
Se presume que hubo un perjuicio por 58 millones, en los proyectos de desarrollo regional y el resto por las Participaciones Federales y el Fone.
Ciudad de México, 24 de febrero de 2020. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señala al gobierno de Guerrero por un probable daño al erario público de 63.1 millones de pesos, en su tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Se presume que hubo un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 58 millones, en los proyectos de desarrollo egional y el resto por las Participaciones Federales y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), según muestran las auditorías disponibles desde el jueves pasado en la página web de la ASF.
La Federación entregó 669 millones 21.4 mil pesos a Guerrero en 2018, para la ejecución de 117 proyectos de desarrollo regional, de acuerdo con la auditoría 921.
La Secretaría de Finanzas y Administración “mediante los Convenios de Coordinación para la Transferencia de Recursos Federales Vía Subsidios, pagó un importe de 60 millones 802.0 mil pesos a 13 municipios ejecutores del gasto, en sus respectivas cuentas bancarias; sin disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, por lo que no fue posible verificar el correcto ejercicio y la aplicación del recurso a la consecución y cumplimiento de las metas y objetivos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018”.
Desglosa que los municipios señalados son La Unión, Ahuacuotzingo, Cocula, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Zihuatanejo, Cutzamala, Cuajinicuilapa, Juan R. Escudero, Zirándaro, Igualapa, Metlatónoc y Eduardo Neri, este último sí presentó “documentación suficiente y contundente” de 2 millones 389.8 mil pesos, acota.
Por ello, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 58 millones 412 mil 167.07 pesos”.
Asimismo, la auditoría 910 consistió en revisar los recursos de las Participaciones Federales entregados al gobierno de Guerrero en 2018, que ascendieron a 16 mil 210 millones 110.1 mil pesos, de los cuales la ASF señala un probable prejuicio de 2 millones 24 mil 815.40 pesos. Del capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, “se desconoce el destino de los recursos”.
El mismo documento incluye una solicitud de aclaración, acción preventiva de la ASF antes de formular un pliego de observaciones, que determine daños o perjuicios a Hacienda, para que el gobierno estatal “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 199 millones 113 mil 187.06 pesos, por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas, como son contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco; la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas”.
La auditoría 916 indica un probable prejuicio de 2 millones 245 mil 351.58 pesos del Fone, porque el gobierno estatal “realizó 297 pagos indebidos a cuatro trabajadores que contaron con 11 plazas, en ocho centros de trabajo, los cuales estuvieron comisionados a la sección 14 del SNTE-CETEG en el estado de Guerrero”.
Se presume otro daño, por 337 mil 981.33 pesos al realizar 58 pagos “a 11 trabajadores identificados con decesos en ejercicios fiscales anteriores”.
La ASF también cuantificó en 73.6 millones de pesos el problable daño al erario público por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno federal, en la construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido.
Encontró irreguralidades en la cantidad de material ocupado para la obra, los precios y por diferencias entre el volumen pagado y lo “realmente ejecutado”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Especial


