Chilpancingo, Guerrero, a 31 de marzo de 2026.- El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello) cuestionaron las cifras de los desaparecidos en el país que se dieron a conocer en la conferencia matutina de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo el viernes.
Por separado, los organismos calificaron esos datos como “falsos” y “maquillados” para esconder la crisis de las desapariciones que hay en el país.
Teodomira Rosales Sierra del Centro Morelos declaró por teléfono que como en la administración pasada de Andrés Manuel López Obrador, se están “escondiendo” las cifras y exigió al Gobierno federal “cifras reales”.
Informó que no es posible que ahora haya menos desaparecidos que en el anterior Gobierno de López Obrador, cuando los colectivos mencionaban cifras de 110 y hasta 152 mil, aunque en un recuento oficial, el Gobierno federal informó que el registro oficial era de 93 mil.
En tanto que el viernes pasado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que son 130 mil los desaparecidos en los últimos 20 años, pero que sólo hay datos para buscar a 40 mil, y que de otros 46 mil 742 los registros no cuentan con información completa para su búsqueda.
Territorio del crimen organizado
Rosales Sierra dijo que ese es el problema, que el Gobierno no investiga, como tampoco lo hace ni da seguimiento a los casos de los que son encontrados sin vida por sus propios familiares.
“Solamente se encuentran los cuerpos, se entregan los restos a las familias y ya, no pasa nada, y esas cifras las van eliminando de los registros, pero quedan en la impunidad”.
La activista recordó que desde el 2022 en las cifras del Gobierno federal se reportaban más homicidios que desapariciones, “porque las familias dejaron de denunciar y buscar a sus desaparecidos por amenazas del crimen organizado”.
Expuso que, en Chilapa, a partir de entonces se dejaron de realizar búsquedas, “porque fuimos amenazados en comunidades de ese municipio y en lugares donde definitivamente no puede entrar ni la autoridad, debido a que es territorio del crimen organizado”.
“Eso es lo que pasó, la gente ya no denuncia, esa es la impotencia que tenemos, que no se están diciendo las cifras reales, esto sumado a que los ministerios públicos no están incluyendo en los registros todos los casos que se denuncian, debido a que los familiares van, presentan la denuncia y ya no regresan a ratificarla y a aportar más elementos porque fueron amenazados, por el trato intimidatorio de la autoridad o por simple desconfianza”.
Rosales Sierra informó que hay “muchísimos casos que no se incluyen en las cifras oficiales, y, desde luego, estos no se van a dar a conocer, por eso insistimos, lo que se nos informó no son cifras reales, hay una cantidad muy grandísima de cifras reales, que no son oficiales porque no las han subido al registro”.
Insistió en que el Gobierno esta maquillando las cifras, “México es un país donde el Gobierno siempre va a decir que las cosas están bien, cuando estamos viviendo en realidad una crisis muy grande de personas desaparecidas y de violaciones a los derechos humanos, porque las personas desaparecidas tienen derecho a ser encontradas y a tener un lugar dónde descansar dignamente”.
Sin embargo, dijo que al Gobierno esto no le conviene “porque mientras no los encuentres no se exige reparación del daño, y por parte de los familiares no exigen investigación y reparación del daño porque son amenazados o, incluso, asesinados por el crimen organizado”.
“Se necesitan transparencia y acciones reales de búsqueda”
Por su parte, el Centro Minerva Bello, informó en un comunicado de prensa que las cifras de los desaparecidos que dio a conocer el Gobierno federal “no sustituyen la verdad ni la justicia”.
El organismo, cuestionó que reducir la crisis de las desapariciones “a números incompletos o interpretaciones que minimizan la responsabilidad del Estado, es profundamente preocupante”.
Recriminó que no basta con revisar registros, “se necesitan transparencia y acciones reales de búsqueda”.
Indicó que el hecho de que se diga que hay más de 46 mil casos con “datos insuficientes” refleja fallas institucionales, no omisiones de las familias”.
Para el Centro Minerva Bello, la baja apertura de investigaciones “evidencia las barreras que enfrentan quienes denuncian”.
También dijo que muchas localizaciones no son resultado del Estado, “sino del esfuerzo incansable de las familias” y que en el Gobierno la impunidad sigue siendo la regla.
“Cada persona desaparecida tiene un rostro, una historia y una familia que sigue buscando”, reprochó el organismo.
“Desde el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello reiteramos que la crisis no se resuelve ajustando cifras, sino con verdad, justicia y una política integral que enfrente sus causas”, concluyó el comunicado del Centro Minerva Bello que encabeza el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, quien desde diciembre pasado está desplazado del estado por amenazas del crimen organizado.
Zacarías Cervantes
