Exigen al presidente Iván Duque el fin de los asesinatos de líderes y comunitarios por parte de grupos armados y paramilitares.
Bogotá, Colombia, 29 de noviembre de 2019. Organizaciones y consejos regionales de los pueblos indígenas de Colombia marcharon este viernes por las calles de Bogotá, uniéndose a los miles de manifestantes que han abarrotado las calles de la capital del país en el noveno día de las jornadas de protesta contra el gobierno Iván Duque.
“No queremos que este país continúe sangrando”, manifestó el coordinador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Jhoe Sauca, días antes de la jornada de movilización que tenía como destino final Casa Nariño, la residencia presidencial.
Los pueblos originarios de Colombia, explicó Sauca, se manifestaron para exigir el fin de los asesinatos de líderes indígenas y comunitarios por parte de grupos armados y paramilitares. “Vinimos para hacer un paro político en alianza con las universidades y organizaciones sociales y campesinas. Queremos trazar una agenda de trabajo que podamos llevar a cabo en Bogotá”, contó Cauca.
Por su parte, la consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué, aseveró que “son muchas las formas de violencia que están viviendo nuestros pueblos indígenas en distintas regiones del país. Nos unimos por la vida, por la dignidad de los pueblos porque muchos están dando la vida para que este país cambie”.
El objetivo de las organizaciones indígenas, tal y como ha informado el periódico colombiano ‘El Espectador’, es permanecer durante varios días en Bogotá. Sauca no supo especificar cuántos, pero aseguró que otras organizaciones indígenas llegarán desde distintas zonas del país para secundar las actividades del paro nacional.
Huelga general
Las protestas comenzaron la semana pasada coincidiendo con la huelga general convocada por sindicatos, jubilados, profesores y estudiantes, colectivos indígenas y LGTBI, para protestar contra el gobierno de Duque y sus políticas económicas, las cuales, según denuncian estos colectivos, han depauperado la esperanza de vida en el país.
El deterioro de las pensiones y los salarios, el incumplimiento de los acuerdos con los estudiantes, y la perenne situación de violencia que vive el país –más de 160 dirigentes sociales y sindicales han sido asesinados en lo que va de año–, así como el intento del gobierno de modificar el acuerdo de paz con las FARC en 2016, son los principales puntos de las movilizaciones.
Los días previos a la huelga, el Ejecutivo otorgó plenos poderes a las autoridades locales y regionales para imponer las medidas necesarias en caso de que se produjeran actos de violencia y revueltas similares a las acontecidas en las últimas semanas en las principales ciudades de algunos de los países de la región, como Ecuador, Chile y Bolivia.
Texto y foto: DPA
