Molestó a las autoridades que el dirigente indígena diera a conocer los ataques del crimen organizado a las comunidades de Chilapa del 6 al 11 de mayo, porque motivaron la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dice Abel Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 25 de julio de 2026. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández denunció ayer que el gobierno del estado está actuando de manera “dolosa” al utilizar de manera “facciosa” las instituciones y las leyes, para encarcelar al dirigente del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo.
En conferencia de prensa en línea, en la que hizo un balance de la actuación del juez que vinculó a proceso al dirigente indígena, recriminó que se haya utilizado todo el aparato del Estado para integrarle una carpeta de investigación “fraguada al vapor”, además de desprestigiarlo colocándolo como integrante de grupos de la delincuencia organizada.
Reiteró lo que declararon el jueves los abogados Arón Díaz y Javier Rodríguez, quienes están a cargo de la defensa, que el Juez de Control que vinculó a proceso Plácido Galindo actuó por consigna y bajo presión del gobierno del estado.
Barrera Hernández declaró que a las autoridades del gobierno del estado les enojó mucho las denuncias del dirigente indígena por los ataques del crimen organizado a las comunidades de Chilapa del 6 al 11 de mayo, porque motivaron la visita de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lo que evidenció que el gobierno estatal “no está actuando con rigor jurídico ni con un compromiso real para proteger los derechos humanos de la población indígena”.
“El juez no valoró las pruebas, actuó por consigna y por presión de autoridades del Gobierno para declarar preso a Jesús Plácido, después de que denunció nacional e internacionalmente la violencia del crimen organizado en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, del 6 a 11 de mayo”, dijo.
Agregó que la molestia fue porque las denuncias de Jesús Plácido y de mujeres indígenas que de manera directa denunciaron los ataques a través de las redes sociales, originaron que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum enviara a la secretaría de Gobernación Rosa Icela Rodríguez a atender las denuncias de las comunidades, que estaban siendo desplazadas.
Dijo que la presencia de la secretaria, “puso en evidencia que el gobierno del estado no está actuando con rigor jurídico, pero, sobre todo, con compromiso para proteger los derechos humanos de la población”.
Nunca se investigaron los crímenes en contra de las comunidades desplazadas de Chilapa
Agregó que las denuncias rompieron el control que tiene el crimen organizado sobre la población indígena y evidenciaron el patrón de criminalidad y la colusión que existe entre las autoridades municipales con el grupo delincuencial Los Ardillos. “Eso provocó un gran enojo a las autoridades estatales”, argumentó Barrera Hernández.
“Como defensores de derechos humanos, creímos que después se iban a ver acciones jurídicas en contra de quienes actuaron con violencia contra las comunidades, donde hubo más de 800 personas desplazadas, seis homicidios y desapariciones, “pero no, estos crímenes quedaron en segundo plano, no se sabe que haya investigación”.
Reprochó: “Lo que vemos es que todo el aparato del Estado se fue contra Jesús Plácido para desprestigiarlo colocándolo como integrante del grupo de Los Tlacos y de cometer delitos sin tener pruebas”.
Agregó que el gobierno estatal también alentó “versiones falsas” de que Jesús “es un personaje de alta peligrosidad y que se mueve en el plano de la ilegalidad”.
Dijo que después de estos antecedentes, la FGE fraguó “un expediente con una denuncia al vapor y con hechos que sucedieron el 30 de octubre del 2021.
Dijo que lo “inconcebible” es que uno de los testigos, Marcos Campos, era del Cipog-EZ y compañero de Jesús, fallecido en el 2022, “pero a la FGE se le hizo fácil declarar en su nombre, sin percatarse que era del grupo de Jesús”.
Según el expediente, este testigo iba con el difundo y vio cómo detuvieron la camioneta y le dispararon.
Al respecto, el abogado Arón Díaz, quien estuvo en la conferencia de prensa, informó que su presunta declaración es una “maquinación” porque Marcos era del Cipog-EZ y no pudo haber declarado en contra del dirigente.
Además, dijo que la firma en su supuesta declaración es reciente y no se parece “en lo más mínimo” con la que tiene en una credencial que se anexó en el expediente.
“Ni siquiera está sellada ni foliada por el MP de Chilapa, la entrevista es fabricada”, dijo.
El otro testimonio es el de la hija del difunto, Josefina, quien declaró el 6 de junio del 2026.
El abogado Arón Díaz dijo que también es inverosímil. Ella de acuerdo con su testimonio, viajaba con su padre pero después no le quiso decir a nadie de su familia respecto a quién fue el responsable, sino hasta 9 días después, que le dijo a su madre.
Añadió que, sin embargo, su mamá cuando fue al Ministerio Público de Chilapa en junio del 2022 a reclamar los celulares y su cartera del difunto le preguntaron si sabía quién lo asesinó, y dijo que ni ella ni sus familiares sabían nada.
Sin embargo, el abogado añadió que este testimonio también fue desestimado por el Juez.
Otra de las pruebas presentadas al juez fue un informe firmado por el coordinador de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel López Nava, quien en el 2025 solicitó información a la FGE de las denuncias que había en contra de Jesús Plácido.
Entonces la Fiscalía notificó de cuatro carpetas de investigación; dos en trámite por amenazas, otra en trámite por amenazas y daños a la propiedad, y una en trámite por “delito simple”, todas presentadas en el Municipio de San Luis Acatlán.
“En ese documento oficial del 2025, no aparece la carpeta por homicidio del que ahora se le acusa a Plácido Galindo y que se cometió el 30 octubre del 2021”.
Los abogados también argumentaron que desde enero del 2021 que le otorgaron las medidas del Mecanismo, Jesús Plácido fue monitoreado permanentemente por la Guardia Nacional, y cuando se trasladaba de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, a las comunidades de Chilapa, le daban acompañamiento y avisaba al Mecanismo, “por lo tanto la Guardia Nacional sabía dónde se movía, qué hacía y los lugares donde estaba”.
Arón Díaz reprochó que no obstante, este fue otro elemento mas que el juez no tomó en cuenta.
Por su parte, el director de Tlachinollan concluyó: “Estamos hablando de un actuar faccioso del sistema de administración de justicia. El sistema judicial sigue estando muy acotado, no representa independencia y profesionalismo con las víctimas”.
Denunció que hubo colusión entre el gobierno estatal con el Tribunal Superior de Justicia para encarcelar a Jesús Plácido en un penal (el del Altiplano, Estado de México) y no lo pudiera visitar su familia, para que no tuviera una defensa adecuada, “y para hacer escarnio de su trayectoria al descalificarlo y acusarlo de vínculos con los grupos fácticos de la delincuencia”.
Zacarías Cervantes/ Foto: Cortesía Tlachinollan
