Ciudad de México, 10 de agosto de 2022.-
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las policías del Estado y el Municipio de Oaxaca son responsables de la desaparición forzada de dos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde que fueron detenidos en mayo de 2007.
Lo anterior resolvió hoy, en definitiva, la Suprema Corte de Justicia, al conceder un amparo a familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gilberto Cruz Sánchez, quienes fueron detenidos por soldados y policías locales en el centro de Oaxaca, y lo último que se supo de ellos es que “probablemente” fueron trasladados en ambulancia al Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México.
La detención de ambos militantes fue seguida por atentados del EPR contra gasoductos e instalaciones de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz, entre julio y septiembre de 2007.
La Primera Sala de la Corte confirmó, por tres votos contra uno, la sentencia dictada en mayo de 2019 por una jueza federal, que declaró responsables a las autoridades mencionadas por desaparición forzada, privación de la libertad, ocultamiento de información sobre el paradero de los detenidos, y violaciones múltiples a los derechos humanos.
Ahora, la Sedena tendrá que colaborar para aclarar el paradero de ambas personas, y publicar un extracto de la sentencia aprobada hoy en un diario de circulación nacional, como medida de reparación a las víctimas.
La Corte ordenó crear, a más tardar en treinta días, un Grupo Interinstitucional para aclarar el paradero de ambos desaparecidos, que encabezará la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con participación de la Secretaría de Gobernación, Sedena, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGR y la Policía Federal Ministerial.
“El Grupo Interinstitucional deberá diseñar el plan integral de búsqueda a fin de realizar las diligencias correspondientes en los cuarteles militares, de conformidad con lo establecido en esta ejecutoria, permitiendo la participación, en su caso, de instancias internacionales de derechos humanos, a fin de que acompañen a las víctimas en las citadas diligencias”, dice la sentencia.
“La Sedena, por conducto de todos los integrantes del Ejército Mexicano, prestará las facilidades necesarias a la Fiscalía, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los quejosos, a fin de que se investigue la desaparición forzada, como permitir la entrada a cualquier instalación militar para buscar a los quejosos”, agrega.
También se ordenó a Sedena informar quiénes eran los mandos a cargo del operativo realizado en mayo de 2007 en Oaxaca, para que declaren ante la FGR, que desde hace quince años integra una averiguación por este caso.
Sedena impugnó la sentencia de primera instancia, y alegó que la jueza carecía de facultades para ordenar diligencia de investigación, que no había pruebas de que el Ejército fue responsable de las desapariciones, y que ninguno de sus elementos había sido sentenciado por este caso.
“La medida impuesta por la Jueza de Distrito no deriva de la acreditación de responsabilidad penal de alguno de los elementos del Ejército en particular, sino de la responsabilidad institucional, como parte del Estado, teniendo en cuenta que existen indicios de la participación de elementos militares en la detención de ambos quejosos”, replicó la Corte.
La FGR, por su parte, impugnó la orden de la jueza de publicar las constancias de su investigación en internet y actualizarlas semanalmente, así como la de crear el Grupo Interinstitucional.
La Corte confirmó ambas órdenes, pero censurando en internet los nombres de funcionarios presuntos responsables, para evitar que se fuguen.
Este caso ha sido de interés personal de Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien por lo menos en dos ocasiones visitó la Corte para tratarlo con los ministros, mientras que familiares de Reyes y Cruz han mantenido un plantón frente al tribunal.
Desde 2009, la CNDH ya había emitido una recomendación al Gobierno federal, y a los Gobiernos estatal y municipal de Oaxaca, para presentar con vida a los desaparecidos, o en su defecto, para aclarar qué pasó con ellos.
Texto y foto: Agencia Reforma
