha por la verdad, que van a continuar con el mismo coraje y la misma fuerza.
Al contrario, consideró que los padres tendrán más posibilidades de acudir a las reuniones que los convoquen, y a las que tienen derecho de conocer si tienen los recursos que de por sí les corresponden por ley.
Reiteró el llamado a todos los padres a que no se retiren a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), como ocurrió el pasado 12 de enero, porque alguna vez actuaron diferente. Este grupo apoyó una marcha de familiares del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, implicado en los ataques a los estudiantes.
Rechazó también ser un infiltrado del gobierno en el movimiento por la presentación de los normalistas, y recordó que su hijo es un sobreviviente, que sufrió los mismos riesgos que sus compañeros.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Archivo-El Sur
